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La Fiscalía no ve delito en la vacunación fuera de protocolo del exconsejero de Salud de la Región de Murcia

El exconsejero de Salud de Murcia Manuel Villegas.

Erena Calvo

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La Fiscalía Superior de la Región ha ordenado, a través de un decreto, archivar las diligencias que se abrieron el pasado enero para investigar la vacunación contra la COVID-19 fuera de protocolo de altos cargos de la Consejería de Salud, ha adelantado este miércoles el periódico La Verdad. Entre los altos cargos que se vacunaron antes de tiempo se encontraba el entonces consejero del área, Manuel Villegas, que dimitió tras hacerse público que se había inmunizado junto a otros 400 miembros de la Consejería. Poco después, el Gobierno regional relevaba también de su cargo al exgerente del Servicio Murciano de Salud, Asensio López, por los mismos motivos.

Un caso que el PSOE en la Región llevó a los tribunales el pasado enero al entender que se habían saltado el orden fijado en los protocolos para recibir la vacuna; a la denuncia se unió también Podemos, añadiendo la inmunización del obispo de la diócesis de Cartagena, que también había recibido la dosis contra la COVID-19 junto a otros prelados en la residencia para mayores Hogar de Betania.

Según el decreto del Ministerio Público, al que ha tenido acceso este periódico, no se dan indicios mínimos suficientes de que los hechos denunciados sean constitutivos de delito al no existir -cuando se procedió a las vacunaciones de la cúpula de Salud- norma que lo regulase: “No consta ni aprobada ni publicada en Boletín Oficial ninguna disposición de carácter general en la que se regule dicha cuestión; es necesario resaltar que para que tengan validez y vinculen las normas de contenido jurídico, y para que entren en vigor, es preceptiva su completa publicación” a través del citado diario, señala el Ministerio Fiscal. 

En su informe, el fiscal jefe José Luis Díaz Manzanera expone que saltarse el orden en el proceso de vacunación “puede suponer reproche político, social o ético, pero no penal”, al no estar tampoco tipificada “expresamente” esa conducta como infracción administrativa, ni como delito en el código penal.

Según el documento, la Consejería de Salud interpretó que la Estrategia Nacional de Vacunación en el personal de primera línea de vacunación incluye, dentro del Grupo 3, al “personal sanitario de salud pública que trabaja en la gestión directa de la pandemia y en función de su riesgo de exposición, expresión que consideraron que contemplaba también al personal de administración y servicios”.

Ese censo podría llegar cuando se completase a cerca de 70.000 personas. “La reserva de dosis que el Ministerio proporcionó a la CARM hasta el 15 de marzo, teniendo en cuenta las vacunas comprometidas por Pfizer y por Moderna, era de 172.800 dosis, lo que sería suficiente para vacunar a 86.400 personas por lo que la vacunación en paralelo aludida no iba a comprometer en ningún momento la vacunación de ninguna persona a la que correspondieses la vacunación durante esta Etapa 1”, argumentó Salud Pública respondiendo a los requerimientos del Ministerio Fiscal.

En cuanto a la vacunación del obispo de Cartagena, José Manuel Lorca Planes, junto a otros prelados, el fiscal jefe José Luis Díaz Manzanera apunta en su escrito a la conveniencia de remitir testimonio de lo actuado en relación con las inmunizaciones en la residencia Hogar de Betania a la Consejería de Salud “para que proceda, en su caso, a incoar los expedientes administrativos sancionadores pertinentes”, al entender que podrían derivarse responsabilidades administrativas al equipo directivo de la residencia.

Por su parte, desde Podemos han considerado que “si el transfuguismo, el robo de vacunas y el abandono de los mayores en las residencias no encajan en ningún tipo penal, es que las leyes están mal y solo protegen a los sinvergüenzas”. Al margen de lo que diga la Fiscalía, “la gente sabe que el comportamiento de la cúpula de la Consejería de Salud no fue correcto y que hay actuaciones que no tienen ninguna justificación; vamos a seguir trabajando para mejorar las leyes y que se castigue en el futuro cualquier comportamiento similar”.

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