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ANÁLISIS

China toma el control: seis claves sobre la trascendencia de las nuevas leyes de seguridad impuestas en Hong Kong

Varios policías señalan a manifestantes de una marcha prodemocrática en el 23 aniversario del establecimiento de la Región Administrativa Especial de Hong Kong.

Lily Kuo

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La nueva ley de seguridad que Pekín ha impuesto sobre Hong Kong marca un cambio de era para el territorio semiautónomo considerado en otra época un refugio para las libertades políticas y civiles. Las autoridades chinas y de Hong Kong han dicho que la legislación se centrará en un "conjunto limitado" de comportamientos, pero el texto completo de la ley (que solo se hizo público tras su aprobación a última hora del martes) cubre una amplia gama de actividades vinculadas a delitos contra la seguridad vagamente definidos. La pena máxima contemplada es de cadena perpetua.

Según expertos en leyes, lo más preocupante de la nueva legislación es que lleva a Hong Kong leyes y agencias de seguridad nacional de China, eliminando así el cortafuegos que separaba al territorio de la China continental bajo el lema "un país, dos sistemas". Otros dicen que el objetivo principal de la ley es cambiar los fundamentos de la sociedad de Hong Kong imponiendo requisitos relacionados con la "educación sobre la seguridad nacional" en las escuelas, en Internet y en los medios de comunicación.

A continuación, las partes más preocupantes de la nueva ley.

Una definición de los delitos demasiado amplia

Los delitos de secesión, subversión, terrorismo y confabulación con fuerzas extranjeras para poner en peligro la seguridad nacional están definidos de una forma tan amplia que pueden servir para castigar acciones previamente amparadas por la libertad de expresión, como sostener un cartel.

La legislación también parece diseñada para incluir de manera específica las acciones de los manifestantes y sus simpatizantes durante las protestas del último año. Pedir a organizaciones o autoridades extranjeras que sancionen al Gobierno de Hong Kong o de Pekín, por ejemplo, podría contar como confabulación. Lo mismo si alguien incita a los residentes de Hong Kong para que "odie" al Gobierno de Pekín o de Hong Kong. Los actos vandálicos en el transporte público, una práctica utilizada por los manifestantes el año pasado, contarían como terrorismo.

La ley incorpora las vagas definiciones de seguridad nacional que se usan en China continental, donde suelen emplearse contra los disidentes políticos. La amplitud de las definiciones es especialmente preocupante porque son las autoridades chinas, a través del comité permanente del Congreso Nacional Popular, las que tienen la última palabra en su interpretación.

Extradición de sospechosos a China continental

La mayoría de los casos de seguridad nacional se juzgarán en los tribunales de Hong Kong, pero el Gobierno central puede ejercer su jurisdicción en "casos complejos" que impliquen injerencias extranjeras y sean difíciles de supervisar por el Gobierno de Hong Kong. También cuando haya "circunstancias graves" o casos que pongan a China frente a amenazas "graves".

La ley no permite explícitamente la extradición pero sí que el tribunal popular supremo de China nombre "tribunales pertinentes" para ocuparse de determinados juicios. En una sesión informativa este miércoles, el director ejecutivo de la oficina de asuntos de Hong Kong y Macao Zhang Xiaoming dijo que en esos casos los sospechosos serían juzgados en la China continental.

Precisamente fue la perspectiva de que los residentes de Hong Kong sean extraditados a los politizados tribunales de China, con tasas de condenas que llegan hasta el 99%, lo que impulsó el movimiento de protestas el año pasado.

Poderosos agentes chinos operando en Hong Kong

En virtud de la ley, la Oficina de Seguridad Nacional, un brazo de los servicios de seguridad nacional de China, podrá operar en Hong Kong. En el desempeño de sus funciones, los agentes gozarán de inmunidad frente a las leyes locales y todas las divisiones del Gobierno de Hong Kong estarán obligadas a cooperar con ellos.

La ley también encarga a la Oficina de Seguridad Nacional que tome las "medidas necesarias" para controlar la gestión de las ONGs y los medios extranjeros. En China continental, los órganos de seguridad nacional suelen bloquear los medios de comunicación nacionales y extranjeros, mientras que en Hong Kong tanto los medios como las organizaciones de derechos humanos han podido operar de forma libre e independiente.

Ampliación de las facultades de la policía

La ley otorga más autoridad a un nuevo departamento de policía encargado de los casos de seguridad nacional para restringir viajes al extranjero, exigir a los proveedores de servicios la entrega de datos personales, y exigir a las organizaciones o autoridades políticas extranjeras que entreguen información, entre otras facultades.

Esta policía de seguridad nacional también podrá registrar hogares y dispositivos electrónicos, vigilar de forma encubierta o interceptar comunicaciones sin orden judicial. Bastará con la aprobación del jefe ejecutivo de Hong Kong.

Juicios cerrados y juicios sin jurado

La ley permite celebrar juicios sin jurado en casos relacionados con la seguridad nacional por la protección de "secretos nacionales", por "factores extranjeros", o para proteger a los jurados, según lo aprobado por el Secretario de Justicia de Hong Kong. En estos casos, un panel de tres jueces deberá supervisar el caso.

La prensa y el público pueden tener vedado el acceso a casos que entrañen "secretos de Estado" o riesgos para el orden público. En China continental, los juicios a puerta cerrada se suelen usar en casos que involucran a disidentes políticos.

A los expertos jurídicos también les preocupa la independencia de los tribunales que supervisan los casos de seguridad nacional. La jefa del ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, responde directamente a Pekín y será la encargada de designar a unos jueces que pueden ser destituidos si se considera que su discurso o comportamiento ponen en peligro la seguridad nacional.

La ley puede aplicarse a cualquier persona

Rige tanto para los residentes como para los que no tengan residencia permanente y violen la ley en el territorio de Hong Kong. También para delitos cometidos por un residente permanente de Hong Kong fuera de la ciudad.

Sorprendentemente, también parece ser aplicable para cualquier persona que se considere que viola la ley, independientemente de su nacionalidad y del lugar en que se haya cometido el presunto delito. El artículo 38 de la ley establece: "Esta ley se aplicará a los delitos... cometidos contra la región administrativa especial de Hong Kong desde fuera de la región por una persona que no sea residente permanente de la región".

Donald Clarke, de la Facultad de Derecho de la Universidad George Washington, escribió en un análisis: "No hay ninguna razón para pensar que no significa lo que parece significar: está afirmando una jurisdicción extraterritorial sobre todas las personas del planeta".

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Publicado el
1 de julio de 2020 - 22:09 h

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