La oficina de derechos humanos que Londres financia en Bahréin no investiga acusaciones de tortura

Los contribuyentes británicos están pagando millones para financiar una oficina policial de derechos humanos en Bahréin que no ha investigado las acusaciones de tortura en el caso de un hombre condenado a muerte. La oficina recibe la financiación como parte de un paquete de 2,1 millones de libras (unos 2,7 millones de euros) para mejorar el sistema de justicia penal en el país del Golfo, aliado clave de Reino Unido. “Animamos a todos los que tienen quejas sobre cómo son tratados en las detenciones a informar directamente a la oficina de derechos humanos”, manifestó el mes pasado el viceministro británico de Exteriores, Tobias Ellwood, en el Parlamento.

A pesar de la queja formal presentada por la familia de Mohamed Ramadán, vigilante aeroportuario de 32 años, la oficina no ha investigado su caso. La mujer de Ramadán, Zaynab Ebrahim, ha pedido a las autoridades británicas que utilicen su influencia para detener su ejecución y pedir un nuevo juicio. Ebrahim relata que “le ataron las manos por detrás y le golpearon con fuerza, con cables, puñetazos y patadas, de una forma constante para forzar su confesión”.

“(Los carceleros) también lo colocaron en una sala muy fría sin dejarle sentarse. Cada vez que intentaba sentarse le pegaban y le humillaban. Cuando les dijo que no puede aguantar mucho tiempo de pie por un problema de espalda, empezaron a presionarle más”, cuenta su mujer. Asegura que su procesamiento fue “una venganza contra él por sus actividades políticas y sociales pacíficas”.

Ramadán asegura que le tuvieron en aislamiento y le golpearon alrededor de los genitales, donde había sido operado. El antiguo vigilante de seguridad fue detenido –presuntamente sin orden judicial– en febrero de 2014. Después fue condenado por participar en un atentado que mató a un policía.

Ramadán no confesó bajo tortura, pero el tribunal aceptó la confesión de otro acusado, Husain Musa, que también fue sentenciado a muerte. Se dice que fue golpeado hasta que inculpó a otras personas. La sentencia de muerte de Ramadán fue ratificada el pasado noviembre por el tribunal de apelación de más alto rango en Bahréin. Las acusaciones de tortura parecen haber sido ignoradas por las autoridades del país.

El mes pasado, Human Rights Watch (HRW) manifestó que las acusaciones creíbles de tortura y maltrato a los detenidos en Bahréin ponen en cuestión las afirmaciones de que su sistema de justicia penal está mejorando. La organización afirmó que las nuevas instituciones no son más que “falsas reformas” y cuestionó cómo el Gobierno de Bahréin y Reino Unido pueden decir que están “protegiendo efectivamente a los detenidos de abusos durante los interrogatorios”.

El portavoz de Justicia del Partido Laborista, Andy Slaughter, cuyas campañas obligaron al Gobierno a dar un giro de 180 grados sobre la financiación británica de las reformas de prisiones saudíes, lamenta que “una vez más, vemos al Gobierno británico proporcionando ayuda y apoyo a un régimen con un historial abominable de derechos humanos”. “Las autoridades de Bahréin están acusadas de abusos del procedimiento legal, que incluyen confesiones forzadas y empleo de la tortura en el caso de Mohamed Ramadán y en muchos otros”, recuerda.

Bahréin proporciona a Reino Unido una base naval, su primera al este del canal de Suez desde 1971.

La semana pasada, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que pide al rey de Bahréin, Hamad bin Isa Al Khalifa, que conceda el perdón real a Ramadán. Las autoridades del país afirman que no hay ningún registro de quejas ante la oficina de derechos humanos y que todas las acusaciones de “maltrato y tortura para extraer confesiones son falsas imputaciones del acusado, su familia y su representante legal”.

“Instituciones defectuosas, financiadas por los contribuyentes británicos”

Sayed Ahmed Alwadaei, directivo del Instituto de Bahréin para los Derechos y la Democracia, que trabaja con víctimas de violaciones de derechos humanos, señala que han pillado al país del Golfo utilizando “organismos defectuosos, financiados por los contribuyentes británicos, para intentar bloquear una resolución del Parlamento Europeo que condena la tortura y que pide la conmutación de la sentencia de muerte de una víctima de tortura. Reino Unido ha elogiado la oficina de derechos humanos a menudo en el pasado, y será una prueba de sus valores en ese ámbito si sigue haciendo lo mismo después de la defensa que ha hecho la oficina de la injusta sentencia de Mohamed Ramadán”.

El Gobierno se ha mostrado firme en su desmentido de las acusaciones de Ramadán. En agosto de 2014, cuando cinco expertos de derechos humanos de la ONU presentaron el caso del presunto maltrato a Ramadán, Bahréin les aseguró que las acusaciones no tenían “ni un ápice de verdad”. Hasta el momento, han impedido al relator especial de la ONU sobre la tortura que visite el país.

Desde la dura represión del Gobierno bahreiní a las protestas de la Primavera Árabe en 2011, las organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el uso de la violencia y de la tortura por parte de los servicios de seguridad del país. También hay una división sectaria, con la familia real de los Al Khalifa, que pertenece a la rama suní del islam, gobernando un país de mayoría chií.

“Reino Unido se opone a la pena de muerte en cualquier circunstancia”, declara un portavoz del Ministerio británico de Exteriores. “Estamos preocupados por cualquier sentencia de muerte y seguiremos expresando nuestra oposición en público y en privado. Nuestro apoyo al programa de reformas de Bahréin es la manera más constructiva de conseguir un cambio”.

Una asesora del Gobierno bahreiní que no quiere ser identificada confirma que la oficina de derechos humanos ha investigado quejas relacionadas con el caso en al menos dos ocasiones, pero dice que “los datos registrados disponibles indican que las denuncias no estaban relacionadas con ninguna acusación de tortura o de abuso de ningún tipo”. “La unidad especial de investigación creada para investigar acusaciones de tortura o de cualquier mala conducta cometida por las fuerzas de seguridad no ha recibido hasta la fecha ninguna queja relacionada con este caso en concreto”, añade.

El parlamentario chií Nasser Al Qaseer opina que la resolución del Parlamento Europeo “es una interferencia en una decisión de una institución judicial independiente”. También la considera “una intromisión vergonzosa en los asuntos interiores de un país soberano e independiente”.

Traducido por: Jaime Sevilla