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Las quemas agrícolas que nunca acaban

Cieza cubierta de humo por las quemas agrícolas / EEA

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Las quemas ilegales de residuos agrícolas han continuado en el confinamiento y en los meses de verano en la región. La incineración de residuos agrícolas supone una aportación significativa de gases de efecto invernadero y de otros contaminantes que provocan un deterioro de la cálida del aire en la región. Las emisiones de las quemas agrícolas están compuestas por diversos gases, hollín y partículas. Su composición depende de los materiales que se quemen, pudiendo, en algunos casos, contener incluso dioxinas. El humo de las quemas dispara los niveles de contaminación por partículas y hace más vulnerables frente a infecciones respiratorias a las personas expuestas. La contaminación del aire por partículas disminuyen las defensas de las personas expuestas y perjudica su sistema respiratorio y cardiovascular, haciéndolas más vulnerables. Algo especialmente grave en el actual contexto de crisis sanitaria provocado por un virus que afecta al sistema respiratorio. A pesar de las continuas denuncias vecinales, de asociaciones y organizaciones ambientales y multas de algún ayuntamiento; las quemas siguen produciéndose en gran parte de nuestra geografía murciana.

La incineración de residuos agrícolas están prohibidas por la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados así como la propia Resolución conjunta de Direcciones Generales de Medio Ambiente, Salud pública, y Medio Natural, en relación a prácticas de quemas en el sector agrícola de marzo de 2019, que señala la prohibición de las quemas agrícolas con carácter general. Solamente hay una excepción: en el caso de que exista un riesgo fitosanitario real y comprobado por parte de la autoridad competente en materia de Sanidad Vegetal se para podrían autorizar, y bajo medidas extraordinarias de prevención.

La consejería señalaba que, hasta el 30 de septiembre, las quemas de restos vegetales agrícolas están particularmente prohibidas por la Orden de 5 de mayo como medida para proteger la salud de la población en el contexto actual de crisis sanitaria provocada por el coronavirus SARS-COV2, aunque deja una nebulosa de ambigüedad a partir de esa fecha.

Sin embargo, el número y volumen de las quemas agrícolas siguen creciendo en la región, sin que la mayoría de ellas tenga una autorización por riesgo fitosanitario real y comprobado, y sin que se adopten las medidas oportunas para evitar episodios de contaminación derivados de estas quemas de rastrojos. Pero frente a esta situación, que se ha agravado con los años, el Consejero Luengo bascula en una actitud inane para resolver el problema y el echar balones fuera ante el gobierno estatal, a pesar de que las quemas agrícolas son de competencia regional.

Es absolutamente contradictorio y criticable que el gobierno regional exija al Ministerio una estrategia frente a las quemas agrícolas a la vez que desde la consejería que dirige se siga incentivando estas prácticas sin ningún tipo de control con normas como la Orden sobre acumulación de resto vegetales, un texto que incluso vulnera la legislación básica estatal (Ley 22/2011 de residuos), tal como han advertido los servicios jurídicos de la propia Consejería. El gobierno regional debe promover el desarrollo de mecanismos alternativos a las quemas agrícolas de carácter público o colaborativo con los agricultores y las organizaciones agrícolas, que implique el uso de trituradoras de poda y otros dispositivos de gestión sostenible de residuos agrícolas. Esta tarea debe hacerse en coordinación con los ayuntamientos. Hay algunos municipios, como el de Murcia, que han iniciado un proceso de ayuda para desarrollar alternativas a las quemas como la trituración de podas y rastrojos.

Es necesario un giro en un sentido medioambientalmente sostenible, como el desarrollo de instrucciones concretas y explicitas a los agentes medioambientales dejando claro que las quemas de residuos agrícolas no están autorizadas, salvo en el caso concreto de un riesgo fitosanitario.  Es necesario que la Consejería asuma sus competencias, las prohíba definitivamente y establezca con las organizaciones agrícolas alternativas de gestión de residuos agrícolas como el triturado de podas y rastrojos para su uso como abono natural y manto vegetal.

La falta de coordinación dentro de la Consejería de Agricultura y Medio ambiente, que ostenta las competencias en materia de quemas agrícolas y su escasa voluntad en afrontar el problema de las quemas, es la responsable de que sigamos teniendo casi a diario imágenes de quemas de residuos agrícolas no autorizadas que siguen afectando a la calidad del aire que respira la población en numerosos municipios de la Región.

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Publicado el
18 de septiembre de 2020 - 09:29 h

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