La oposición concluye que el PP usó las instituciones de la Comunidad de Madrid para lograr beneficios “ilegítimos”
La Comisión de Investigación sobre la Corrupción Política en la Comunidad de Madrid acaba de presentar sus conclusiones. El dictamen provisional señala que el Partido Popular usó las instituciones regionales “para obtener beneficios ilegítimos en favor de intereses partidistas, personales o empresariales” entre 2007 y 2015.
El documento, que tiene que ser ratificado por la Asamblea de Madrid y será trasladado a la Fiscalía Anticorrupción, apunta a tres responsables fundamentales de los hechos que se relatan: Francisco Granados, Ignacio González y Esperanza Aguirre. Y concluye que el PP pudo beneficiarse “con el desvío de fondos desde fundaciones o empresas contratistas de la Comunidad de Madrid para la financiación de campañas electorales”.
Según el informe final, los conservadores también utilizaron este dinero público para “fortalecer su imagen pública”, beneficiar “personalmente” y “engrosar el patrimonio personal” a determinados altos cargos y premiar a algunas empresas con “contratos irregulares o adjudicaciones a cambio de favores”.
En la cúpula de casi todas las tramas investigadas estaba, según las conclusiones, Esperanza Aguirre, que “no ejerció (premeditadamente o no) ningún control sobre las actividades irregulares de los miembros de su gobierno” pero sí usó “arbitrariamente su poder para satisfacer caprichos personales utilizando las instituciones de la Comunidad de Madrid”. Tanto Francisco Granados como Ignacio González están bajo la lupa de la justicia: ambos están imputados por los casos Lezo y Púnica, respectivamente, y el primero ya está condenado por un chivatazo incluido en Púnica.
La comisión, creada en octubre de 2015, ha indagado durante más de tres años en hasta 13 casos sospechosos de corrupción ya judicializados: Innassa, Emissao o el campo de golf de Chamberí, relacionados con el Canal de Isabel II y la trama Lezo; el espionaje político a rivales de Aguirre que se juzga estos días en la Audiencia Provincial; Arpegio, los cursos de formación con el caso Aneri, Telemadrid, la venta de viviendas públicas del IVIMA o el papel de la Agencia de Informática de Madrid en el caso Púnica. Según el informe final, estas empresas públicas “fueron instrumentos para eludir o minimizar los controles propios de la Administración que son mucho más rígidos en materia de contratación, de pagos y de contratación de personal”.
En ellas, “de forma premeditada y estudiada”, los responsables señalados “designaban a personas de su entera confianza” que hicieron posible “una red clientelar que permitía” a los políticos “incluir directamente en sus decisiones”, incluye el informe, que asegura que este “control” llegó “incluso al ámbito judicial”, como en la Fiscalía de Madrid.
El dictamen registrado este jueves en la cámara regional acusa al Gobierno de la Comunidad de Madrid de “obstaculizar deliberadamente la investigación propiciando la injerencia de la justicia en las labores parlamentarias”. Según el dictamen, este extremo ha propiciado la “carencia de documentación” y ha “impedido que se pudieran investigar el caso de los Teatros del Canal y la adjudicación de suelos públicos para colegios concertados a la empresa ALFEDEL S.L”.
