La Fundación Gabo condena los “ataques” del presidente de El Salvador contra 'El Faro' y otros medios

La Fundación Gabo, la institución de referencia para la promoción al periodismo en español, ha publicado este miércoles una carta abierta al relator especial para la libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos, Edison Lanza, sobre la situación de la prensa en El Salvador. En ella, instan a Lanza a rechazar públicamente el “ataque” del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra el periódico El Faro y otros medios de prensa del país. Además, solicitan la vigilancia especial de la situación del país.

El pasado jueves Bukele anunció en una cadena nacional que El Faro estaba siendo investigado por “lavado de dinero y evasión tributaria”. El 3 de septiembre, el periódico había revelado una negociación secreta entre el Gobierno de Bukele y una de las más peligrosas bandas del crimen organizado de El Salvador, con vistas a las elecciones de 2021. Desde la Fundación Gabo consideran que los “ataques” del presidente “violan las garantías institucionales de un estado democrático”.

La carta abierta

Apreciado señor Relator:

Los suscritos miembros del Consejo Rector de la Fundación Gabo, otros voceros de la comunidad de periodistas iberoamericanos y ciudadanos de distintos países que compartimos la defensa de los más altos estándares de ética y calidad periodísticas, expresamos nuestro más enérgico rechazo a la escalada de ataques contra la prensa independiente de El Salvador y el Estado de Derecho ejercida por el presidente de ese país, Nayib Bukele. 

Ese clima de acoso y estigmatización de los medios de comunicación que fiscalizan al poder ha recrudecido en las últimas semanas y alcanzó niveles inauditos, después de que El Faro revelara el 3 de septiembre una negociación secreta entre el Gobierno de Bukele y una de las más peligrosas bandas del crimen organizado de ese país (la Mara Salvatrucha, MS-13), con vistas a las elecciones de 2021 en El Salvador.

El último eslabón de esa escalada se produjo en la noche del 24 de septiembre cuando el presidente Bukele anunció por cadena nacional que El Faro está siendo investigado por “lavado de dinero y evasión tributaria”. En un momento de su agresiva alocución, el presidente mostró un video en el que aparece el fundador de El Faro, el destacado periodista Carlos Dada, informando en la Asamblea Legislativa de los ataques de los que el periódico ha sido objeto por parte del Gobierno.

El Faro es uno de los medios de mayor prestigio en el continente. Sus rigurosas e impactantes investigaciones lo han convertido, desde hace muchos años, en un referente para periodistas, académicos e intelectuales en Iberoamérica y Estados Unidos. En 2016 la Fundación Gabo le otorgó el Premio de Excelencia, constituyéndose en el primer equipo periodístico que obtiene el máximo galardón del periodismo Iberoamericano.  

No solo El Faro fue blanco de los ataques del presidente Bukele el 24 de septiembre. Tres cuartas partes de su alocución de dos horas -transmitida a todo el país- estuvieron dedicadas a denostar y descalificar el trabajo de otros medios de comunicación, como Factum, Focos, Gato Encerrado, El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, Colatino y El Mundo. 

La investigación de “lavado de dinero y evasión tributaria” no es la única indagatoria de la que actualmente es objeto El Faro. La escalada tiene su cronología: el 2 de julio pasado se publicó en el Diario La Página un texto anónimo en el que se acusó a sus directivos de encubrir un delito de agresión sexual contra una periodista. La Página está bajo tuición del Consejo Nacional de Administración de Bienes, que preside el Ministerio de Justicia y Seguridad. Es decir, está controlada por el Gobierno de El Salvador. Desde las redes sociales del presidente Bukele, sus ministros y del director de la Policía Nacional Civil se inició una campaña acusando a directivos y periodistas de El Faro de “violadores” y “encubridores de abusos sexuales”. 

No obstante que la supuesta víctima desmintió lo publicado y denunció ser objeto de una manipulación con fines políticos, la Fiscalía abrió una investigación contra El Faro y uno de sus periodistas, y luego una segunda indagación, esta vez contra el director y uno de sus abogados. Ambas investigaciones están en curso.  

Casi en paralelo al desarrollo de estos hechos, el 20 de julio el Ministerio de Hacienda ordenó una auditoría a la contabilidad de El Faro. En el transcurso de esta indagatoria se les ha exigido entregar todas las actas de su Junta Directiva, datos personales de los afiliados a su programa de membresía (los Excavadores Ciudadanos), así como informes de ejecución de proyectos periodísticos financiados por ONG o fundaciones internacionales; todo lo cual excede los límites de una auditoría normal. 

A ello se suman seguimientos y fotografías a las casas de periodistas de El Faro y las acusaciones del presidente y altos funcionarios de su Gobierno. El presidente Bukele escribió en Twitter el 4 de septiembre: “Que no quede un ápice de credibilidad de ese panfleto”; y durante la cadena nacional del 24 de septiembre, inmediatamente después de que Bukele anunciara la investigación por lavado de dinero y evasión tributaria contra El Faro, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, tuiteó: “no hay vuelta atrás, @nayibbukele”.

Consideramos de suma gravedad que el Presidente utilice una cadena nacional para anunciar una investigación contra un medio de prensa, siendo que aún no han terminado las auditorías y ni el ministerio de Hacienda ni la Fiscalía han notificado al periódico irregularidad alguna en su contabilidad ni la existencia de una investigación por estos delitos.

Todos los hechos aquí descritos constituyen un atentado a la libertad de prensa y solo pueden tener por objeto deslegitimar y silenciar la labor periodística de El Faro, que ha sido particularmente incómoda para el gobierno salvadoreño por sus investigaciones sobre corrupción y sobre las negociaciones de la administración Bukele con grupos ilegales. 

Los ataques violan las garantías institucionales de un estado democrático. La criminalización y estigmatización de los medios de comunicación y de los periodistas deteriora gravemente el Estado de Derecho. 

En apenas un año en el poder, Nayib Bukele ha mostrado una tendencia autoritaria que se expresa en su toma del Congreso con militares el pasado febrero, sus constantes desacatos a sentencias judiciales, su intolerancia a cualquier voz crítica y su ataque sistemático al periodismo independiente que hacen medios como El Faro.  

Por todo lo anterior hemos decidido recurrir a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedir que:

La libertad de prensa es un derecho esencial e irrevocable de los ciudadanos. Sin periodismo riguroso y de calidad que fiscalice el poder no hay democracia.