La izquierda pide la dimisión de varios cargos de PP y Vox por “enchufar” a un afiliado en una empresa pública de Mallorca

Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Marratxí (Mallorca), PSIB-PSOE y Més, han reclamado responsabilidades al equipo de gobierno, encabezado por el PP, después de que una auditoría externa haya puesto en duda la contratación de un afiliado de Vox en una de las empresas públicas del municipio, Marratxí XXI, dedicada a la gestión de residuos y servicios. Tal como informó este periódico, la inspección, realizada a instancias del Consistorio, detecta carencias documentales significativas en el expediente: el proceso se llevó a cabo sin informe alguno que justificara la elección de este candidato o la necesidad de crear la plaza de supervisor para la que fue designado, como tampoco fue acompañado de una entrevista al aspirante finalmente seleccionado. 

Los socialistas han exigido explicaciones “inmediatas y urgentes” por parte del Ayuntamiento ante las “graves irregularidades” que envuelven la contratación, al tiempo que ha reclamado la dimisión de los responsables políticos implicados. En un comunicado, el PSIB recrimina, tal como señala la auditoría, que se modificasen los requisitos de la plaza “para favorecer claramente a un candidato que es militante de Vox”. El trabajador figuró en las listas electorales de la formación de extrema derecha en los comicios de 2023.

En su nota, los socialistas recuerdan que ya en abril de 2024 solicitaron formalmente, mediante correo electrónico, la certificación de los cursos y titulaciones alegadas por el candidato “sin que a día de hoy todavía se haya facilitado ninguna documentación”. “Esta falta de respuesta solo puede interpretarse como una falta grave de transparencia por parte de los responsables políticos de la empresa pública y del equipo de gobierno municipal”, alegan. En esta línea, advierten de que si se confirma que el candidato “falseó su currículum” se encontrarían ante un posible caso de “falsedad documental”, una situación “absolutamente incompatible con su permanencia en una empresa pública”.

El PSIB exige así el cese inmediato del trabajador y que vuelva a iniciarse el proceso de contratación “con todas las garantías de legalidad, igualdad, mérito y capacidad”.

Con todo, aseveran que la responsabilidad “no puede recaer únicamente en el trabajador”, ya que, a su manera de ver, si los responsables políticos de PP y Vox “permitieron la contratación de un afiliado suyo sin comprobar ni validar su formación y experiencia”, se trataría de un caso “muy grave de uso partidista de una empresa pública”.

“Hay que recordar, además, que existían candidatos con una preparación y experiencia muy superiores a quienes se les negó la oportunidad de cubrir esta plaza”, abundan los socialistas, quienes subrayan que, a diferencia de otros procesos selectivos de Marratxí XXI, “ni siquiera se realizaron entrevistas”, un hecho que “refuerza la sospecha de un procedimiento hecho a medida y sin garantías”.

En su opinión, es “inaceptable” que la empresa pública del municipio se convierta en una “agencia de colocación al servicio de intereses partidistas”, mostrando los socialistas su “compromiso con ”la transparencia, la legalidad y la asunción de responsabilidades hasta el final“.

Por su parte, la portavoz de MÉS per Marratxí, Aina Amengual, considera que la auditoría revela “una manera de gobernar opaca y clientelista”, por lo que ha reclamado al alcalde de Marratxí, Jaume Llompart (PP), y al primer teniente de alcaldía, Pedro Bestard (Vox), que comparezcan en el pleno para dar cuenta de la contratación, expliquen por qué se descartaron aspirantes con experiencia más vinculada al sector y hagan públicos los expedientes completos del proceso con sus bases, criterios, baremación, actas e informes.

Amengual incide en que la persona contratada es militante de Vox, lo que, a su juicio, intensifica la “sospecha evidente” de que los requisitos se diseñaron “a medida” para favorecerle y que, en definitiva, “en Marratxí XXI entra antes el carné que el mérito”.

Además de exigir explicaciones y acceso al expediente completo, Més solicita revisar el proceso, abrir una nueva convocatoria con criterios objetivos y abordar un cambio en la gobernanza de Marratxí XXI para que funciones centrales como la secretaría del Consejo de Administración recaigan en perfiles técnicos y profesionales, desvinculando así roles políticos de los procesos de garantías y control interno.