Ni se enteran ni se quieren enterar de que España tiene una Constitución aconfesional: es decir, el Estado, y consecuentemente todas sus instituciones, no tiene religión oficial. Aunque no sea laico, ni mucho menos ateo. Mejor nos iría si fuera el caso de cualquiera de estos dos últimos. Porque, tal como está la cosa, hemos de soportar las algaradas pseudolibertarias de la derecha, espoleada por la jerarquía y una gran parte de la Iglesia católica, cada vez que se pretende introducir un mínimo cambio en la ley que aproxime la enseñanza a lo que sería un sistema educativo propio de un estado contemporáneo “de nuestro entorno”.
Así que los trafalmejas de derechas y de la ideología católica montaron ayer una nueva cencerrada, en el mejor estilo de aquella CEDA, al terminar la votación sobre la 'ley Celaá', que pasa a ser a partir de ya el nuevo objetivo de acoso y derribo de la derecha de toda la vida: esa que se reconoce y pretende pervivir en el caldo de cultivo heredado del nacionalcatolicismo que tantos bienes nos deparó durante los cuarenta años más ignominiosos y liberticidas de la historia de España.
Lo explicó suficientemente en 'El subdesarrollo social de España' (2006, 1ª edición) Vicenç Navarro, quien habló de un “fundamentalismo preocupante, motivado por la percepción errónea de que la Iglesia está hoy perseguida en España por un gobierno de izquierdas que en el desarrollo de su mandato electoral, y ampliamente respaldado por la opinión popular (tal como demuestran las encuestas), está realizando algunas reformas (…) que antagonizan a las autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica (sic) española, la cual recibe un subsidio del Estado, pagado por creyentes y no creyentes, por una cantidad de 3.626 millones de euros, cantidad, por cierto, que sería suficiente para proveer escuelas públicas de infancia de 0 a 3 años a todos los niños y niñas españoles que carecen de ellas”.
Seguimos igual prácticamente 15 años después del escrito de Vicenç Navarro ––que como todo el mundo derechista sabe es un venerable indocumentado de 83 años que, entre otras muchas cosas, fue profesor de Políticas Sanitarias y Sociales, Políticas Públicas y Estudios Políticos en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore (EE.UU.). Les suena, ¿verdad?
Pero el cinismo nacionalcatólico llega al nivel de enarbolar el estandarte contra el “adoctrinamiento” de los tiernos infantes que supone cualquier modificación de la ley educativa que pretenda introducir un gobierno de izquierda ––tibia o socialcomunista bolivariano, que es el caso––, mientras simultáneamente utiliza a esos mismos niños que tienen a su disposición porque estudian en colegios de curas y monjas para sacarlos a la calle a pedir “libertad de enseñanza”, previo adoctrinamiento en las aulas y en los patios escolares por esos mismos clérigos o por quienes cobran de ellos.
Claro que el nacionalcatolicismo educativo no adoctrina; simplemente canaliza la luz del Espíritu Santo para que los menores de edad se convenzan firmemente ––¿o fanáticamente?–– de cuál es la verdad de la buena. Buen ejemplo tenemos en esta Región, donde la CONCAPA y la Federación de Escuelas Católicas campan por sus respetos y hacen lo que les viene en gana en clara connivencia con el Gobierno de López Miras, ahora, y de Valcárcel o Pedro Auditorio Sánchez, antes. Pero ellos no adoctrinan, no, aunque su instrumento de coerción intelectual sea una religión. No, ellos “convencen”. O “convierten”, que queda como más propio.
Digo que hacen lo que les viene en gana, y alientan a hacerlo, porque no hay más que ver las facturas “voluntarias” que los colegios religiosos financiados con dinero público ––léase los conocidos concertados Maristas, Carmelitas, Jesús-María, etc., etc., etc.–– pasan mensualmente a los padres de alumnos. Algunos de los cuales padres empadronan a sus hijos bien lejos de su domicilio real para que puedan disfrutar de la “educación” en esos centros concertados amamantados por el Estado. Sarna con gusto no pica.
Habría que recordarles––padres que rellenan esos impresos y colegios que los aceptan–– que el Padrón Municipal es documento público y que existen cosas llamadas falsedad en documento público, y también falsedad en documento privado, tipificadas en el Código Penal. En cualquier caso, queda claro que mienten como bellacos cuando rellenan y presentan esos papeles, pero no se arrepienten ni se confiesan para obtener el perdón de su dios, como deberían hacer en tanto que buenos católicos que quieren confiar la formación de sus hijos a los representantes de la Santa Madre Iglesia para que queden firmemente encaminados al paraíso. Cual inofensivos yihadistas.
No podría ser esto distinto desde el momento que, fiel a la tradición política que ha mamado, el actual presidente regional se declaró insumiso el día antes, el miércoles, de la votación en el Congreso asegurando no solo que recurrirá la 'Ley Celaá', sino que ya estudian los juristas de la CARM “todas las opciones jurídicas para que en la Región de Murcia se aprueben las contrarreformas necesarias para no aplicar esa ley que va contra la libertad”.
¿Quién preguntó a la máxima autoridad de la Región y representante del Estado qué iba a hacer ante la inminente aprobación de la LOMLOE? Blanco y en botella: el portavoz de Vox, Juan José Liarte. Así que los veremos a todos juntos en unión bajo un cristo crucificado en la manifestación del domingo. Y no recordarán que algunos de los que quieren jironear la piel de toro ––PNV y JuntsXCat–– votaron con ellos y con los ciudadanos regeneracionistas fallutos contra la mayoría de representantes del pueblo en el Congreso de los Diputados de este Estado aconfesional. Vale.
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