Cuatro años pagando un piso protegido en Getafe que no existe

Un centenar de familias de Getafe, al sur de Madrid, arrastran desde hace años una reivindicación que resumen en solo tres palabras: “Queremos nuestras casas”. Fueron adjudicatarios de una vivienda protegida en 2015 e hicieron reservas que llegaron a suponer un importe superior a los 40.000 euros. Deberían haber entrado a vivir dos años después. No solo no ha ocurrido, sino que los afectados ni lo vislumbran a medio plazo. La adjudicataria ha abandonado las obras a mitad de este verano y el Ayuntamiento de Getafe reconoce que, a día de hoy, solo se ha alcanzado el 23% del proceso de construcción. La entrega, aseguraban esta misma primavera, iba a ser en septiembre, pero los vecinos estiman que no llegará hasta 2021.

Se trata de una promoción de Vivienda de Protección Pública de Precio Limitado (VPPL) en el barrio de El Rosón, compuesta por dos edificios con pisos de entre 60 y 110 metros cuadrados (entre dos y cuatro habitaciones). Estaba previsto, además, que tuvieran piscina en la azotea, trastero y garaje. En marzo de 2015 el Ayuntamiento adjudicó los pisos a través de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) a 124 de familias, dejando una veintena libre para alquilar más tarde. Los requisitos: ser natural de Getafe (o en su defecto, trabajar allí), no tener otra vivienda en propiedad y que los ingresos oscilaran entre 1 y 7,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). El precio máximo de venta se fijó en 1.790 euros el metro cuadrado. O sea, entre 107.000 y 196.000 euros por piso como máximo.

Las casas están ubicadas en los terrenos de un antiguo polígono industrial pero, tras la expansión de la ciudad en las últimas décadas, se permitió su uso residencial. De hecho, están ubicados en una buena zona, con todos los edificios de nueva construcción y a un paseo del centro neurálgico de Getafe, además de tener buenas conexiones de transporte público. Una suma de condiciones que hacían que la promoción fuese atractiva para muchos.

El presupuesto era de 12 millones de euros y el plazo de entrega se fijó en 18 meses, para finales de 2017. Pero en estos años ha pasado de todo: falta de licencia, errores en el sorteo de adjudicación, paralización de obras por contaminación de los terrones y, en el penúltimo capítulo, el abandono de las constructoras, después de que una de ellas se declarara en quiebra.

Dos años esperando una licencia

Los problemas llegaron nada más adjudicar los pisos, porque el proyecto no contaba con licencia para comenzar las obras. Fue la primera demora, que hizo que algunos vecinos rechazaran el piso al no ver avance alguno. No había demasiado problema para continuar, porque los que se iban eran sustituidos por otros a los que se designaban -ya sin sorteo- las viviendas de los primeros. Mientras, los vecinos ya abonaban en varios pagos la reserva del piso, que rondaba el 20% del precio final, en algunos casos unos 40.000 euros.

La licencia no llegó hasta casi dos años después, una fecha en la que los vecinos deberían haber entrado ya a sus nuevas casas. Al ser una reserva y no un contrato de compraventa, no era un periodo de obligado cumplimiento, algo habitual cuando se depende de terceros. En aquel entonces se sacó a concurso el pliego de condiciones, pero se tuvo que repetir por un error procedimental: abrieron antes el sobre económico que el técnico, cuando la ley de Contratos del Sector Público estipula que se haga al revés. Ya era marzo de 2017 y había que volver a la casilla inicial. El atraso era tal que se decidió juntar esta licitación con la parte destinada a alquiler. Así, se argumentaba, ahorraban tiempo, trámites y costes económicos.

Se llevó a cabo el sorteo y a la nueva adjudicataria, la constructora Becsa, le dieron unas semanas para presentar la documentación previa. Antes de que eso ocurriera, se echó para atrás y rechazó el proyecto. El concurso se tuvo que repetir otra vez, y la encargada de la promoción es una Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Oca y Oproler, entonces ya salpicada por el caso de las mordidas del 3% en la Generalitat. Todos estos contratiempos consumen el año 2017 al completo y las excavadoras no llegan a la parcela hasta marzo del año siguiente.

No habían pasado seis meses cuando las obras tuvieron que parar. Al escarbar, los operarios habían encontrado materiales sospechosos de contaminación. Hubo que hacer distintas pruebas. Los desechos hallados no suponían un riesgo para los vecinos, pero se decidió retirarlos y, para llevar a cabo todas estas operaciones, se necesitaba la autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, que tuvo que estudiar el caso antes de dar luz verde.

El hallazgo alargó la paralización hasta febrero de este año. Pese a todo, el Ayuntamiento aseguró que los vecinos podrán tener, por fin, su vivienda en septiembre. Es más, viendo que el proyecto comenzaba, sacan a sorteo la parte destinada a alquileres. “Veíamos que no iba al ritmo que debería, no cumplían el planning, decían que iban con retraso pero que era recuperable”, cuenta Álvaro, un afectado por los retrasos. Estaba en lo cierto: este plazo tampoco se ha cumplido. A principios de junio, El Confidencial adelantaba que la constructora Oproler entraba en concurso de acreedores por no poder afrontar sus deudas.

Las viviendas estarían listas “a la vuelta de verano”

No obstante, la otra integrante de la UTE -Oca- aseguró que seguiría con las obras, lo que animó a la alcaldesa, Sara Hernández (PSOE), a dar un “mensaje de tranquilidad” y anunciar que haría “todo lo que está en su mano para que a la vuelta de verano puedan disfrutar de sus viviendas”. Pero el 1 de agosto, Oca abandona también la promoción y el Ayuntamiento reconoce que el avance de las obras es del 23%. Fuentes del consistorio explican que la EMSV no aprobó determinadas certificaciones de obra y que “lógicamente no pudieron ser abonadas”, ya que la empresa municipal “no estaba conforme en cómo se estaba llevando a cabo y en los plazos que se habían realizado los trabajos”.

“No estaban cumpliendo lo establecido en el plan, así que lo hicieron para presionar, hasta que no avanzaran más”, cuenta uno de los afectados que se ha reunido con los representantes públicos: “La propia constructora les reconocía ya que no iban a llegar a la entrega, que los precios de construcción han subido y que o se rebajan las calidades o les aumentaban presupuesto. La EMSV se negaba”. Al final, consideraron que no era rentable y abandonaron el proyecto. Por su parte, el consistorio ya ha anunciado una licitación “urgente” para la próxima semana y, en declaraciones a este periódico, aseguran que están trabajando en “el análisis jurídico de las posibles compensaciones y/o indemnizaciones”.

Los planes de vida pospuestos

Los vecinos temen que el nuevo proceso de licitación lleve varios meses, “más todo lo que queda por construir”, que aún son tres cuartas partes del total, lo que les hace pensar que solo las obras sumarán otro año a la espera. Y, después de todo lo ocurrido, los vecinos tienen miedo de que ninguna constructora se presente, ya que los precios de la construcción son ahora más caros y, por tanto, es más difícil ajustar presupuestos.

El plazo inicial para la entrega de los pisos hizo que los adjudicatarios trazaran sus planes de vida contando con esta nueva residencia. Algunos han tenido hijos, otros se han visto obligados a posponer esta idea. También hay quien no ha podido casarse, y todos se dividen entre tener que pagar otra vivienda o continuar en casa de sus padres.

“Me he casado este julio y cuando cogí la fecha de la boda, a un año vista, imaginaba que iba a estar en mi casa, pero sigo de alquiler”, cuenta el adjudicatario Álvaro, que reconoce que “había calculado estar de alquiler para menos tiempo”. “Eran los ahorros de toda nuestra vida”, lamenta sobre el adelanto que dieron en 2016 pues, en su caso, entraron sustituyendo a otros adjudicatarios que prefirieron abandonar la espera: “Aguantamos porque, tal y como están los precios de vivienda libre, no podemos permitirnos otro”. A día de hoy, el metro cuadrado en esa zona está a 2.642 euros en vivienda construida, un 47,4% más caro de lo estipulado para sus pisos protegidos, de nueva construcción

Raúl, otro vecino a la espera de su piso, llegó también por una renuncia. “Era septiembre de 2017, me dijeron que empezaba para finales de año y lo pusieron muy bonito: en año y medio dos años estaba listo”, relata, e incide en que se animó “por la confianza que daba que fuera un proyecto de una empresa pública”. Él tenía previsto ir a vivir con su pareja y, de momento, mantiene la espera en el domicilio de sus padres. “Luego no arrancaba y solo nos daban largas, no soluciones”, critica. De haber sabido todo lo que vendría después, continúa, “hubiésemos tenido posibilidad de coger otro piso, pero ahora está todo a un precio que es imposible, ni obra nueva ni segunda mano. Si no, nos daríamos de baja”.