Vox quiere realizar una consulta popular en la Región de Murcia para acabar con todos los centros de menores

Envalentonado por el impulso a las políticas racistas que Vox está intensificando durante el verano, el presidente de esta formación de ultraderecha en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha reclamado este miércoles en una rueda de prensa la celebración de una consulta popular para cerrar “en torno a 40” centros de menores que existen en esta comunidad autónoma. El líder de Vox en Murcia quiere que el resultado de este referéndum se aplique “no solo en la Región, sino en toda España”.

Antelo ha recordado que este mes de septiembre “debe hacerse efectivo el cierre del centro de 'menas' de Santa Cruz”, un compromiso adquirido en los acuerdos presupuestarios con el Partido Popular, al tiempo que ha vuelto a insistir en la relación de la migración con la delicuencia, un relato político que no se corresponde con la realidad: España tiene el doble de extranjeros que en 2005 y una tasa de delincuencia más baja.

Preguntado respecto a esta propuesta de Vox, el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha respondido en una rueda de prensa de forma lacónica y con una voz que reveleba agotamiento frente a esta cuestión que “en el ordenamiento jurídico está la respuesta”.

Por otro lado, Miras calificó hace unos días de “profundamente injusto, desigual y arbitrario” el decreto del Gobierno nacional sobre el reparto de menores migrantes y anunció que la Comunidad estudiará “todos los recursos posibles” para que “no se lleve a efecto”.

“No es opinable”

La consejería murciana de Política Social, Familias e Igualdad, dirigida por Conchita Ruiz, ha señalado que la Ley de Transparencia prevé las consultas públicas como instrumento para recabar la opinión de los ciudadanos sobre iniciativas concretas del Gobierno regional. Sin embargo, han dicho que este instrumento no puede utilizarse para una cuestión “cuya finalidad es antijurídica”, como lo sería una consulta sobre una competencia, como es la tutela de los menores en situación de desamparo, “cuyo ejercicio por parte del Gobierno regional es irrenunciable e incuestionable y, por tanto, no opinable”.

Por otra parte, dicha consejería ha recordado muchas veces que “no dispone de ningún centro dedicado a menores extranjeros”, sino que en la mayoría de casos se trata de centros donde también hay menores españoles.

Mientras que Antelo se desentendió del futuro de los 60 menores que hay actualmente en el centro de menores Rosa Peñas, fuentes del Gobierno regional han aducido que “esa medida requiere un proceso en el que se avanza y se esta trabajando”. “Pero estamos hablando de menores y nuestra obligación es proteger su intimidad y no ponerlos en el foco”, han añadido.

Cancelación de la compra de viviendas para menores

Ruiz canceló el pasado 1 de julio la compra de viviendas para el acogimiento de menores en la Comunidad murciana, coincidiendo con el anuncio del cierre del centro Rosa Peñas en Santa Cruz, justo dos horas después de que Abascal amenzara a través de X con retirar su apoyo a los presupuestos de la Comunidad.

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, anunció esa misma mañana en la Asamblea Regional la formación de un “comité técnico” junto con miembros de Política Social para firmar convenios con terceros países para facilitar la deportación de menores migrantes, otra de las exigencias de Vox para apoyar los presupuestos de la Comunidad murciana de 2025.

Vox quiere registrar la iniciativa a partir del día 8 de septiembre, fecha en la que concluye el periodo extraordinario en la Asamblea Regional.