Aya Hijazi: 900 días en prisión provisional por ofrecer refugio a menores indigentes en Egipto

Durante los dos primeros años tras ser arrestada, Aya Hijazi se negó a perder la esperanza de que los tribunales egipcios le permitiesen a ella, una estadounidense que dirigía una residencia de bienestar infantil, salir de prisión para reunirse con su familia. 900 días después de su arresto, Hijazi ha empezado a perder esa esperanza.

“En el primer año y medio, se lo había tomado con calma”, cuenta su hermana, Alaa. “Después de superar la marca de los dos años y cinco meses, está desanimada. Ya no tiene ninguna certeza de que haya un final a la vista”, añade.

Toda la familia ha sentido la pérdida. Su madre lleva postrada en la cama desde hace un tiempo, señala Alaa. “A veces me despierto con pesadillas, en pánico. Nunca piensas que puede ocurrir algo así”, añade.

Los hermanos Hijazi crecieron en Falls Church, Virginia. Después de graduarse en la Universidad Geoge Mason en 2009, Aya Hijazi se marchó a El Cairo, donde conocería a su futuro esposo, Mohamed Hassanein, en la plaza Tahrir durante la revolución de 2011.

Desencantada con la convulsión política de Egipto, la pareja usó el dinero de su boda para crear una organización sin ánimo de lucro, Belady, destinada a ofrecer refugio a niños indigentes.

En mayo de 2014, Abdel Fatah al-Sisi había tomado el control del país y reprimió a la disidencia, tanto real como aparente. Sus fuerzas de seguridad se fijaron en el Centro Belady. Según un grupo de derechos humanos que les apoya, Hijazi, su esposo Hassanein, seis voluntarios y varios menores fueron arrestados en una redada.

La policía no les dejó hablar con un abogado durante un día, señala Wade McMullen, letrado de la organización sin ánimo de lucro Robert F Kennedy Human Rights, que ha llevado el caso de Hijazi. Durante el interrogatorio, Hassanein fue golpeado y Hijazi fue amenazada y golpeada en la cabeza, señala McMullen. Finalmente fueron acusados de tráfico humano y abuso sexual.

“Durante unos tres días estuvieron incomunicados”, cuenta Alaa Hijazi. “Todo lo que sabía mi madre eran los titulares en los periódicos sobre una mujer estadounidense; todos cortados con el mismo patrón”, añade.

Justo antes de las elecciones de 2014 que Sisi esperaba que fortaleciesen su poder, los medios publicaron la historia sensacionalista: una mujer estadounidense involucrada en secuestro y abuso sexual. Las autoridades informaron que Sisi ganó el 96,1% de los votos.

“Está bastante claro que el gobierno quería mucha propaganda para mostrar que se alzaba contra el gran y malvado Occidente”, señala McMullen. “Es esta idea de los estadounidenses corrompiendo a nuestros menores, que refuerza la idea de la influencia occidental y su dudosa moral”, afirma Alaa Hijazi.  

La familia y los grupos de derechos humanos dicen que los cargos son falsos y que un examen forense de los menores demostró que habían sufrido abusos antes de ser acogidos por Belady. Los fiscales retrasaron el proceso, renovando cada 15 días la detención preventiva sin cargos formales, una táctica que se ha convertido casi en una “rutina”, señala McMullen.

Egipto tiene un límite de dos años de detención preventiva, pero McMullen indica que los tribunales lo han alargado hasta seis meses más retrasando cada juicio. Hijazi afirma que al principio, la familia no quería acudir a la prensa o a las autoridades estadounidenses.

“Esperamos un tiempo intentando no generar mucha hostilidad, no porque sea un crimen ser estadounidense, pero no queríamos reforzar la impresión. Esperábamos que esto se arreglara”, apunta Hijazi.

“Pero Aya tiene un grado en derecho. Algunas veces intentó decir algo en su propia defensa y los tribunales ni siquiera le permitieron eso”, añade.

El tiempo y el laberíntico sistema judicial de Egipto han debilitado las esperanzas de la familia. Finalmente acudieron a las autoridades estadounidenses, presentaron una demanda al grupo de trabajo de la ONU de detención arbitraria y, por último, hablaron con la prensa.

Ni la Casa Blanca, el Departamento de Estado ni la embajada egipcia en Washington respondieron a preguntas sobre el caso. La administración de Barack Obama ha pedido la liberación de Hijazi, aunque en términos débiles.

En septiembre, la familia Hijazi se reunió con la embajadora estadounidense ante las Naciones Unidas, Samantha Power, y Avril Haines, una de las asesoras de Obama en seguridad nacional, quien “reiteró la profunda preocupación del presidente por el bienestar de todos los ciudadanos estadounidenses detenidos en el extranjero”, según un comunicado de la Casa Blanca.

“Estados Unidos continuará ofreciéndole todo el apoyo consular posible”, añadió la Casa Blanca. “Estados Unidos pide al gobierno [egipcio] que retire todos los cargos contra Hijazi y que la libere de prisión”.

Un puñado de senadores y miembros de la Cámara de Representantes, liderados por el congresista de Virginia Don Beyer, han instado a Obama y a Sisi que garanticen la liberación del grupo Belady como medio para mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Egipto.

“Los cargos contra ellos son tan lascivos como ridículos”, aseguró el senador Patrick Leahy de Vermont a finales del mes pasado. “Ella y el resto deberían ser liberados de inmediato. La falta de pruebas, a la vista para todos, de que ellos hayan cometido un crimen castigable, debería llevar a la retirada de los cargos”.

Grupos de derechos humanos han condenado la detención y afirman que es parte de una campaña mayor contra trabajadores de ayuda humanitaria y derechos civiles.

“De todo lo que podemos decir, es ridículo”, se lamenta Sarah Margon, la directora de Human Rights Watch en Washington. “Ha estado detenida en condiciones preocupantes, se le ha negado el acceso a medicinas que necesita y no hay ninguna razón por la que esté ahí. Se deberían retirar los cargos contra ella y la deberían enviar de vuelta a casa”.

“Se ha visto arrastrada por la excesiva mano dura con que el gobierno de Sisi ha perseguido a un amplio abanico de actores. Como el trabajo que estaba haciendo era para menores y orientado al desarrollo, parece bastante probable que se la incluyera en la campaña emprendida contra las ONG, las organizaciones de derechos humanos y en algunos casos incluso contra gobiernos occidentales”, señala Margon.

Un sentimiento “antiestadounidense y antioccidental muy violento” ha dominado a los medios egipcios durante meses, señala Margon, indicando lo difícil que había sido para Estados Unidos lograr la excarcelación de otro estadounidense, Mohamed Soltan, quien fue liberado solo después de 16 meses de huelga de hambre y atención internacional sobre el caso.

De acuerdo con Amnistía Internacional, más de 40.000 personas han sido encarceladas en Egipto desde 2013, muchas de ellas torturadas y detenidas sin juicio o abogado.

“De algún modo, tenemos suerte de que no haya sido torturada”, cuenta McMullen. “Somos bastante conscientes del privilegio relativo, pero es triste que tengamos que estar agradecidos por eso”.

Traducido por Javier Biosca Azcoiti