Isabel Franco admite “errores” en su gestión pero los achaca a una crisis “nunca vista”

La vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, ha admitido este martes “errores” en la gestión de su departamento durante la crisis generada por la COVID-19, pero ha recordado que no había “planes ni modelo a seguir” por una situación “nunca antes vivida”.

Durante su comparecencia a petición propia ante la Asamblea Regional, Franco ha valorado la propuesta del secretario general del PSRM-PSOE, Diego Conesa, que ha pedido crear una comisión de evaluación del modelo de residencias de mayores, que acapara más de la mitad de los fallecidos por coronavirus en la Región.

“No estoy en contra y no entra en conflicto con la comisión creada por el Gobierno regional para afrontar la salida de la crisis”, ha apuntado antes de indicar que, actualmente hay 84 casos positivos entre los residentes y 81 profesionales afectados, habiendo superado la enfermedad 141 usuarios.

“Son las noticias menos malas que podíamos tener y empezamos a ver la luz al final del túnel”, ha apostillado Franco antes de incidir en que solo ha habido casos en 4 de las 107 residencias públicas y concertadas en la Región.

La vicepresidenta ha declarado que la llegada de una pandemia desconocida ha provocado que se hayan puesto en marcha recursos “muchas veces improvisados”, pero ha aclarado que esa situación sufrida por las administraciones ha estado “marcada por las circunstancias”.

Franco ha resaltado que “nunca va a entrar en la confrontación”, aunque ha considerado “inaceptable” que la diputada de Podemos María Marín le haya acusado de estar “desaparecida” durante la llegada de los casos de COVID-19 en las residencias de ancianos y discapacitados.

En este sentido, ha indicado que han seguido “en todo momento” las instrucciones de la Consejería de Salud y ha estado en “permanente contacto” con su titular, Manuel Villegas, que, en su opinión, era la “voz autorizada” en una “crisis sanitaria” porque estaba “más preocupada de gestionar que de la foto”.

Unificar las prestaciones

La vicepresidenta ha aprovechado su comparecencia para anunciar que tiene previsto remitir en mayo al Consejo de Gobierno y “acelerar todos los trámites” del anteproyecto de Ley de Servicios Sociales, que pretende “unificar” todas las prestaciones para que sean uniformes a todos los municipios de la Región.

Finalmente, ha destacado que su departamento ha bonificado el precio de la plaza de los 230 usuarios de residencias de mayores y discapacitados que han abandonado temporalmente estas instalaciones por temor a un posible contagio de COVID-19.

Desde los grupos parlamentarios, PP y Cs han defendido la “anticipada gestión del coronavirus”, mientras que PSOE y Podemos han denunciado la falta de material de protección entre las aUxilares de ayuda a domicilio, entre otras deficiencias detectadas.

Conesa ha denunciado que a los ciudadanos les “falta información” sobre los procedimientos o requisitos que ha puesto en marcha la Consejería dirigida por Franco, lo que les genera “incertidumbre” frente a los posibles futuros beneficiarios, por lo que ha pedido que se mejore en este asunto.

Por eso, ha exigido a Franco que trabaje con los técnicos de los servicios sociales, a través de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, para mejorar y conocer la situación de estos servicios, y que se cree una comisión parlamentaria de evaluación de las residencias, entre otras medidas.

Mientras, el portavoz parlamentario de Vox, Juan José Liarte, ha resaltado la importancia de políticas para agilizar la digitalización, sobre todo, de las personas mayores que tras la crisis sanitaria tendrán “una total desconexión”.

Por su parte, la diputada de Podemos María Marín ha pedido a la consejera que “no negocie” con la renta básica de inserción, ya que en una medida “fundamental” para muchas familias de la región, para las cuales será el “único” ingreso.

Desde la bancada de Cs, Francisco Álvarez ha destacado la “anticipación y rapidez de respuesta” de la Consejería para gestionar la crisis, ya que prohibió las visitas a los centros del IMAS, ordenó el cierre de los 17 centros sociales y los 54 centros de día bajo su responsabilidad, “lo que permitió” frenar la expansión del virus.

Por último, la parlamentaria popular María del Carmen Ruiz ha defendido la gestión del Gobierno regional, puesto que las medidas han sido “anticipadas” a España como pedir que se parase la actividad esencial, confinar a los municipios costeros o la compra de material sanitario.