El juez y el fiscal que investigaron a Cursach, a juicio desde el 5 de junio por presuntas irregularidades en la instrucción

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ha fijado a partir del próximo 5 de junio el juicio contra el exjuez Manuel Penalva, el exfiscal Miguel Ángel Subirán y cuatro expolicías del grupo de Blanqueo de la Policía Nacional por las presuntas irregularidades que cometieron durante la instrucción del conocido como caso Cursach, en una de cuyas piezas supuestamente intimidaron a varios empresarios y diversos funcionarios en aras a acreditar que el exconcejal del PP de Palma Álvaro Gijón había cobrado una comisión de un millón de euros a cambio de la adjudicación del servicio de regulación del aparcamiento (ORA) en la capital balear. Las pesquisas, en las que también fueron detenidos los padres y el hermano del expolítico, fueron finalmente archivadas ante la ausencia de indicios delictivos contra todos ellos.   

Mediante un auto dictado este viernes, la Sala de lo Civil y Penal, encargada de juzgar a los seis acusados, se reserva entre el 5 de junio y el 14 de julio las fechas para la celebración de la vista oral. Para el caso de que el juicio aún no hubiese finalizado, el tribunal plantea que se reanude a partir del 4 de septiembre con la intención de que pueda concluir el 22 de ese mismo mes.

En concreto, el ponente será el magistrado Diego Gómez-Reino, junto a quien formarán sala Antonio Federico Capó -que ejercerá de presidente del tribunal- y Felisa María Vidal. El juicio se celebrará en la sala multiusos de los Juzgados de Sa Gerreria y no en el Palacio de Justicia de la plaza del Mercat ante el elevado número de partes personadas en el procedimiento. El tribunal se reservará al menos dos días para el trámite de cuestiones previas -con la posibilidad de añadirse algún día más-, en los que se tratarían, entre otras, las peticiones de nulidad planteadas por las defensas tras anularse las medidas de investigación contra varios periodistas que cubrían el caso Cursach y que firmó el juez Miguel Florit en 2018.

Tras el debate de las cuestiones previas, el juicio deberá suspenderse un mínimo de cinco sesiones o días hábiles para deliberar.

En el marco de este procedimiento, la Fiscalía Anticorrupción reclama más de cien años de cárcel para Penalva y Subirán por presuntos delitos de detención ilegal, obstrucción a la justicia, prevaricación judicial y revelación de secretos. El Ministerio Público sostiene que los antiguos investigadores “se habían fijado como meta demostrar la implicación de A.G. [en referencia a Álvaro Gijón]” en los hechos investigados y entre todos ellos, postula, “comentaron y decidieron las detenciones de su familia para ejercer presión sobre el político”.

Por su parte, las acusaciones particulares -ejercidas por el magnate Bartolomé Cursach, su ex número dos Bartolomé Sbert y una treintena de antiguos investigados que se consideran perjudicados por la actuación de Penalva, Subirán y los cuatro policías- ya han concretado las cifras con las que quieren ser resarcidos. Además de solicitar para los seis procesados elevadas penas de prisión -los directivos del grupo Cursach solicitan más de treinta años de cárcel para cada uno de ellos por hasta catorce hechos presuntamente delictivos así como multas que ascienden a 2,3 millones de euros-, las acusaciones reclaman en conjunto más de 5,5 millones de euros.

Mientras tanto, la defensa de Gijón solicita para el expolítico un millón de euros, 150.000 para su hermano y 300.000 para sus padres por los perjuicios sufridos durante la instrucción del caso ORA. Según uno de los atestados de la Policía Nacional incorporados a la causa, los antiguos investigadores del caso Cursach buscaban, con el arresto de los familiares de Gijón, que el exconcejal llegara “jodido” a su declaración en la causa, en la que indagaban, en concreto, el supuesto cobro de un millón de euros en comisiones y la entrega de una vivienda a cambio de la adjudicación del servicio de regulación de aparcamiento.

En su escrito de acusación, la defensa del exparlamentario del PP considera que éste “ha sido y es la víctima principal de todo este entramado judicial y policial, sufriendo un gravísimo descalabro profesional, económico y personal”, al recordar que estuvo “en todas las ternas como posible candidato a la alcaldía de Palma”. “No solo era seguro que saliera electo (...) sino que su proyección de futuro era inmejorable. Y todo eso se truncó”, asevera su defensa.

En esta línea, uno de los funcionarios arrestados en el marco de esta causa, el que fuese jefe del departamento de Movilidad, Miguel Femenia, reclama un total de 646.568 euros (600.000 euros por daños morales, 4.800 euros por los días que permaneció de baja y otros 4.800 por los 22 días que estuvo ingresado en prisión). Tanto Femenia como el empresario Antonio Roig fueron encarcelados en octubre de 2016 y permanecieron un mes privados de libertad. En concreto, Roig fue enviado a prisión bajo la sospecha de que había obtenido el contrato de la ORA a cambio de abonar comisiones, mientras que a Femenia le acusaron de amañar la contratación.

También el ingeniero del Ajuntament de Palma Pedro Torres reclama ser indemnizado. En concreto, apunta a los seis procesados como responsables civiles directos e insta a que también se declare como tal a la Administración General del Estado. Torres, quien estuvo encarcelado durante dos meses, solicita la suma de un millón de euros por los perjuicios ocasionados, así como por el daño moral y reputacional causado en su persona.

En un reciente escrito, la abogada del Estado Dolores Ripoll rechazaba que los afectados sean resarcidos económicamente al alegar que éstos se limitan a efectuar “una designación genérica de haber sufrido graves daños morales, profesionales y en su salud”. En este sentido, señala que la determinación de las cifras en las que se fijan las cantidades por tales daños “se hace a modo alzado, de forma genérica y con una gran variación de unos escritos a otros. La existencia de estos daños indeterminados se niega por esta parte”, añade. Por ello, concluye que “no puede hablarse de responsabilidad civil al no existir daño alguno indemnizable que deba ser objeto de indemnización por falta de justificación y acreditación del mismo”.

Frente a las acusaciones que pesan sobre ellos, tanto los juristas como los policías niegan haber delinquido para construir a la carta sus investigaciones en torno a Cursach y reclaman su absolución. La defensa de Penalva y Subirán hace especial hincapié en el papel desplegado por el fiscal Tomás Herranz tanto durante el juicio del caso Cursach -fue el fiscal que rompió a llorar al término de la vista oral al considerar que la causa contra el empresario del ocio había sido “un fracaso total de la Justicia”- como en el procedimiento judicial abierto contra el exjuez, el exfiscal y cuatro policías de Blanqueo. Ambos acusan al Ministerio Fiscal de “atrincherarse” en sus planteamientos acerca de cómo fue instruido el caso Cursach y de hacer “lo que haga falta, lo que sea, con tal de mantener la bondad de esta instrucción policial”, que tanto Penalva como Subirán consideran “nula de pleno derecho”.