Macron utiliza la decisión del Consejo Constitucional para intentar pasar la página de la reforma de las pensiones

La validación del Consejo Constitucional cierra el camino legislativo de la reforma de las pensiones en Francia, que, además, ya ha sido promulgada y rubricada por Emmanuel Macron esta madrugada. Una última etapa, la del Constitucional, calificada por el presidente francés como la culminación de la “vía democrática” del texto. El jefe de Estado espera cerrar la profunda crisis social abierta con la tramitación del proyecto de ley. El miércoles, durante su desplazamiento a Países Bajos, explicó que en la próxima semana “propondrá reuniones a todos los actores sociales, para poder tener un diálogo que constate los desacuerdos con el Ejecutivo, pero que también permita avanzar y aplicar esas decisiones del Consejo Constitucional”.

De esta forma, Emmanuel Macron confía en que la decisión de la máxima instancia le permita abrir una nueva secuencia política, abordar nuevos temas y redirigir su segundo mandato. Para ello, desde el Elíseo cuentan con el agotamiento de la movilización, aunque dado el rechazo que sigue planteando la medida entre los franceses (93% de la población activa se opone, según el Instituto Montaigne) parece difícil que la resolución del Consejo Constitucional sea suficiente para cerrar la crisis.

De hecho, la intersindical ya ha anunciado que no aceptará ninguna reunión con el Ejecutivo próximamente. “Constitutionnelle ou pas, ta loi on n’en veut pas!” [¡Constitucional o no, no queremos tu ley!], gritaban los manifestantes concentrados en la Place de l'Hôtel de Ville de París minutos después del anuncio.

El futuro de la movilización

El pasado jueves, en la jornada previa a la decisión del Consejo Constitucional, 380.000 personas volvieron a salir a la calle en toda Francia, según el Ministerio del Interior (1,5 millones según los sindicatos), una movilización menor que la del 6 de abril.

No obstante, los sindicatos consideran que la decisión del Consejo Constitucional puede servir para relanzar la movilización, como ya pasó el 16 de marzo cuando el Gobierno anunció la aprobación de la reforma por decreto, evitando el voto en la Asamblea Nacional. Esa noche, cientos de personas se congregaron en la plaza de la Concordia en París y en las siguientes jornadas convocadas por la intersindical las cifras de manifestantes volvieron a los niveles de los primeros días.

En cualquier caso, Sophie Binet, nueva secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), aseguró que la intersindical no “va a desaparecer” con la decisión de los miembros del Consejo Constitucional, sino que los sindicatos reaccionarán “juntos con una reacción unánime”. “Nuestro estado de ánimo es de combatividad y determinación”, afirmó, llamando a una movilización “a nivel nacional” desde esta semana.

En un comunicado titulado “Esto no es el final”, la intersindical ha hecho un llamamiento a convertir la jornada del 1 de mayo en “una jornada de movilización excepcional y popular contra la reforma de las pensiones y por la justicia social”.

La unidad sindical, a prueba

Las organizaciones sindicales se están reuniendo para definir en los próximos días su estrategia. La puesta en marcha de un referéndum de iniciativa compartida (una segunda propuesta, tras haber rechazado la primera, debe ser examinada en las próximas semanas por el Consejo Constitucional) podría ser uno de los ejes que marquen el futuro de la campaña contra la reforma. Las organizaciones de trabajadores han dejado entrever que se implicarán en la recogida de los 4,8 millones de firmas necesarias. Además, la idea de una gran manifestación el 1 de mayo con todos los miembros de la intersindical “es algo histórico”, ha señalado la intersindical.

Según explican varios medios franceses citando fuentes cercanas al Gobierno, Macron y su primera ministra, Élisabeth Borne, creen que la validación del texto por el Consejo Constitucional puede de hecho marcar el fin de la unión sindical. Creen que la Confederación Democrática del Trabajo francesa –sindicato de tendencia moderada– puede abandonar las grandes movilizaciones para negociar con el Ejecutivo medidas que suavicen el impacto de la reforma y favorezcan la empleabilidad de los trabajadores de más de 50 años.

No obstante, la negociación debería producirse con la primera ministra y no con el presidente, ya que en las últimas semanas Emmanuel Macron ha atacado en varias ocasiones al líder del sindicato, Laurent Berger.

Bloqueo parlamentario

Más allá de las protestas en la calle sobre la reforma de las pensiones, el Gobierno se encuentra con un escenario de bloqueo en el Parlamento. Debilitada por la utilización del artículo 49.3 de la Constitución –que permite aprobar sin votación la reforma de las pensiones–, la primera ministra ha multiplicado las reuniones con las fuerzas políticas en la última semana, en cumplimiento de la petición de Emmanuel Macron de elaborar una “nueva hoja de ruta parlamentaria” y “ampliar la mayoría presidencial”.

Después de perder la mayoría absoluta en las últimas elecciones legislativas, Élisabeth Borne optó por una estrategia de acuerdos parciales para sacar adelante ciertos textos (como fue el caso con la ley de energías renovables) y de aprobación por decreto de los textos presupuestarios. Pero, pese a que Borne había logrado pactar con los líderes del partido Los Republicanos (derecha gaullista), la mitad de los miembros del grupo se negaron a respetar la consigna de voto. De hecho, votaron a favor de la moción de censura contra el Gobierno que siguió a la aprobación del texto.

Así, el examen de la reforma de las pensiones ha reforzado el aislamiento de la coalición presidencial. Dividido por luchas internas, Los Republicanos no parecen un socio fiable, mientras que la oposición de izquierda y extrema derecha ha recrudecido sus críticas al Gobierno por la tramitación de la ley y su aprobación por decreto.

Por otro lado, la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones legislativas no parece una solución deseable para Emmanuel Macron, porque dada la impopularidad de la reforma, unos nuevos comicios deberían disminuir aún más el número de diputados de su partido.

Beneficio para la extrema derecha

De hecho, si se celebraran nuevas elecciones parlamentarias, algunos sondeos que aparecen estos días en los medios de comunicación franceses señalan al partido de Marine Le Pen como principal beneficiado, al menos en intención de voto (crecería 7 puntos, según un sondeo de la Fundación Jean Jaurès).

Aunque desde el principio se han pronunciado en contra de la reforma, lo cierto es que Le Pen y su partido han ocupado un papel secundario tanto en la actividad parlamentaria, donde los diputados de la coalición de izquierdas Nupes han sido más agresivos, como en las manifestaciones, donde los sindicatos habían avisado que no desfilarían con miembros de la Agrupación Nacional (AN).

“La AN se beneficia de la secuencia de las pensiones porque es percibida como seria y antisistema en la opinión pública, y ha mostrado una actitud que se interpreta como de cierta responsabilidad, mientras que Francia Insumisa es percibida como demasiado radical”, explica Antoine Bristielle, de la Fundación Jean Jaurès, a la agencia AFP. “En cualquier caso, lo que vemos en las encuestas es un divorcio entre los trabajadores y el presidente de la República”, analizaba por su parte el director del instituto Ipsos Brice Teinturier.

Entrada en vigor de la reforma

Una vez validada por el Consejo Constitucional, se esperaba que la ley fuera promulgada por el presidente de la República en las próximas 48 horas, un periodo que ni siquiera se ha cumplido. Esta madrugada, la ley ha sido oficialmente promulgada y publicada en el diario oficial francés. Los sindicatos y la oposición habían exigido la “no promulgación” del texto, tal y como reclamaba el jueves por la mañana Sophie Binet, secretaria general de la CGT.

Existen precedentes en este sentido: en 1984 François Mitterrand retiró un proyecto de ley educativo, a pesar de que tenía mayoría en la Asamblea: “Me preocupa lo que piensan los que no piensan como yo y lo tengo en cuenta”, afirmó entonces Mitterrand. De manera similar, Jacques Chirac decidió no aplicar en 2006 una ley de trabajo –que llegó incluso a promulgarse– que había provocado grandes manifestaciones contra su aprobación.

No obstante, en su entrevista televisiva del 22 de marzo, Emmanuel Macron explicó que considera que “gran parte de la cólera que se ha expresado no es solo por las pensiones”, prometiendo nuevas medidas sobre cuestiones como el desgaste profesional y las condiciones laborales.

En cualquier caso, el abandono de la reforma no parece entrar en los planes del jefe de Estado, que la considera como “indispensable” para eliminar la deuda pública, que aumentó durante la pandemia. Un argumento que no ha convencido ni a la oposición, ni a los sindicatos, ni a los ciudadanos. Y las heridas que ha provocado la tramitación de la reforma en la vida pública pueden tardar en cerrarse.