La chapuza del Edificio España

Algo olía a podrido en el Edificio España desde que se conocieron las intenciones del Banco Santander de venderlo a un empresario chino y cerrar una rentable operación inmobiliaria. El escándalo llegó cuando se hizo público que en la venta estaba incluida una intervención municipal poco justificada: permitir la demolición parcial del inmueble, que hasta antes del verano contaba con el máximo de protección.

La operación del Ayuntamiento, despreocupado de la pérdida de su patrimonio en aras de los intereses privados, se completó de la peor forma posible: aprobó el cambio en medio del verano, con medio Madrid de vacaciones. El periodo de alegaciones duraría el mes de agosto y los responsables municipales -suponemos- confiaban en que hacerlo en este periodo de escasa actividad sirviera para que a nadie le apeteciera cuestionar el cambio en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que proponían. Pero la jugada no les ha salido redonda todavía. Gracias a Ecologistas en Acción.

El grupo conservacionista publicaba hace unos días en El País un duro texto en el que sacaba a relucir las “numerosas deficiencias” del cambio propuesto por el equipo de Ana Botella en el PGOU, entre ellas no reservar los obligatorios metros cuadrados de dotaciones públicas gracias al enorme aumento de edificabilidad que regalaba al nuevo comprador, nada menos que 3.687 metros cuadrados. De ellos, 1.106 deberían dedicarse a equipamientos y zonas verdes de titularidad pública. Pero el Consistorio se olvidó de ese pequeño detalle.

El método seguido para introducir el cambio también es equivocado. El procedimiento está solo reservado a errores materiales en la catalogación de un elemento, y no para modificaciones de gran enjundia como esta. Además, ha de hacerse por iniciativa pública y no a instancias de una empresa privada como el Banco Santander. Para más inri, la petición la hizo la entidad bancaria de la familia Botín cuando ni siquiera era ya propietaria del inmueble, ya que en ese momento ya había completado la venta.

Esta operación es un ejemplo de cómo ha funcionado hasta ahora la cultura del pelotazo inmobiliario en este país: una entidad compra un inmueble cuyo valor ha bajado en picado. Luego, en connivencia con la administración pública -no sabemos a cambio de qué favores- obtiene una recalificación (en este caso la posibilidad de demolerlo parcialmente y ganar más de 3.000 metros cuadrados de edificabilidad) que revaloriza el edificio para completar la venta a la alza. Negocio redondo. Para todos menos para los propietarios reales de ese patrimonio cultural: los ciudadanos.