Sin trabajo, ni sueldo, ni paro: el limbo que sufren varios informáticos de la Universidad de La Rioja dura ya seis meses

Cuando los trabajadores del soporte informático de la Universidad de La Rioja llegaron a su puesto de trabajo el 1 de junio, no les dejaron pasar. Una sentencia había confirmado cesión ilegal de trabajadores y les había reconocido como plantilla de la Universidad de La Rioja. Ante ello, la empresa subcontratada, Inycom, había extinguido la relación con ellos y los había dado de baja en la Seguridad Social. Mientras, la Universidad no les permitía entrar hasta que no hubiera sentencia firme y empezó a contratar a otros trabajadores para suplirles.

Así, han pasado seis meses es los que los afectados han pasado por una situación muy complicada: sin trabajar ni cobrar su sueldo, a pesar de que la sentencia reconocía su integración, y sin prestación de paro, por no haber sido despedidos, sino subrogados “Cuando fuimos a pedirla, nos dijeron que no podíamos porque no había una carta de despido, no nos habían despedido, hay una subrogación, es decir, que pertenecemos a la Universidad, pero no tenemos puesto de trabajo”, explica uno de los afectados, que advierte de las dificultades a las que se ha enfrentado con dos hijos y una hipoteca que seguir pagando.

Más de tres años de proceso judicial

Han pasado ya tres años desde que siete trabajadores denunciaron por cesión ilegal de trabajadores a la Universidad de La Rioja, Inycom y la Fundación Universidad de La Rioja. Por ello, los afectados reconocen haber “previsto ahorros para afrontar una situación que no sabían hasta cuando se iba a extender”, aunque subrayan la importancia y las dificultades que han atravesado ante la falta de ingresos. Ahora, empiezan a ver la luz con dos de los siete trabajadores ya reintegrados en la institución pública y otros tres con recursos aceptados para la ejecución provisional de la sentencia, que debe producirse, por tanto, en las próximas semanas.

La primera vez que la Justicia les dio la razón fue en mayo del 2024. Tras denegarlo en primera instancia el Juzgado de lo Social y presentar un recurso de suplicación en el Tribunal Superior de Justicia, este reconoció que han sido objeto de cesión ilegal y obligó a la universidad a reintegrarlos. En concreto, les ofrecía elegir si trabajar en Inycom, en la Fundación UR o en la Universidad de La Rioja y optaron por esta última, donde trabajaban físicamente y a la que daban servicio en exclusiva, a pesar de estar contratados por Inycom, que “solo era la empresa intermediaria”, como apuntan.

No obstante, la sentencia también recoge que les tenían que contratar como personal indefinido no fijo, es decir, pasado un tiempo, su plaza podría salir a oposición o a concurso de méritos y por tanto, podrían perderla. Así, recurrieron la fijeza en el Tribunal Supremo, que aún no ha respondido. No obstante, como apunta uno de los informáticos, “la reintegración era inamovible, es decir, la sentencia obliga a la universidad sí o sí a cumplir con lo que había dictaminado, es no se puede rebajar”.

Ante la situación de desprotección en la que quedaban a la espera de sentencia firme, solicitaron la ejecución provisional de la sentencia, es decir, que la Justicia obligase a la Universidad a incorporarlos mientras se resolvía el recurso en el Supremo. A pesar de que incluso la universidad dijo no oponerse a ello, los juzgados lo denegaron en primera instancia. Después, les dieron la razón y los dos primeros trabajadores volvieron en junio a su trabajo en la Universidad de La Rioja. Hace unos días, según ha explicado la Universidad, se han recibido los autos para reintegrar en un plazo de un mes a otros dos trabajadores y se está a la espera de recibir las indicaciones para conocer el plazo de integración del quinto trabajador. Los dos trabajadores afectados restantes aún no han recibido respuesta al recurso planteado.

Dos sueldos para un puesto de trabajo

La Universidad de La Rioja, preguntada por este asunto, subraya que “en ningún momento se ha opuesto a esta ejecución provisional” y alude a que fueron los Juzgados de lo Social los que no autorizaron esta integración provisional en un primer momento. Sin embargo, la resolución del recurso afea la pasividad de la UR por mostrarse a favor de la integración pero después “instarles a salir de las instalaciones y a dejar de prestar sus servicios”, según dice la sentencia. Eleva después el tono y llega a recoger: “Solo nos cabe acceder a la solicitud de ejecución provisional, pues, de lo contrario, se podría producir una actuación en claro fraude procesal tendente a dejar vacío de contenido e impedir la eficacia del fallo de la sentencia declarando la existencia de cesión ilegal y el derecho del actor a integrarse en la plantilla de la UR”.

Por parte de la UR, también señalan que “en tanto el personal de Inycom se va integrando provisionalmente, la Universidad ha continuado ofreciendo el servicio de microinformática y atención a los usuarios de la comunidad universitaria. Para ello, se ha contratado al personal necesario, con fecha fin de contrato vinculada a las resoluciones de los diferentes recursos”. Es decir, a pesar de no oponerse a la integración, la universidad realizó una oferta de empleo y contrató a otros profesionales para hacer las mismas funciones. Esto supone además estar pagando, con el dinero público de la institución, dos sueldos por un mismo puesto de trabajo y el mismo periodo de tiempo, ya que a los informáticos a la espera de integrarse les pagarán los meses que no han estado cobrando cuando vuelvan a su puesto en la UR.

Los nuevos contratos realizados serán de muy poca duración además, porque los nuevos trabajadores del servicio irán siendo despedidos según vuelvan los reconocidos por la Justicia. Dos de ellos apenas trabajaron tres semanas hasta que llegaron las primeras integraciones en junio. “Tirando dinero público y dando un peor servicio, porque no tienen la experiencia que tenemos nosotros”, dice uno de los siete afectados, algunos de los cuales tenía más de 20 años de antigüedad en su puesto. Este informático espera que se vayan cumpliendo los tiempos para poder volver a su trabajo después de “muchos meses sin cobrar nada”.