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Cifuentes promete bajar los impuestos “al final de la legislatura” pero no acepta hacerlo ya como exige Ciudadanos

Cifuentes rechaza corrupción en su Gobierno: "Nada ni nadie me va a apartar de la tolerancia 0 contra la corrupción"

Sofía Pérez Mendoza

Con la amenaza velada de su socio de Gobierno que hace pender de un hilo los próximos presupuestos, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha prometido bajar los impuestos “al final de la legislatura”, pero no se compromete a hacerlo ya, como exige Ciudadanos con el IRPF como condición para aprobar las cuentas de 2018.

Cristina Cifuentes ha afrontado este jueves la apertura del Debate sobre el Estado de la Región con un discurso de ecuador de legislatura centrado más en sus logros que en los anuncios. Los que ha hecho han sido, en gran parte, sociales. Entre ellos, una Estrategia de Igualdad entre hombres y mujeres que incentivará a las empresas que favorezcan la conciliación; un Plan de Reconocimiento de la Función Docente y un Plan de Residencias 2017-2020 con el que prometen aumentar el número de profesionales.

Este último anuncio llega tras la denuncia pública de los profesionales y los familiares de la deficiente atención a los mayores en estos centros por la falta de recursos. Otros se han reiterado revestidos de anuncio, como la conversión del desmantelado Hospital Puerta de Hierro en un centro de Cuidados Sanitarios de media estancia.

Otra de las grandes intenciones desveladas por la presidenta es la ampliación de la línea 11 para unir las estaciones de Plaza Elíptica y Conde de Casal; y la conexión a través de un túnel peatonal entre las estaciones de Sol (Cercanías) y Gran Vía. Lo primero costará 285 millones de euros y prevé estar listo en 2023; lo segundo, 18, y se completará en 2019 según las previsiones.

Cifuentes se ha dirigido durante su discurso los grupos de la Asamblea, a quienes les ha advertido de que “los partidos no pueden ser elementos de bloqueo para las expectativas de los ciudadanos”. Desde la tribuna ha subrayado que su Gobierno está cumpliendo los acuerdos de investidura con Ciudadanos, una percepción que el grupo ha desmentido en paralelo por redes sociales dando cuenta de que un gran porcentaje de lo acordado está “en marcha” pero no “cumplido”. En este sentido, Cifuentes ha culpado del retraso de algunos proyectos al “estéril bloqueo en la vida política nacional que ha retrasado varios meses nuestro presupuesto para 2017”.

“Lealtad a España”

Cristina Cifuentes ha aprovechado su intervención para recordar un día después de las primeras detenciones vinculadas al 1-O “la lealtad a España que justifica y da sentido a cualquier Gobierno autónomico, y también a este”. “Yo me comprometo a seguir brindando durante el próximo año ese apoyo rotundo de la Comunidad de Madrid al Estado, a la Constitución, a las leyes, y al Gobierno de la Nación que las cumple y las hace cumplir”, ha dicho.

El vicesecretario general del Partido Popular Pablo Casado, que ha asistido al debate, ha mandado también un mensaje a la Generalitat para que tome como referencia el Gobierno de Cifuentes. “Le diría a la Generalitat que se fije más en el Gobierno de Cifuentes, que se preocupa por los problemas de la gente. ¿Nos imaginamos que viene Cifuentes a decir que, fuera de lo que dice la Constitución, se quiere independizar de España? Sería absolutamente ridículo”, ha aseverado a su llegada a la Asamblea de Madrid.

“Tolerancia cero contra la corrupción”

La presidenta ha hablado brevemente de corrupción en su segundo Debate sobre el Estado de la Región, el primero que se celebra tras destaparse la operación Lezo. “Les puedo asegurar que nada ni nadie me va a apartar de este camino de absoluta tolerancia cero contra la corrupción”.

En el ecuador de la legislatura, dos diputados y un asesor han tenido que dimitir por estar cercados por casos de corrupción anteriores a la etapa de Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid y otro, el diputado Bartolomé García, aún en sus funciones, está señalado por la Guardia Civil.

“Superada la mitad de la legislatura continuamos cumpliendo un doble compromiso que muchos creían incompatible: no subir los impuestos y, lejos de hacer recortes sociales, destinar casi 9 de cada 10 euros a políticas sociales y mejorar los servicios públicos”, ha resumido la presidenta en un discurso donde la sanidad se ha llevado buena parte del protagonismo.

Sobre el sistema público de salud ha dicho que es “la mejor sanidad de España y una de las mejores del mundo”, pese a que el servicio, según un estudio de Facua, ha empeorado para el 68% de los madrileños en los dos últimos años. Cifuentes ha mencionado varios proyectos en marcha, aún sin desarrollo, como la Ley de Salud Pública o un Libro Blanco de la Sanidad. Y también ha hecho referencia a un Plan de Infraestructuras Sanitarias para reformar los hospitales públicos, donde las caídas de techos e inundaciones se han repetido en los últimos años.

Como ejemplo del “espíritu de mano tendida” de su Gobierno, Cifuentes ha utilizado el principio de acuerdo sectorial educativo firmado con los sindicatos pese a que CCOO y UGT denuncian que no se está cumpliendo con los puntos a priori establecidos. Y cuyo enfado ha estallado en un comienzo de curso marcado por el retraso de los llamamientos de profesores interinos que ha obligado a los centros públicos a empezar a funcionar sin toda la plantilla. En vías de construcción está también la Ley del Espacio de Educación Superior, cuyo primer borrador fue rechazado por los rectores. El segundo, que se acaba de aprobar con modificaciones, empezará su tramitación en las próximas semanas.

“No hacemos una política de marketing y anuncios. Hacemos anuncios, los ponemos en marcha y obtenemos resultados [...] y además, todo esto lo hemos hecho, como dijimos, sin subir un solo impuesto a los madrileños”, ha destacado Cifuentes, que considera que “la legislatura no solo está encarrilada, sino que está resultando muy productiva”.

También ha dado algunos datos en materia de vivienda ante la atenta mirada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que ha acudido al Pleno para hacer entrega al Gobierno de una carta en la que exigen la tramitación de una Ley Urgente de Derecho a la Vivienda basada en su Iniciativa Legislativa Popular, que ya cuenta con las firmas suficientes para ser considerada.

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