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López Miras, a Dios rogando y con el mazo dando

Convocados por la Plataforma Más Plurales, colectivos de la educación concertada se manifiestan contra la ‘Ley Celaá’ en el Congreso, el día de su aprobación, en Madrid (España), a 19 de noviembre de 2020.

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En el pasado pleno de la Asamblea Regional (miércoles 18 de noviembre) el presidente Fernando López Miras anunciaba por sorpresa la ampliación del contrato hasta final de curso de los 1.500 docentes incorporados con motivo de la COVID-19, pero se lamentaba de que los fondos del Ejecutivo central (76 millones para educación) solo llegaban hasta finales de este año 2020.

También el pasado lunes 16 en la Comisión de Educación, el representante del grupo popular se quejaba de que no había dinero para llevar a cabo las medidas y propuestas planteadas por Docentes Unidos y de que hacía falta exigir más dinero al Gobierno central. Desde Docentes Unidos nos parece una incongruencia que desde el Ejecutivo regional se escuden en la falta de financiación y rueguen al Gobierno central más partida presupuestaria mientras que aquí, en Murcia, se perdona una multa de más de 300.000 de euros al colegio concertado Antonio de Nebrija de Cabezo de Torres por el cobro de cuotas ilegales..., con lo bien que nos vendría ahora ese dinero para luchar contra la pandemia en las aulas. En algunos centros, concretamente en el colegio público Rey Juan Carlos I de La Unión, llevan dando clase en barracones desde 2014, por poner un ejemplo. Por no hablar del problema del amianto en tantos y tantos centros públicos infrafinanciados.

De todos es sabido el apoyo de los gobiernos del PP a la educación privada subvencionada, por lo que no nos ha sorprendido la foto de nuestra consejera de Educación, doña Esperanza Moreno, portando el lazo naranja en la solapa. Nunca la vimos engalanada con un lazo verde o con una camiseta del mismo color en apoyo de la pública. Una penafresquemos la memoria un momento: ¿Por qué surgen los centros concertados hace 40 años? En ese momento no había dinero para hacer frente a la avalancha de alumnado, sobre todo a partir de la LOGSE de 1990, que ampliaba la edad de escolaridad obligatoria de los 14 a los 16 años. Sin embargo, esta medida, la de financiar con dinero público centros en esencia privados, en vez de ser algo provisional, fue utilizada por los políticos para hacer negocio y como herramienta para la captación de votos. Desde entonces, las CC.AA., que tienen las competencias en Educación, han renunciado a construir centros escolares públicos y han preferido que lo hagan grupos privados para luego concertarlos. Menudo chollo, ¿no?

En nuestra Región se han creado decenas de centros privados nuevos en estos años, frente a un número irrisorio de centros públicos, hasta tal punto que en algunas zonas no existe la libertad de elección, porque frente a cuatro o cinco centros concertados en la zona no hay ninguno para los niños cuyos padres optan por la enseñanza pública. Tiempo después, tras el concierto de los Bachilleratos y FP gracias a la nefasta ​Ley Wert​, muchos centros públicos se han quedado sin alumnado para estos niveles.

En comunidades como la nuestra la educación pública está infrafinanciada a costa de la concertada, que además se sufraga doblemente gracias a las cuotas "no obligatorias" que cobran a las familias por diversas cuestiones, lo que da como resultado que la mayoría de alumnos de clases sociales más desfavorecidas estén en los públicos, dando lugar a que muchos centros se conviertan en verdaderos guetos con unas instalaciones muy deficientes.

Volvamos al día de hoy. No sabemos exactamente a qué tipo de gastos se han destinado los recursos ofrecidos por el Gobierno central (más de 70 millones), como tampoco sabemos cuánto dinero está invirtiendo el Gobierno de López Miras. Decía nuestro presidente (en referencia a la prórroga de los contratos de los compañeros que ejercen de 'chicovids') que el Gobierno regional hará frente a este gasto extraordinario, pero no sabemos ni qué partida presupuestaria tiene pensado destinar para tal fin ni si se trata de dinero de la Comunidad autónoma o de dinero proveniente de Madrid​.

Así es como López Miras le llora al Gobierno central (por un lado) y amenaza con llevar la Ley Celaá a los tribunales (por otro), mientras en la Región de Murcia se desperdicia el dinero público en felices ocurrencias y medidas estrella. Mientras desoyen las verdaderas necesidades de la comunidad educativa; las volvemos a repetir: bajada de ratios, habilitación de espacios y contratación de más docentes.

Como todas estas propuestas (las únicas que hemos demandado, las únicas que ayudarán a luchar contra la pandemia en las aulas) no parece que le gusten a nuestro Gobierno regional, López Miras prefiere echar balones fuera invocando a los demonios del eterno enfrentamiento entre pública y concertada: divide y vencerás (este mantra ha sido muy utilizado a lo largo de los años por nuestros consejeros varios), y así diluye el foco de atención y saca a la comunidad educativa de la concertada a la calle, demostrando, una vez más, su poca capacidad de diálogo y su inmemorial tendencia a esconder la basura debajo de la alfombra.

La ​Ley Celaá le ha venido de perlas, señor Miras, es ideal para correr una cortina de humo y que la gente se ponga a discutir sobre ella mientras que su Gobierno sigue sin enfrentar los problemas reales de las aulas a día de hoy: el fiasco de la semipresencialidad, la falta de ayudas para la conciliación y la falta de financiación para que los centros educativos puedan tener aulas con las máximas garantías de seguridad.

En Docentes Unidos no estamos defendiendo la LOMLOE, se queda corta en muchos aspectos (no afronta asuntos fundamentales como la bajada de ratios, la dignidad de las enseñanzas artísticas ni la puesta en marcha de la asignatura de Ética en Secundaria), pero desde luego no vamos a contribuir a difundir los bulos que desde el grupo popular se están generando para distraer a la opinión pública del verdadero desastre que se está llevando a cabo en la Región de Murcia.

Señor López Miras deje de rogar y amenazar al Gobierno nacional y céntrese en la situación que tiene en casa: alumnos expulsados de las aulas al menos un día a la semana desde infantil, familias que no pueden conciliar para atender a estos menores, carencia de medios para los alumnos cuando se quedan en casa aumentando así la brecha digital y las desigualdades sociales... ¿Le parece poco? Desde Docentes Unidos le seguimos reclamando que solucione lo que está dentro de sus competencias y que además es su obligación. Deje de abandonar a los docentes, alumnos y familias de la Región de Murcia.

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Publicado el
24 de noviembre de 2020 - 09:23 h

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