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Venezuela declara el “estado de emergencia económica” por 60 días
El Gobierno de Venezuela decretó el viernes el “estado de emergencia económica” en todo el territorio nacional por un periodo 60 días, de conformidad con la Constitución, según publicó la Gaceta Oficial.
En una comparecencia desde el Palacio Presidencial de Miraflores, el vicepresidente económico y ministro de Economía Productiva, Luis Salas, señaló que se adopta esta medida “para proteger al pueblo en función de las amenazas existentes”.
El decreto, explicó el ministro, le concede al Ejecutivo “atribución para adoptar las medidas oportunas que permitan atender eficazmente la situación excepcional, extraordinaria y coyuntural que atraviesa la economía venezolana”.
Esa atribución se le concede al Gobierno para “asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos y el libre acceso a bienes y servicios fundamentales”, afirmó.
Salas dijo que con este decreto se intentan “mitigar los efectos de la inflación inducida, de la especulación, del valor ficticio de la divisa, del sabotaje a los sistemas de distribución de bienes y servicios así como contrarrestar las consecuencias de la guerra de los precios petroleros”.
El decreto concede al Gobierno la facultad de adoptar medidas para “disponer de los recursos provenientes de las economías presupuestarias del ejercicio económico financiero 2015” para sufragar la inversión que “asegure la continuidad de las misiones sociales, el abastecimiento de alimentos y otros recursos esenciales para la vida”.
Asimismo, permite al Ejecutivo asignar recursos extraordinarios, tanto previstos como no, “para optimizar la atención en sectores como salud, educación, alimento y vivienda, que podrán ser ejecutados a través de las misiones”.
También le faculta para “diseñar e implementar medidas especiales de aplicación inmediata para la reducción de la evasión y la reducción fiscal” o “dispensar de la modalidad del régimen de contrataciones públicas en determinados sectores a fin de agilizar las compras del Estado que revistan carácter de urgencia”.
Además podrá “disponer de los tramites, procedimientos y requisitos para la importación y nacionalización de mercancías” e implementar “medidas especiales para agilizar el tránsito de mercancías por puertos y aeropuertos, pudiendo desaplicar temporalmente normas legales que se requieran para hacer posible dicha agilización”.
El decreto también confiere al Gobierno la capacidad de “dispensar de los trámites cambiarios” a “órganos y entes del sector publico o privado para agilizar y garantizar la importación de bienes o insumos indispensables para el abastecimiento, la reactivación productiva o el aumento de la capacidad tecnológica”.
Además, el Ejecutivo podrá “adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso de la población a alimentos, medicinas y demás bienes de primera necesidad, así como a todos los servicios para el disfrute pleno de sus derechos”. Para garantizar ese acceso, se podrán “requerir los medios públicos, privados o de empresas mixtas” necesarios.
Los ministerios y el Banco Central de Venezuela (BCV) podrán también poner “restricciones a determinadas operaciones comerciales o financieras para proteger la moneda nacional”.
Los 60 días de vigencia del decreto, que ha sido aprobado por el presidente, Nicolás Maduro, y refrendado por todo el Gobierno, podrán prorrogarse por otros 60 más, aseguró el vicepresidente económico.
El ministro indicó que el decreto se remitirá a la Asamblea Nacional para “su consideración y aprobación” dentro de los ocho días siguientes de su publicación en la Gaceta Oficial.
Maduro en la Asamblea
Precisamente después de conocer la decisión el Gobierno de establecer el “estado de emergencia económica”, Nicolás Maduro compareció en la Asamblea Nacional, que por primera vez en 17 años tiene mayoría opositora, para presentar su memoria de gestión anual.
Durante el discurso el punto más controvertido tuvo lugar cuando el presidente venezolano se dirigió a la Asamblea Nacional para anunciar que “tendrán que derrocarlo” para que se lleve a cabo una de las primeras medidas que la oposición ha anunciado que sacará adelante ahora que tiene el control del Parlamento, el de otorgar a los beneficiarios del programa nacional Gran Misión Vivienda la propiedad de las viviendas que ahora mismo pertenecen al Gobierno.
