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Ayuso crea una comisión presidida por su propio viceconsejero de Hacienda para evaluar las concesiones público-privadas

Isabel Díaz Ayuso y Enrique López durante la inauguración del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en diciembre de 2020.

David Noriega


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Las concesiones público-privadas han sido durante décadas una de las señas de identidad de los gobiernos del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. Desde Alberto Ruiz-Gallardón hasta Isabel Díaz Ayuso, desde la Puerta del Sol han salido millonarios contratos que han engordado las cuentas de empresas privadas a costa de obras y servicios que podrían haber sido gestionadas por la administración pública. Ahora, el Consejo de Gobierno ha impulsado la creación de un nuevo organismo autonómico para evaluar la rentabilidad de los futuros proyectos. Una Comisión de Evaluación Financiera hecha a medida y presidida por su viceconsejero de Hacienda, que fiscalizará las iniciativas que surjan desde Sol.

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Una de las más importantes en cuanto a volumen económico y duración es la de la Ciudad de la Justicia, que comprometerá a la región al pago de casi 2.000 millones de euros de dinero público durante los próximos 35 años y cuyo pliego de concesión y explotación está a punto de publicarse. La Comunidad de Madrid confía en colocar la primera piedra antes de las elecciones de 2023.

Con la creación de esta comisión, el Ejecutivo de Ayuso escapa del control de la Oficina Nacional de Evaluación, creada a partir de la Ley de Contratos del Sector Público, de noviembre de 2017. Esa norma obliga a las comunidades autónomas a adherirse a ese órgano o a crear otro “equivalente” para realizar informes sobre “la rentabilidad” de los proyectos y las concesiones público-privadas. Cinco años después de la entrada en vigor de esa ley, y a las puertas de la licitación del macroproyecto de la Ciudad de la Justicia, esto es lo que ha hecho ahora el Gobierno regional: un organismo que evalúe sus iniciativas.

Pese a que la norma manda que los organismos de evaluación autonómicos sean “equivalentes” a la oficina nacional, en el caso de Madrid hay algunas diferencias importantes. Principalmente, en lo referido a la independencia de sus miembros. Por ejemplo, la Comisión de Evaluación Financiera creada por Ayuso está formada por cinco altos cargos dependientes de su Gobierno: la preside su viceconsejero de Hacienda, respaldado por tres directores generales y la titular de la Intervención General de la Comunidad de Madrid.

La Oficina estatal, en cambio, tiene algunos miembros con una mayor pátina de independencia. Está presidida por la presidenta de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRsScon), María Luisa Araújo, y formada por un vocal de este mismo organismo, además, eso sí, de tres subdirectores o directores generales. En sus informes pueden participar también dos vocales, con voz pero sin voto: uno a propuesta de las organizaciones empresariales representativas de los sectores afectados y otro designado entre académicos, profesionales y técnicos de reconocido conocimiento en la materia que se aborde.

Los cinco miembros de la oficina estatal lo son de libre designación, pero la OIRsScon es, en principio, un organismo con un mayor grado de independencia. Aunque está adscrito al Ministerio de Hacienda e integrado por una presidencia y cuatro vocales que son nombrados a propuesta del Consejo de Ministros, su regulación les permite tener las manos libres a la hora de emitir informes y tomar decisiones. Por ejemplo, sus miembros tienen que ser funcionarios de carrera con al menos diez años de experiencia en materias relacionadas con la función pública. Además, tienen condición de independientes e inamovibles durante los seis años que dura su mandato, que no puede ser renovado. Esto es, quien los ha nombrado no puede echarlos.

El decreto de creación de la Comisión de Evaluación Financiera se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el pasado 9 de mayo y, según este mismo texto, está en marcha desde el día siguiente. El organismo tiene como finalidad “analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios” e informar sobre ellos “con carácter previo a la licitación de los contratos”. En concreto, se refiere a aquellos casos en los que se realicen aportaciones públicas a la construcción o la explotación de la concesión y cuando el importe de las obras o los gastos del primer establecimiento superen el millón de euros, como es el caso de la Ciudad de la Justicia, el tercer intento del macroproyecto que soñó Esperanza Aguirre y que quiere culminar Ayuso.

La creación de esta Comisión llega también tras varias tentativas fallidas de la oposición en la Asamblea de Madrid para que algún organismo independiente elaborase un estudio comparativo sobre las ventajas o desventajas de la construcción y la gestión pública del complejo judicial, frente a la opción concesionaria por la que se decanta el Gobierno regional.

La Comunidad de Madrid dio luz verde al proyecto a finales de 2021 y se encuentra en este momento ultimando los detalles para publicar el pliego de la concesión de la obra y la explotación del recinto, que agrupará en un mismo complejo todas las sedes judiciales de la capital. El consejero de Justicia, Enrique López, ya avanzó en mayo que el adjudicatario se encargaría de las obras, que costarían alrededor de 500 millones de euros, y de la explotación, mediante el pago “de un canon que estará en torno a los 50 millones de euros durante 35 años”.

La Comisión de Evaluación Financiera deberá pronunciarse sobre la rentabilidad de ese proyecto, que fue presentado el pasado noviembre. En enero, Más Madrid ya pidió a la Mesa de la Asamblea que solicitase a la Cámara de Cuentas un informe sobre el coste comparado de la financiación con concesión privada de la ejecución, como está previsto, y la alternativa de ejecución directa de la Comunidad, pero no se admitió a trámite. Tras la negativa, el grupo de Mónica García presentó un recurso, que también fue rechazado. “No nos quedan dudas de que ha sido esa insistencia y los recursos de amparo de Más Madrid, pidiendo una evaluación previa, a la que se han negado desde el Partido Popular, lo que ha precipitado que después de casi cinco años desde la Ley de Contratos del Sector Público crearan la Oficina de Evaluación”, señala el portavoz de Hacienda de este grupo en la Asamblea de Madrid, Eduardo Gutiérrez.

“Poca autonomía en sus informes”

“La creación de una Oficina de Evaluación Financiera de las concesiones público/privadas es una necesidad imperiosa para una región gobernada durante más de veinte años por un partido que ha hecho un uso abusivo de las concesiones con empresas privadas”, considera Gutiérrez. No obstante, lamenta que “la han acordado reduciendo la independencia, al eliminar en su consejo a expertos independientes y nombrando solo a funcionarios de alto nivel, que en esta Comunidad serán elegidos a gusto del PP de Ayuso y tendrán poca autonomía en sus informes”.

Precisamente, la Cámara de Cuentas ya dio un tirón de orejas a la Comunidad de Madrid por las concesiones de la obra pública para la construcción de la M-404 y M-407, así como su conservación, gestión y explotación del servicio público de carreteras financiadas mediante el sistema de peaje. En un informe, con fecha de 23 de marzo de 2022, el ente fiscalizador advierte que solo entre 2016 y 2018 las empresas concesionarias obtuvieron unos beneficios de 122 millones de euros. Una cantidad “muy superior” a la tasa interna de retorno (TIR). Es decir, las empresas obtuvieron una rentabilidad muy por encima de la prevista.

Todo ello, mientras la previsión de gasto público se habría disparado por diferentes cuestiones, según el ente fiscalizador: recursos judiciales, dejación de funciones por parte de la Administración o solicitudes de reequilibrios concesionales, por ejemplo por los perjuicios causados por la pandemia. Algo que, según la Cámara de Cuentas, “genera una incertidumbre sobre el coste total de estas concesiones para la Comunidad de Madrid hasta tanto no se resuelvan”. Por eso, y para evitar situaciones similares en futuros proyectos, el ente fiscalizador recomienda “de cara a posibles nuevas contrataciones” que “se efectúen los análisis precisos” o, al menos, “que exista un estudio comparativo de lo que costaría a la Administración asumir la construcción de la infraestructura con sus propios medios”. 

Este mismo órgano también señaló en varias ocasiones el descontrol y la falta de eficacia del sistema de concesiones público-privadas en los hospitales de la región, que construyó a través de este modelo Esperanza Aguirre. En varios informes, el ente fiscalizador anotó incrementos sobre lo presupuestado con cargo a las arcas públicas y tratamientos hasta seis veces más caros en algunos de estos hospitales, frente a los que eran de gestión pública directa.

Hasta ahora, los consejeros de este órgano, encargado de fiscalizar a las administraciones de la Comunidad de Madrid, se elegían por una mayoría de dos tercios en la Asamblea de Madrid, por lo que debía haber cierto consenso que garantizaba, en parte, su independencia. Con la denominada ley ómnibus, el Ejecutivo de Ayuso pretende cambiar esta mayoría por una de tres quintos o simple, lo que le permitiría aprobar una nueva composición solo con la abstención de Vox.

Esta medida ha provocado el rechazo de los grupos de izquierdas en la Asamblea regional. La portavoz de Unidas Podemos, Carolina Alonso, afirmó que el Gobierno quería “controlar” la Cámara de Cuentas para que los encargados de fiscalizar los contratos “puedan ser designados por el PP” y ahondar en “la falta de transparencia”. “No creen en la división de poderes democráticos y apuestan por un débil control institucional. Por eso quieren amordazar a la Cámara de Cuentas, para tener las manos aún más libres y seguir con su clientelismo y prácticas corruptas”, acusa Gutiérrez, que considera que por el momento “es un órgano que goza de un razonable grado de autonomía, independencia y profesionalidad, que ahora le molesta al PP”.

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