Amnistía Internacional se manifiesta en el centro de salud de Vistalegre en defensa de la Atención Primaria

Amnistía Internacional Murcia sale a la calle en una acción simbólica de apoyo frente al Centro de Salud de Vistalegre-La flota en Murcia, para reivindicar el derecho a la salud en el próximo jueves 25 de Febrero de 2021 a las 11h coincidiendo con el día del lanzamiento d​el ​informe q​ue Amnistía Internacional hará público sobre la sanidad pública en España. La acción consistirá en una pequeña concentración de activistas frente a dicho centro de salud en la que se pedirá la defensa de la Atención Primaria y del personal sanitario.

Amnistía Internacional ​pone énfasis en “la precaria situación de la atención primaria que, tras años de recortes, ha quedado debilitada”. La crisis sanitaria de la COVID-19 y la falta de inversión adecuada en términos de recursos humanos, materiales e infraestructuras ha situado a la​ atención primaria “entre el abandono y el ​desmantelamiento”, según la organización.

Las autoridades sanitarias centrales y de las tres comunidades autónomas estudiadas, en el informe de​ Amnistía Internacional, contravinieron recomendaciones de la OMS y mecanismos internacionales de protección de derechos humanos que instaban a los Estados a fortalecer​ la atención primaria, con el fin de g​arantizar el acceso al derecho a la salud de todas las personas,​ especialmente las de los grupos en situación de vulnerabilidad.

“Las ​mujeres,​ que representan la mayoría de quienes cuidan a las personas enfermas”, han sufrido de manera especial la quiebra de la atención primaria al asumir los cuidados de salud ante un sistema desbordado, según dicho informe. Además han sufrido un incremento de la violencia de género durante la pandemia,​ en un contexto en el que la atención primaria podría no tener los medios suficientes para identificar a algunas mujeres víctimas de violencia de género.

Amnistía Internacional pide que las comunidades autónomas aumenten la inversión en la Atención Primaria y que ésta alcance el 25% del total del gasto sanitario público y que se garantice el derecho a la salud de todas las personas, especialmetne de las que tienen mayores necesidades.