El PP denuncia a todo el Gobierno de Santiago por el caso del edil que se alquiló a sí mismo oficinas para su concejalía

El PP de Santiago ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción contra prácticamente todo el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santiago por el caso del exedil José Manuel Pichel, que era uno de los propietarios -a través de una empresa- de las oficinas que el municipio alquiló para la concejalía de la que él mismo era responsable, la de Medio Rural. A menos de dos meses de las elecciones locales, que serán el 28 de mayo, la formación conservadora no se limita a actuar en los tribunales contra el exconcejal, sino que incluye también al alcalde, Xosé Sánchez Bugallo (PSOE), y a seis de los integrantes de su gabinete. Solo quedan fuera el responsable de Educación y la sustituta de Pichel.

En el escrito registrado por el portavoz del grupo municipal del PP, José Antonio Constenla, al que ha tenido acceso elDiario.es, se incluyen también entre los denunciados la empresa propietaria de las oficinas, Desproi, y el secretario de Organización de UGT en Galicia, José Luis Fernández Celis, que es quien figura como administrador de la sociedad en la actualidad. Los populares piden a los tribunales que investiguen si en el contrato de alquiler de las oficinas se produjeron los delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, fraude en la contratación y negociaciones prohibidas a funcionarios.

La actuación de los denunciados estuvo, según el PP, “claramente orientada a beneficiar” a esta empresa “aprovechando su situación privilegiada en el Gobierno municipal”. “Todos los concejales denunciados eran plenamente conscientes de todo ello y lo era, desde luego, el propio alcalde”, asegura. La sociedad, sostiene la formación conservadora, ya había recibido un “trato privilegiado” del Gobierno local por una segunda prórroga concedida para la finalización de la obra de las oficinas en 2011 que, asegura el PP, se pidió fuera de plazo.

Los hechos que denuncia el PP trascendieron a principios de año, hace casi tres meses. El asunto lo pusieron sobre la mesa el grupo de Compostela Aberta y, después, el del PP. En 2021, tras demolerse la vieja estación de autobuses de Santiago, donde estaba el departamento de Medio Rural, el Ayuntamiento alquiló un espacio a Desproi Promociones S.L. por 5.000 euros al mes. El contrato lo aprobó la Junta de Gobierno Local a dedo argumentando su “urgencia”. El propio Pichel estuvo presente en esa reunión. Él estaba relacionado con la empresa a través de una segunda sociedad: fue propietario al 100% de Servicios Técnicos Gaia S.L., mercantil que posee una tercera parte de Desproi S.L. Según las explicaciones del Gobierno local, que dejó caer a Pichel 48 horas después de publicarse la información, el exconcejal aseguró que el inmueble ya no era de su propiedad cuando se formalizó la operación. Sin embargo, la información aportada por el propio exedil al secretario de Ayuntamiento para el informe encargado por el alcalde refleja que no formalizó la venta de sus participaciones hasta dos semanas después de que el acuerdo para el contrato estuviese aprobado.

El escándalo profundizó los problemas del PSOE compostelano. Solo dos meses antes había presentado su dimisión otro de los ediles, Javier Fernández, que era el responsable de Centros Socioculturais, Barrios e Obras. La tensión se hizo insostenible con él cuando Bugallo le retiró parte de sus competencias y se las entregó a otra concejala, Mercedes Rosón.

No es la primera vez que decisiones del Gobierno local de Santiago llegan a los juzgados. En el mandato entre 2011 y 2015, con el PP al frente del ejecutivo local, terminaron dimitiendo dos alcaldes -primero Gerardo Conde Roa, al que se le abrieron dos investigaciones, y luego su sucesor, Ángel Currás, investigado en dos causas- y todo el equipo inicial, salvo una concejala, fue imputado en diferentes causas relacionadas con la Operación Pokémon.

El PSOE ve una intención electoral

El PSOE compostelano cree que la decisión de presentar la denuncia en este momento, a menos de dos meses de la llamada a las urnas, es una “estrategia electoral”. “Casualmente”, ironizan los socialistas, llegó el mismo día en el que las municipales quedaron formalmente convocadas. “Solo se puede entender dentro de la estrategia electoral habitual de un partido que tiene por costumbre llevar a los juzgados lo que no puede ganar en las urnas”, dicen en un comunicado.

Los socialistas de Santiago manifiestan que la denuncia “no busca responsabilidades políticas”, que consideran que se asumieron con la salida de Pichel. Ven una “clara intencionalidad política” y señalan que el PP conocía desde diciembre la información, pero no habló de ella hasta enero y esperó en total tres meses para presentar la denuncia.