De gira con los jueces rebeldes de Polonia que defienden la democracia pueblo a pueblo

A simple vista, parece una fiesta de pueblo al final del verano. La música pop resuena en los altavoces y compite con los gritos de los niños que juegan en una explanada. Tan solo han acudido unas pocas decenas de lugareños, pero escuchan con interés, con los brazos cruzados. Se trata de Biłgoraj, una pequeña localidad situada en el sureste de Polonia, cerca de la frontera con Ucrania.

En realidad, el encuentro no tiene un carácter festivo. Según sus organizadores, se trata de la última oportunidad en un pulso para salvar la democracia polaca. Con una camiseta, unos vaqueros desgastados y unas zapatillas Converse, Igor Tuleya camina entre la multitud. Una y otra vez, se detiene y entrega a los asistentes folletos de un paquete que lleva bajo el brazo. Ese documento, que en la parte superior de la portada roja y blanca muestra un águila coronada, de idénticos colores, es la Constitución de Polonia.

Tuleya es juez en el distrito de Varsovia y la Constitución de Polonia es la base de su trabajo. De momento. Mientras el partido gobernante Ley y Justicia (PiS) refuerza un proyecto de seis años para “reformar” los tribunales polacos, la Constitución del país está en el centro de una crisis cada vez más profunda dentro de las fronteras de Polonia y entre Polonia y Europa.

Según la Unión Europea, la reforma que ha impulsado el Gobierno polaco socava la independencia del poder judicial y el Estado de Derecho, piedras angulares de la democracia y de la pertenencia a la UE. El Gobierno nacionalista esgrime la Constitución polaca ante Bruselas para rechazar la “agresión legal” de la UE. Los defensores de la democracia polacos afirman que la Constitución se está vaciando de contenido, que se están eliminando sus mecanismos de control y que se está erosionando sistemáticamente la credibilidad de jueces como Tuleya, a los que el gobierno y sus aliados tachan de corruptos y antipatriotas.

El Gobierno no sólo ha nombrado a leales al PiS para el Tribunal Constitucional, sino que ha creado una “sala disciplinaria” del Tribunal Supremo con poder para revocar la inmunidad judicial de los jueces. De este modo, los jueces corren el riesgo de incurrir en “faltas disciplinarias” por resoluciones que el Gobierno considera contrarias a sus intereses, como la remisión de casos al Tribunal de la UE.

La intervención de la UE

En julio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que la sala disciplinaria estaba expuesta a injerencias políticas y era incompatible con la legislación de la UE. Polonia recibió un ultimátum: suprimirla o enfrentarse a sanciones. El conflicto legal siguió y finalmente Varsovia indicó que cumpliría la sentencia, pero luego se echó atrás. En la última salva, la Comisión Europea solicitó al Tribunal de Justicia Europeo la imposición de multas diarias durante todo el tiempo que el gobierno incumpliera sus obligaciones.

En los próximos días la crisis puede adquirir una dimensión aún mayor. El Tribunal Constitucional de Polonia se va a pronunciar sobre una cuestión que la mayoría de la gente creía resuelta cuando el país entró en la UE en 2004: ¿tiene la legislación de la UE primacía sobre la nacional?

Si la respuesta que dan es “no”, los expertos creen que sería un punto de inflexión, un primer paso incluso para que Polonia abandone la UE.

No es de extrañar que el veredicto se haya aplazado ya varias veces, la última este jueves. Se espera que el órgano vuelva a reunirse el próximo día 7. Con el deslizamiento de Polonia hacia el autoritarismo y un “Polexit” legal sobre la mesa, los jueces demonizados por el ejecutivo polaco no se quedan de brazos cruzados.

El tour en minibús

Por eso, los jueces han decidido llevarse la Constitución de gira. En un minibús VW alquilado, han recorrido el país.

El “Tour de Konstytucja”, un espectáculo sobre ruedas inaudito ya ha pasado por más de 80 ciudades polacas para explicar a los ciudadanos por qué deberían preocuparse por lo que, para muchos, es un concepto remoto y sin sentido: el Estado de Derecho.

En un escenario al aire libre en Biłgoraj, se invita a una voluntaria del público a ponerse una larga toga negra de juez bajo la que asoman sus zapatillas blancas. A continuación, se le coloca al cuello una pesada cadena de juez con un colgante de águila de plata. “Abro el caso...”, dice ella, hablando por el micrófono con una voz que suena seria.

Es un juego de rol diseñado para educar al público sobre cómo funciona, en su opinión, el sistema judicial. Frente a ella, en el estrado, interpretando el papel de un agente de policía, se encuentra el juez Tuleya. A sus 51 años, Tuleya es un rebelde poco habitual: sirvió al Estado polaco en silencio durante 25 años. Pero a partir de 2017 se convirtió en una personalidad odiada por el PiS, tras dictaminar que los diputados del PiS habían amañado una votación parlamentaria clave en diciembre de 2016 y luego habían tapado esta irregularidad.

El otoño pasado la cámara disciplinaria le levantó la inmunidad judicial y fue juzgado por mala conducta y extralimitación de funciones. El pulso de Tuleya para defender la independencia judicial le ha convertido en un icono de la resistencia al PiS. Su rostro aparece, como el del Che Guevara, en las solapas y pegatinas de sus seguidores.

Para Tuleya, éste es uno de los episodios más oscuros para el Estado de Derecho en Polonia, pero también es un calvario personal. “Cuando se me levantó la inmunidad, mi mundo se vino abajo. Fue entonces cuando me di cuenta de que toda mi vida había girado en torno al tribunal”, dice.

Ya en abril, tras incumplir una citación de un tribunal cuya autoridad se negaba a reconocer, permaneció en vela noche tras noche, temiendo que la policía irrumpiera en su piso de madrugada para detenerlo. La Fiscalía sigue solicitando un “procedimiento disciplinario” contra él por siete cargos y, si no se restablece su inmunidad judicial, podría enfrentarse a una condena de dos años de cárcel.

Con su carrera de juez en suspenso, cada vez se encuentra más entre aquellos cuyos derechos había jurado defender. “Queremos que los ciudadanos se interesen por lo que ocurre en Polonia y se interesen por sus propios derechos”, dice Tuleya resumiendo el propósito de la gira. Explica que si nos remontamos unos años atrás, muchos polacos no sabían para qué servía el Tribunal Constitucional polaco, ni que había tribunales europeos, ni siquiera que existía una Constitución. Tampoco los jueces se habían preocupado mucho por ganarse la confianza del público.

En esta gira no todo es pesimismo: en la carretera hay concursos constitucionales, debates en directo y, lo más curioso, canciones sobre la Constitución. El preámbulo ha sonado por los altavoces al inicio de al menos 80 eventos, que a menudo terminan con gente que se agolpa alrededor de los jueces para que les firmen la Constitución polaca.

“Los jueces son la última parada antes de la dictadura. Si ya no existen, Polonia y Europa se enfrentan a un futuro oscuro”, afirma Robert Hojda. Además de conducir el autobús, Hojda preside el Congreso de Movimientos Cívicos Democráticos, una plataforma de organizaciones prodemocráticas, y junto con Adam Bodnar, antiguo defensor de los derechos civiles de Polonia, ha coorganizado la gira.

“Los políticos utilizan la Constitución para sus propios fines”, dice Hojda. “Pero es nuestra Constitución. Tenemos que luchar juntos para defenderla”. Además de Tuleya, otros fiscales y abogados están llegando directamente a la gente, chocando con un gobierno hostil y con los medios de comunicación respaldados por el Estado en el proceso.

Acoso por criticar

En el grupo de jueces que protestan está Monika Frąckowiak, que es jueza en el tribunal de distrito de Poznań, en el oeste de Polonia. A diferencia de Tuleya, a ella todavía se le permite trabajar. Pero eso podría cambiar pronto. Hay un total de cinco investigaciones disciplinarias en curso contra ella por, entre otras transgresiones, haber calificado al Tribunal Constitucional polaco de “institución falsa” y haber criticado al Ministro de Justicia en el Parlamento Europeo.

Frąckowiak ha sido objeto de una campaña de desprestigio y ha recibido amenazas de muerte en Twitter. Se publicaron su dirección y los nombres de sus hijas.

“Los comentarios están llenos de odio, esta gente está dispuesta a todo”, lamenta Frąckowiak. La mujer de 47 años acusa al Ministerio de Justicia polaco de transmitir información sensible a cuentas de Twitter para intimidar a los jueces. Para ella, permanecer callada no es una opción. “Mis padres eran miembros de Solidaridad. Quiero evitar que su lucha en los años 80 sea en vano”.

Lo cierto es que la campaña para presentar a los jueces y abogados como una casta elitista y corrupta que complica la vida de los ciudadanos ha calado en grandes sectores de la población polaca. Un estudio de 2019 mostró que la confianza en el poder judicial, mucho más baja en Polonia que en otros estados miembros de la UE, cayó del 56% al 46% en los dos años posteriores a la llegada al poder del PiS. Frąckowiak señala que es fácil para un gobierno hostil jugar con el descontento de la gente. Por eso es aún más importante que los propios jueces recuperen la confianza.

En territorio hostil

Chełm, la siguiente parada de la gira judicial, también está en el este de Polonia, cerca de la frontera con Ucrania y es un bastión del PiS. En las últimas elecciones parlamentarias, el 60% de la población votó al partido gobernante. La promesa que el partido hizo durante la campaña electoral de crear puestos de trabajo cayó en terreno fértil tras el cierre de la fábrica local de calzado y cemento. Los jueces han situado estos lugares en el centro de su estrategia, ya que la televisión estatal pública es la principal fuente de noticias y los medios de comunicación independientes tienen escaso alcance.

Cuando el autobús de los jueces llega a la plaza del pueblo, llueve a cántaros. No les esperan más de 20 personas. Pero con los paraguas en alto, se agolpan con entusiasmo alrededor de Tuleya. Todas las personas que se han dado cita en la plaza, una tras otra, se intenta acercar a los jueces para hacerse selfies. Algunos le piden que les firme su ejemplar de la Constitución polaca. “Le estreché la mano y le di las gracias por lo que está haciendo”, explica un hombre. “Sin tribunales y medios de comunicación libres, no hay democracia”.

Tuleya admite después que incluso en esos momentos se siente abatido y aislado, un luchador solitario. Entonces, ¿por qué continúa con su lucha? “Si no recuperamos la confianza de los ciudadanos”, dice, “ no sé qué más se puede hacer”. Durante años, Tuleya ha tenido que convivir con correos de odio, amenazas de muerte y agresiones verbales en las calles de Varsovia. Cuando todavía podía ejercer, recibió paquetes con polvo blanco y tuvo que evacuar el tribunal.

En sus giras por el país, ha habido gritos de “¡Mentirosos, comunistas!” y ha sido necesario interrumpir algunos actos. Tuleya dice que siempre intenta dialogar con los escépticos. “No sé si hemos sido capaces de convencerles de que el Estado de Derecho es algo importante”, dice, “pero al menos hemos conseguido que vean en nosotros a personas que también tienen sus propias convicciones y con las que merece la pena hablar”.

Un elemento que lo ha mantenido siempre en pie ha sido la solidaridad entre los jueces activistas. Vinieron de toda Polonia para apoyarle cuando fue juzgado en Varsovia. Cuando le recortaron el sueldo y le preocupó no poder pagar la hipoteca, le apoyaron con donaciones. Sin embargo, Tuleya está agotado y duda que la UE vaya a enfrentarse con el Gobierno polaco. “Si no actúan ahora, la situación podría prolongarse durante años”.

El Gobierno dice que si bien la cuestionada cámara disciplinaria ya no dirimirá nuevos casos, sus sentencias anteriores mantendrán su validez legal. Hace un par de semanas, suspendió a un juez de Varsovia por aplicar el Derecho de la UE y en la página web de la cámara disciplinaria se han anunciado nuevos procedimientos contra otros jueces.

Fondos europeos

Tuleya teme que el PiS no tenga ninguna intención real de dar marcha atrás en su control de elementos clave del poder judicial. Cualquier concesión a Bruselas, sospecha, tiene como objetivo esquivar las multas de la UE y asegurar los fondos europeos para la recuperación de la pandemia de la COVID-19. En su opinión, incluso si el ejecutivo suprime la cámara ilegítima, no renunciará a socavar sistemáticamente la Constitución y el Estado de Derecho.

Tres días después de la parada en Chełm, el autobús de la gira está aparcado a la sombra del imponente Palacio de la Cultura de Varsovia, construido en la época de Stalin. En él se reúnen todos los jueces que han participado en la gira durante las últimas semanas: el ambiente es agradable; se dan grandes abrazos. 

El viaje por carretera se reanudará pronto, ya que se ha recaudado suficiente dinero para comprar un autobús. Al recorrido se añadirán más ciudades y pueblos.

Frąckowiak dice que, para ella, la sentencia del Constitucional carece de validez jurídica: “No me importa lo que dicten, ya que no reconozco al Tribunal Constitucional. Desde el punto de vista jurídico, la decisión no importa, ya que no es un verdadero tribunal”. ¿Le preocupa que pueda suponer el inicio de la desvinculación de Polonia de la UE? “Ese es un proceso”, dice, “que ya ha comenzado”.

El reportaje para este artículo fue apoyado por una beca de periodismo de la Fundación para la Cooperación Germano-Polaca.