Ciudadanos no es de color naranja

Miguel Sánchez, exportavoz de Ciudadanos en la Asamblea Regional, fue apartado de sus funciones y relegado de la primera línea de la política por haber demostrado que el Partido Popular de la Región de Murcia trabajaba más bien poco y más bien mal, porque no cumplía con las exigencias presupuestarias de los naranjas y, año tras año, hasta cuatro, demostró con las enmiendas en la mano que los populares habían incumplido los acuerdos firmados.

El de Caravaca, que había crecido políticamente a la sombra de los gobiernos del PP, evolucionó desde la complacencia hacia el hartazgo y llegó al punto de considerar imposible alargar más la permanencia del PP al frente de las instituciones públicas. Casi al final de la legislatura, los que mandan en Ciudadanos (Paco Álvarez y Miguel Garaulet) fueron avisados por los prohombres del PP de que Miguel Sánchez se había convertido en un obstáculo y que la erosión del gobierno regional había llegado al punto de poder perder la suma de mayoría absoluta de azul + naranja, como finalmente pasó.

Hubiera sido un escándalo mayúsculo que la destitución viniera desde la misma Región de Murcia, así que se hizo vía Madrid. Fran Hervías seleccionó a Isabel Franco, se inventaron unas primarias exprés y el resultado es historia conocida. Nada podía frenar la orden que ponía al Partido Popular como socio preferente para conformar nuevos gobiernos, una orden que venía de la derivada, mal estudiada, de que la mayor parte de los votantes de Ciudadanos procedían de los caladeros del PP. Mal estudiada porque se consideró en Madrid que el electorado no es dinámico y, por tanto, no fluctúa. Falso.

En la Región de Murcia se prometió a Miguel Sánchez la designación de senador autonómico dada su delicada situación personal, se había dejado la piel por levantar la imagen de Ciudadanos y abandonado su despacho profesional, con lo que eso conlleva. Una promesa que el exdiputado no terminó de creerse y por lo que afirmó que iba a “dedicarse a su familia”, apenas seis meses después tendrá que volver a olvidarse de sus obligaciones caseras para irse al Senado, las vueltas de la vida.

No fue esta comunidad autónoma una excepción del posicionamiento de los peones de Albert Rivera en todo el territorio nacional. Póngase como ejemplos más cantados la operación de Toni Cantó o el fiasco en Castilla y León que trajo a Francisco Igea a la presidencia del partido. Todavía por resolverse por vía judicial varios de esos procesos.

Antes de eso, a finales de 2018, una desbandada de cargos intermedios sacudió el partido naranja. En esas fechas fue Carolina Punset y varios parlamentarios valencianos los que dieron el portazo, acusando a la dirección de una deriva derechista y de convertirse en la “marca blanca del PP”. Ahora se reproduce ese capítulo, con la salida de los pesos pesados como Toni Roldán (portavoz nacional en economía), Javier Nart (Eurodiputado), Vázquez (diputado asturiano) y Miguel L. Bachero (exsecretario Programas en Murcia). Habrá más, sólo es cuestión de tiempo.

En su huída hacia delante, Albert Rivera se llevó al Congreso de los Diputados a Inés Arrimadas, descabezando Cataluña, para que los golpes se los llevara ella, quemándola. No sólo salva así su propia piel, mediáticamente hablando, sino que evita que los críticos se lo coman y buscaran un relevo en la única persona que hubiera podido hacerle sombra, la propia Arrimadas.

En el colmo del absurdo, cuando los socios europeos (ALDE, liberales, ahora en proceso de liderazgo de la UE a manos de Enmanuel Macron) amenazaban con dejar fuera de la formación y del núcleo de las decisiones a Rivera por sus pactos con Vox, éste e Inés Arrimadas encargaron a los responsables de prensa del partido que encontraran 100 casos en los cuales el PSOE hubiera dado alcaldías a presuntos grupos radicales. Se materializó en una campaña en Twitter llamada #PactosdelaInfamia que las propias redes se encargaron de desmontar, señalando horquillas de gobierno imposibles y diciendo que los socialistas habían dado alcaldías al PNV, cuando la otra opción hubiera sido dársela a Bildu… inenarrable. El autor de semejante desastre no es otro que el asesor de Ciudadanos, Pablo Sarrión, conocido por instigar contra el movimiento LGTBI con hazañas tales como la campaña #OrgulloLibre, que perseguía el descrédito de cuarenta años de activismo equiparando la manifestación estatal a una feria subvencionada por la izquierda.

Al punto en que la CEOE, en boca de su presidente Garamendi, sigue exigiendo la formación de gobiernos PSOE-CS porque suman mayorías absolutas y, por tanto, estabilidad, los de Rivera se encuentran en la tesitura de encontrarse desnudos frente al espejo. Ya no hay más excusas ni más tiempos en los cuales puedan esconderse para dar la espalda a la extrema derecha, y le quedan pocos días, pocas horas en realidad, para dar un giro (en política todo es posible) y dejar al PP en la estacada, superándolo institucionalmente, y visibilizarse como opción de gobierno solvente, apoyado por sus socios europeos.

Lo contrario, como ya advertimos en este medio, será el suicidio político a 4 años vista. Una legislatura de vida en la que buscar acomodo a centenares de cargos, muchos de ellos profesionales en sus propios campos, que apostaron por la responsabilidad y estabilidad de la vida pública que un pacto, entero o a medias con Vox, nunca le dará.