De las amenazas a la orden de parar la obra pública: dos años de guerra económica entre Montoro y Carmena
La guerra económica entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el Ayuntamiento de Madrid ha entrado en una nueva fase con el requerimiento de la Delegación del Gobierno que exige al Ejecutivo de Manuela Carmena anular acuerdos plenarios que paralizarían 577 proyectos de obra pública en la capital. El Ayuntamiento ya ha advertido que obviará la orden de la Delegación del Gobierno que dirige Concepción Dancausa porque supondría paralizar su política de infraestructuras e incluso abandonar proyectos que reclamaron todos los partidos representados en el Pleno, incluido el PP.
El conflicto, lejos de estar resuelto, se aviva y amenaza con torpedear infraestructuras que el Gobierno municipal había diseñado para la recta final de la legislatura, como por ejemplo la ampliación de aceras en el barrio de Chueca.
La pugna entre el Ayuntamiento de Madrid y Hacienda se remonta a principios de 2016, cuando el Gobierno de Ahora Madrid presentó al Ministerio de Montoro las primeras cuentas municipales. La respuesta inicial de Hacienda fue acusar a la Administración local de vulnerar la regla de gasto por 16 millones de euros. El Ayuntamiento defendió que eso venía provocado por la paga extra de 2012 de los funcionarios aprobada por el Gobierno central a finales de 2015 y que afectaba a todas las administraciones, un gasto imprevisto puesto que la decisión era muy posterior a la previsión de gasto. Amparándose en este supuesto incumplimiento, Hacienda solicitó entonces un Plan Económico Financiero (PEF) que plantease una solución y detallase las previsiones de gasto de los ejercicios 2016 y 2017.
Meses antes de que el Gobierno municipal presentara el Plan económico en octubre de 2016, el Ministerio advirtió durante el verano que su intención era rechazarlo. Cuando por fin el Ejecutivo de Carmena aprueba su plan en el Pleno de septiembre gracias a los votos del PSOE, Hacienda tarda quince días en contestar. Y lo hace con una dura advertencia al concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, Carlos Sánchez Mato, a través de sendas cartas que solicitan la aprobación de un “acuerdo no disponibilidad de crédito” por 17 millones y más información sobre su programa económico.
Hacienda avisa en uno de los escritos dirigidos a Sánchez Mato que la “falta de cumplimiento de esta obligación constituye una infracción muy grave” de la Ley 19/2013, que en la práctica supondría la destitución del concejal de Economía del consistorio madrileño. La amenaza estaba lanzada: el Gobierno municipal por escrito avisaba de que si no se cumplían sus instrucciones, estaba dispuesto a recurrir a forzar la caída de Sánchez Mato. El enfrentamiento institucional tiene pocos precedentes.
El Ayuntamiento decidió entonces aprobar recortes por 17 millones en sus cuentas públicas y presentar nueva información de su Plan Económico Financiero en diciembre. En medio, en la web de Hacienda se aseguraba que Madrid cumplía con regla de gasto. El Ministerio público lo desmintió y llegó incluso a acusar al Consistorio de hackear esta web. En enero, el Ministerio volvió a rechazar el PEF alegando que el Consistorio “no implementa las medidas solicitadas tendentes a la consecución de las reglas fiscales”. Montoro volvía a tumbar el plan económico del Gobierno de Carmena para 2016 y 2017.
Así que cuando el Ayuntamiento de Madrid presenta la ejecución de las cuentas de 2016 el pasado febrero, ya cuenta con que Hacienda volverá a requerir un nuevo PEF. El cierre del ejercicio anterior se traduce en tres cifras: 1.055 millones de superávit, 923 millones de amortización de deuda y más de 200 millones de incumplimiento de la regla de gasto. Hacienda solicita un nuevo plan al Consistorio de Carmena.
La respuesta a esas cuentas llega a principios abril. Otra vez: Hacienda tumba el PEF y en esta ocasión solicita recortes por más de 230 millones de euros del presupuesto de 2017. El concejal Sánchez Mato recibió una solicitud en la que el Ministerio exigía que la corporación local aprobase una “no disponibilidad de crédito” por un importe mínimo de 238 millones de euros tras acusar a la Administración Local de saltarse la regla de gasto en 2016. La petición planteaba que el Ayuntamiento de la capital debía inmovilizar esa cantidad de sus previsiones de gasto para este año. El Ejecutivo de Carmena decidió aceptar la decisión de Hacienda siempre dejando claro que aprobar la no disponibilidad de crédito no iba a ir acompañado de recortes en las cuentas. A la vez, lleva a los tribunales la decisión del Ministerio por considerar que la interpretación es incorrecta.
Por eso, tras aprobar la no disponibilidad de crédito en los plenos de abril y mayo, el Gobierno municipal busca otro plan para garantizar las inversiones previstas, algunas de ellas solicitadas en el Pleno por partidos de diferente signo político.
La solución que encontró el Ayuntamiento fue acogerse a la disposición adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que permite que el destino del superávit obtenido por las corporaciones locales una vez aprobada la liquidación del Presupuesto se aplique a la financiación de inversiones financieramente sostenibles. En otras palabras, proyectos que no ocasionen un gasto plurianual ni obligaciones futuras.
En la práctica el Gobierno de Ahora Madrid eliminó las partidas del presupuesto tal y como le pedía Hacienda para luego financiarlas con su remanente de tesorería tras catalogar las inversiones como financieramente sostenibles. Delegación de Gobierno ha dicho ahora que tampoco acepta esta solución y pide anular esos créditos extraordinarios. Su orden supondría paralizar la inversión pública del Ayuntamiento. Algunos de esos proyectos que se propone frenar están ya rematados. Manuela Carmena se ha reunido en varias ocasiones con Montoro, o su equipo, para abordar el tema. La respuesta por parte del ministro siempre ha sido inflexibilidad.
Los ayuntamientos salvan las cuentas de Montoro
El Gobierno de Ahora Madrid defiende que su planificación de obras está amparada por la ley y atribuye a intereses partidistas las decisiones de Montoro de aplicar un rasero diferente según el color político de las administraciones que incumplen. “Otras muchas, desde la Comunidad de Madrid al propio Gobierno central incumplen sistemáticamente las reglas de déficit. Estas no tienen superávit, ni reducen deuda, ni reciben cartas coercitivas del Ministerio de Hacienda”, se quejaba públicamente Sánchez Mato hace unos meses.
El enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Madrid y Hacienda ha acaparado todos los focos pero el malestar en las administraciones locales es general. La mayoría de municipios pide desde hace meses una nueva interpretación de la regla de gasto más justa con las corporaciones locales, que han visto en los últimos años cómo se frenaban sus inversiones mientras sustentaban con su ahorro las cuentas del Estado.
La paradoja es que Montoro ha logrado cumplir este año con el compromiso pactado con Bruselas gracias a las corporaciones locales que han compensado los excesos del resto de las administraciones públicas que forman el Estado. Los ayuntamientos han logrado ahorrar más de 7.000 millones en 2016, de los cuales más de 1.000 millones corresponden al Ayuntamiento de Madrid. Al contrario, el Gobierno central no cumplió con su objetivo de déficit del 2,2% y se ha desviado en tres décimas, algo más de 3.000 millones de euros.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que preside el alcalde socialista de Vigo, Abel Caballero, se ha manifestado en contra y reclamado una flexibilización del techo de gasto para las corporaciones locales en varias ocasiones. “El sistema actual de cómputo del techo de gasto es perverso en contra de las corporaciones locales. Dado que tenemos superávit, que respetamos el techo de gasto, y que en términos de deuda ya estamos en los objetivos cumplidos del año 2021, parece razonable que se haga una interpretación del techo de gasto más proclive y propicia hacia los Ayuntamientos”, reclamó la FEMP a principios de año.
La mayoría de alcaldes sostiene que la regla de gasto que se aplica a los ayuntamientos “no solo es ineficiente, porque no se emplean recursos disponibles, sino que es contraria a la equidad. Los ayuntamientos no están sobrefinanciados, son recursos que necesitan”.
