Juicio por las casillas ilegales: Un funcionario describe el “caos” urbanístico en Arnedo
El que fuera alcalde de Arnedo entre 2003 y 2015, Juan Antonio Abad, ha asegurado hoy, ante la Audiencia Provincial, que quiso “cortar” la proliferación de 'casillas“ ilegales que heredó e incluso se creó la figura del vigilante de obra.
En la primera vista oral del juicio por el que Abad se enfrenta a más de catorce años de inhabilitación, éste ha insistido en que él, como alcalde, delegaba la “distribución del trabajo”.
Ha explicado que él se “limitaba” a firmar lo que le entregaban los técnicos y ha asegurado que pretendía “regular la anarquía de construcción” que había, negando conocer que no se habían producido los derribos. “Yo he firmado sanción y derribo, evidentemente no salgo al campo a ver si se hace” ha dicho asegurando que “confiaba” en los técnicos.
El fiscal le ha preguntado directamente si tenía conocimiento de construcciones ilegales, ante lo que Abad ha explicado que en el año 2012 se realizó un censo para, a propuesta del Catastro, tener una referencia de las viviendas y empezar a cobrarles el IBI. En total, se abrió expediente a 1.896 edificaciones y en esta causa, ha dicho, se han traído los que le quedaron “por resolver” y es que, ha insistido, “es una realidad que en Arnedo viene ocurriendo desde hace mucho tiempo” y que él, como alcalde, quiso “cortar”.
Ha relatado cómo, en este cometido, pidió a la Policía Local que vigilara que no hubiera una construcción “descontrolada”, pero los agentes le indicaron que “entre su valoración de puestos de trabajo no está salir fuera del casco urbano”. Al ser un “nuevo cometido” pidieron una remuneración añadida, algo que Abad vio como un “chantaje” ante el que no estaba “por la labor” y, por eso, creó la figura de vigilante de obras, cuyo cometido era “salir al campo y vigilar”. A este respecto, ha entendido que el SEPRONA “también podía hacer un pequeño esfuerzo si existen edificaciones en zonas protegidas, no echarle toda la responsabilidad al ayuntamiento”.
En cualquier caso, ha dicho no tener constancia de que suponga un delito penal el hecho de que se abra un expediente de demolición y no se cumpla por parte del propietario. Se ha detenido en el caso de una empresa de calzado, que se sobrepasó en la ejecución de unas obras para las que tenía un permiso que le permitía una ejecución menor y a la que se intentó buscar “una salida” tratando de preservar la actividad y los puestos de trabajo.
También, incluso se pensó, en el caso de las huertas heredadas donde se ha “edificado”, poder llamarles “huertas tradicionales familiares”. En éstas, ha contado que existió un problema “gordo” de aguas residuales y se “intervino” para decirles que necesitaban fosa aséptica.
Un funcionario relata el “caos” por las casillas
Un funcionario, encargado de tramitar expedientes urbanísticos en Arnedo entre 2010 y 2012, ha relatado un “caos” en este municipio “fruto de la dejadez de multitud de ayuntamientos”.
El testigo, que ha comparecido por videoconferencia, ha señalado cómo “es un hecho manifiesto que en Arnedo hay multitud de irregularidades, muchas en suelo de especial protección”. Su trabajo fue sustituir a la técnico que tramitaba los expedientes sancionadores durante dos bajas maternales.
La situación, ha relatado, era “desde el punto de vista jurídico un autentico desastre” y, desde el punto de vista “administrativo, de funcionarios que se esforzaban por aclarar la situación y otros que menos”.
Ha contado que llegó a redactar trece informes en los que se proponía (porque la incoación dependía de alcaldía) la demolición de actuaciones urbanísticas ilegales y que, en caso de que no se ejecutaran, se procediera a la ejecución forzosa.
“Otra cosa distinta es que los particulares las ejecutaran; en algunos casos sí en otros no”, ha dicho indicando que sí se “realizaba un seguimiento” por parte del servicio de inspección urbanística municipal. Ha aclarado que “jamás” ha visto que el Ayuntamiento ejecutara una ejecución subsidiaria de demolición.
Ha indicado que había una “dejadez administrativa”, no sabe si de las autoridades o de los funcionarios, en la gestión de los expedientes que, al final, ha dicho, “se van acumulando”.
A continuación, ha comparecido como testigo el arquitecto municipal, contratado por el Ayuntamiento el 1 de junio 1985 como asesor por un “problema serio con las construcciones ilegales”, tal y como ha explicado. Ejecutó su labor hasta jubilarse en 2019.
Ha explicado cómo la situación empezó a preocuparle por si podía tener problemas penales y se dirigió al Ministerio Fiscal, quien entendió que había una falta administrativa. También ha contado no entender por qué la policía dejó de hacer su labor de vigilancia.
A continuación, el que fuera secretario del Ayuntamiento de Arnedo desde octubre de 2006 hasta 23 marzo 2023 ha afirmado que las construcciones ilegales son “un fenómeno conocido por todos, sobre todo en la Cuenca del Cidacos”. Ha entendido que “la respuesta municipal se ha quedado siempre bastante corta porque la legislación urbanística da potestades al ayuntamiento y no se ha hecho uso de todas las herramientas que la ley pone a su disposición”. También ha contado que había una “creencia popular de que pagando la sanción estabas en paz con el Ayuntamiento”.
Tras este testimonio, la sesión se ha suspendido y el juicio continuará el viernes 12 de enero, a las 9:30 horas
La petición del Fiscal
El Fiscal pide más de catorce años de inhabilitación a Abad por un delito continuado de prevaricación administrativa y por otro de omisión intencionada en la persecución de hechos delictivos, en las conocidas como 'casillas' ilegales de Arnedo.
En concreto, el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Europa Press, pide trece años de inhabilitación por el delito continuado de prevaricación administrativa, a lo que suma otro año y cuatro meses por el delito continuado de omisión intencionada en la persecución de hechos delictivos.
En la calificación, compuesta por 152 folios, se indica que a Abad “en su condición de autoridad, le correspondía el deber de ejercitar las potestades en materia urbanística establecidas en la normativa vigente”.
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