El cuatripartito acuerda inversiones “sostenibles” y amortizar deuda con los 215 millones del pacto del Convenio
Los Fueros, unidos a la disciplina fiscal del Ejecutivo -favorecida, eso sí, por la reforma fiscal que elevó los impuestos- y al pacto llegado con el Gobierno central sobre la Aportación, permiten una buena noticia. El cuatripartito ha registrado este jueves una proposición de ley foral sobre inversiones financieramente sostenibles que está dotaba con 113 millones de euros y que prevé distintos proyectos para reformas en centros educativos, inversiones en salud y en la nueva sede de la Policía Foral, entre otros, además de otros gastos que ejecutarán los ayuntamientos.
La cuantía procede del superávit obtenido el año pasado por la Comunidad foral, año en el que se concretó la devolución por parte del Estado de 215 millones de euros tras la negociación sobre el Convenio Económico. El dinero restante se ha destinado en su mayoría a amortizar deuda.
La Ley de Estabilidad Prespuestaria permite a las CCAA que no hayan superado el techo de gasto y cierren sus cuentas con superávit destinar ese dinero bien a amortizaciones anticipadas o bien a inversiones financieramente sostenibles, que son aquellas que “en el largo plazo tienen un impacto positivo, directo y verificable sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y el crecimiento potencial de la economía”. En concreto, deben dedicarse a ámbitos que tengan efectos positivos sobre el cambio climático, contribuyan a la eficiencia energética, eviten gastos recurrentes o impliquen ahorros futuros, todo ello dentro de las competencias de la Comunidad foral.
Solo Euskadi, Navarra, Canarias y Baleares presentaron superávit en las cuentas de 2017, mientras que las comunidades autónomas de Murcia, Castilla y León, Aragón, Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha incumplieron en 2017 el objetivo de déficit, del 0,6%.
La ley, que cuenta con el respaldo del Gobierno de Navarra, se ha registrado para su tramitación urgente y en lectura única, de forma que podría estar aprobada el próximo 4 de octubre.
La proposición se divide en dos apartados. Uno con 20 millones de euros destinado al Plan de Inversiones Locales, inversiones que los ayuntamientos tendrán que adjudicar antes del 31 de diciembre, y el otro, con el dinero restante, para proyectos de los distintos departamentos del Gobierno de Navarra.
El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha explicado que se ha presentado esta ley al amparo de la disposición adicional 116 de los Presupuestos Generales del Estado, que “permite a aquellas comunidades que hayan cumplido con el techo de gasto y tengan superávit invertir parte de ese superávit en inversiones financieramente sostenibles”.
Según Koldo Martínez, Navarra ha cuadrado sus cuentas “ partiendo de una situación en 2015 en la que la tesorería de Navarra estaba bajo mínimos y hemos llegado, gracias a una buena gestión del Gobierno, a tener superávit, y a poder utilizar los mecanismos que ofrece esta disposición adicional”.
El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que “hace tiempo que Navarra necesitaba acometer este plan extraordinario de inversiones y aprovechando el superávit hemos sido capaces de ponernos de acuerdo entre el cuatripartito y el Gobierno de Navarra en ver qué necesidades se reconocen en los departamentos”.
Por su parte, la parlamentaria de Podemos-Orain Bai Laura Pérez ha afirmado que “es fundamental derogar la ley de Estabilidad Presupuestaria, que nos obliga a destinar este superávit o bien a amortizar la deuda o a inversiones financieramente sostenibles”, pero, en todo caso, ha dicho que “dentro del margen que tenemos, el mal menor es destinarlo a las inversiones financieramente sostenibles en lugar de destinarlo a amortizar deuda”.
La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha asegurado que esta ley “ha sido posible por la reforma fiscal que ha permitido más ingresos a las arcas forales y por la negociación del Convenio Económico con el Estado que ha hecho justicia con los navarros”. No obstante, ha reclamado también la derogación de la ley de Estabilidad Presupuestaria.
Los grupos han hecho un llamamiento al resto de grupos parlamentarios a apoyar esta norma.
Calificación crediticia A+ con perspectiva positiva
La gestión de las cuentas públicas sitúa la calificación crediticia (rating) de Navarra en la zona alta de la tabla, entre las regiones solventes. En la actualidad es A+, con perspectiva positiva, según recoge la agencia Standard & Poor’s.
Se trata de la máxima calificación posible para una comunidad española, dos escalones por encima que la otorgada al país. Esto permite a Navarra optar a mejores condiciones de financiación.
En 2017, el Gobierno foral cubrió unas necesidades de financiación de 496 millones de euros a un tipo de interés medio de 1,6%. Se trata de un tipo similar al del Tesoro, algo excepcional para un gobierno regional.
Navarra se sitúa, por volumen, entre las regiones menos endeudadas y en relación a su PIB, muy por debajo de la media española. La ratio de la Comunidad Foral es del 18,3%, frente a 24,9% de la media nacional.
