El Ayuntamiento de Madrid contrata a una alto cargo de la empresa a la que cedió y luego recompró la gestión de la M-30
La nueva directora de producción de la sociedad encargada de la explotación de la M-30, Calle 30 —que este 2026 volvió a ser una entidad totalmente pública 20 años después—, ocupaba ese mismo cargo en Emesa. Es decir, en la sociedad privada que durante esas dos décadas ha poseído un 20% del organismo responsable de gestionar la M-30. Desde el área de Obras del Ayuntamiento de Madrid aseguran que todos los procedimientos de contratación se han desarrollado “conforme a la normativa” y “con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad”.
Sonia Suárez trabajó en Emesa desde 2006, al poco tiempo de ejecutarse la privatización parcial. Ocupó el alto cargo de responsable de producción de febrero de 2017 a diciembre de 2025, cuando dejó su puesto. Solo un mes después se incorporó a Calle 30, justo al materializarse la salida de Emesa en la participación de la sociedad y al completarse la remunicipalización.
Como directora de producción, Suárez coordina la planificación, organización y supervisión de los recursos y procesos operativos (asfaltado, seguridad, señalización...) en Calle 30. Esta es, a su vez, la sociedad municipal encargada del mantenimiento y explotación de la M-30, la principal vía de circunvalación de la capital. Con 48 kilómetros, se trata de la autopista más transitada de España y cuenta con la red de túneles urbanos más extensa de Europa: 32,5 kilómetros de un anillo que rodea el centro de la ciudad.
Pese a la remunicipalización, Calle 30 (ahora liderada por el polémico exconcejal Javier Ramírez) sigue ejecutando muchas de las operaciones y proyectos en la vía a través de adjudicaciones con empresas privadas. Paradójicamente, esos contratos pueden ir a parar a empresas que antes integraban la propia Emesa. De ahí que Samuel Romero, consejero apoderado de Calle 30 durante la etapa de Manuela Carmena en Cibeles, alerte en conversación con Somos Madrid de “un conflicto de intereses evidente” al colocar a una antigua dirigente de Emesa como alto cargo de la empresa pública. De hecho, cree que esa vinculación podría seguir vigente: “Cuando te nombran cargo público, sueles pedir excedencia en tu puesto de origen”.
Romero expone la dificultad del puesto de Suárez y las dificultades que entraña la posición de la que procede: “Ha trabajado en empresas que ahora va a tener que vigilar. Eso complica exigir que cumplan sus contratos, algo que ya es muy difícil de por sí con las resistencias que ponen unas compañías que buscan ahorrar hasta el último céntimo”. Es por ello que cuestiona el nombramiento, aunque no duda de los “conocimientos” de Suárez “sobre obra civil y las materias de su competencia”.
Ha trabajado en empresas que ahora va a tener que vigilar. Eso complica exigir que cumplan sus contratos, algo que ya es muy difícil de por sí con las resistencias que ponen unas compañías que buscan ahorrar hasta el último céntimo
Algunos de estos contratos ascienden a importantes cifras, como el formalizado el pasado noviembre (cuando la remunicipalización no se había completado y Suárez seguía en Emesa) por valor de casi 198 millones de euros para la explotación y conservación de los túneles del anillo de la M-30. El órgano de contratación, la propia Calle 30, lo adjudicó a una UTE (Unión Temporal de Empresas) integrada por Serveo, API Movilidad, Sociedad Ibérica de Construcciones Eléctricas y Asfaltos Vicálvaro. Algunas de esas compañías estaban integradas en la propia Emesa, conformada por Ferrovial (ahora renombrada como Serveo), Api Conservación (perteneciente al mismo grupo que Api Movilidad, imesAPI) y Dragados.
Desde el área de Obras del Ayuntamiento de Madrid (la delegada, Paloma García Romero, preside Calle 30), en declaraciones a este medio, justifican que “la sociedad está adaptando su estructura y medios a la nueva forma de gestión”. En este contexto, argumentan, “se han iniciado varios procedimientos de contratación de personal para dar cobertura a las nuevas necesidades de recursos humanos”. Defienden que todos ellos se han desarrollado “conforme a la normativa aplicable, con arreglo a los principios de igualdad, mérito y capacidad, mediante las correspondientes convocatorias abiertas a todas las personas interesadas, previamente autorizadas e informadas por el Ayuntamiento de Madrid”.
Una “oportunidad perdida” para “crear una empresa pública potente”
A raíz del nombramiento de Suárez y las millonarias adjudicaciones que el mantenimiento de la M-30 siguen suponiendo para la administración, Romero cuestiona que el Ejecutivo de Almeida no haya aprovechado la remunicipalización para “crear una empresa pública potente”. Una entidad encargada de “funciones básicas, ordinarias o repetitivas por mucho que luego se liciten labores concretas”: “Han vuelto a licitar contratos de conservación o mantenimiento y las antiguas integrantes de Emesa ahora son adjudicatarias de ellos. Se ha perdido una oportunidad brutal de ahorrar los márgenes de beneficios de las empresas”.
El problema, opina el exconsejero de M-30, es que eso “contradice el modelo de privatización, que solo han abandonado porque suponía destinar muchos fondos y era claramente una atrocidad”. Según Romero, “mantienen el trasfondo de inflar de contratos a las constructoras y ahora ponen a supervisar a alguien que conoce perfectamente ese modelo y que viene de él”.
La gestión de Calle 30 es 100% pública, pero solo desde el pasado 1 de enero, cuando el Ayuntamiento de Madrid puso fin a una privatización parcial que arrastraba desde los tiempos de Alberto Ruiz-Gallardón y por la que dilipendiaba 55 millones de euros anuales. Una cifra calculada en la etapa de Romero, en 2017, cuando ejecutó una auditoría sobre su situación financiera. En total, el agujero ronda los 1.100 millones de euros.
Romero recuerda que, cuando el equipo de Carmena accedió al poder, pudo comprobar de primera mano la “opacidad en la documentación de los contratos y licitaciones” dentro de Calle 30: “Nuestra labor no fue solo modernización o sostenibilidad, sino preguntar qué habíamos hecho con el dinero público. Nos topamos con certificaciones de obras opacas y contratos de conservación con conceptos ambiguos y duplicados. Buscábamos mayor transparencia y establecer mecanismos para no repetir errores”.
Remarca que continuar con el contrato con Emesa a partir de 2025 habría resultado “ilegal” y que su etapa al frente de la sociedad “contribuyó a poner esa realidad delante”. La de “un modelo deficiente que nunca debería haberse constituido”. Su mayor lamento es no haber podido completar la remunicipalización ya en la década pasada, antes de que el Partido Popular recuperara el poder: “No tuvimos tiempo suficiente”, dice. El cese de Carlos Sánchez Mato, concejal delegado de Economía y Hacienda que controlaba Calle 30 hasta su destitución en diciembre de 2017, frustró los planes más ambiciosos.
El fin de un modelo “lesivo” entre diversas contrataciones
Gallardón apostó en 2005 por un modelo de gestión a través de una empresa mixta para llevar a cabo el ambicioso soterramiento de la vía, con un 80% de propiedad municipal y el otro 20% en manos de varias constructoras agrupadas en la Empresa de Mantenimiento y Explotación SA (Emesa). Ferrovial, Dragados y Api Conservación constituyeron esta sociedad para firmar un contrato que podría extenderse hasta 2040.
“Lesivo para las arcas públicas municipales”. Así es como el dictamen final sobre la auditoría de Madrid Calle 30, a partir de un informe de la Cámara de Cuentas, definía el modelo de gestión elegido para la sociedad. La investigación impulsada durante el mandato de Carmena reveló que la arquitectura de la gestión de Emesa fue ideada por el equipo de Gallardón para intentar que la deuda generada durante el soterramiento de la M-30 no computara a los fondos del Ayuntamiento. Por ello, aunque Calle 30 comenzó como una empresa pública en 2004, un año después dio entrada al capital privado para evitar los controles de la Unión Europea y que el exalcalde pudiera ejecutar la obra a costa de un endeudamiento no permitido por las instituciones comunitarias de control.
El acuerdo, sin embargo, recogía la opción de su revocación en 2025. Una cláusula que el Gobierno de José Luis Martínez-Almeida acabó ejerciendo. Con ello, dejó de pagar el IVA o el impuesto de sociedades de todas sus operaciones, así como los dividendos obligados a abonar por haber constituido una empresa en lugar de asumir una gestión pública.
La decisión, irrevocable, fue tomada por el área de Obras y Equipamientos después de un informe del área de Hacienda que informaba del ahorro para las arcas públicas. El cambio de gestión implica que todas las labores de mantenimiento efectuadas por Emesa deben que ser licitadas en nuevos contratos de gestión, como el adjudicado a finales de 2025 por casi 200 millones de euros.
Actualmente Calle 30 se encuentra en pleno proceso de contratación de otros altos cargos, como el de director gerente, cuya oferta de empleo fue publicada el pasado 13 de marzo. La remuneración anual del puesto se sitúa por encima de los 103.000 euros brutos. En área de Obras afirman que “se resolverá de conformidad con las bases publicadas mediante el procedimiento previsto”. Apostillan que la convocatoria tiene por objeto “cubrir la vacante que se producirá con la salida del actual director gerente [Antonio Tocino de la Iglesia], que ha comunicado su voluntad de extinguir la relación laboral con Madrid Calle 30 en un puesto de la máxima importancia para la gestión diaria del servicio”. Otras convocatorias en una fase más avanzada incorporarán tres oficiales administrativos, un técnico del área de instalaciones, uno de estructuras, uno más de explotación y otro especializado en modelos digitales 3D.
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