El Gobierno de Navarra impide que un fondo buitre acabe con el alquiler social de 400 familias

Tras varias semanas de intranquilidad por el miedo a perder el alquiler social, unas 400 familias de Pamplona han podido, por fin, respirar aliviadas este martes cuando el Gobierno de Navarra y el fondo buitre Testa Residencial, propiedad del gigante Blackstone, y dueño de las viviendas en las que residen, han anunciado un acuerdo para que el importe máximo del alquiler de esas viviendas sea de 650 euros.

Se trata de unas viviendas que fueron adquiridas por el fondo buitre Testa Residencial hace dos años, y que hace unos meses han perdido la calificación de vivienda protegida, por lo que su propietario ya no está obligado a destinarlas al alquiler social. Y así pretendía que fuese cuando hace unas semanas envío por correo electrónico a las primeras familias residentes en estos bloques de viviendas de los barrios de San Jorge y la Rochapea de Pamplona que sus “condiciones contractuales habían cambiado”. Testa Residencial les subía el contrato de alquiler hasta los 750 euros de media -800 en los más elevados-. Esta subida suponía para muchas personas residentes en estos bloques tener que pagar más del triple de renta de lo que venían abonando hasta ahora, ya que gracias a un programa de ayudas del Gobierno de Navarra para el alquiler social, gran parte de la renta se la cubría el Ejecutivo Foral.

Así es el caso de Ximena, madre de dos niños menores y de las primeras a las que Testa Residencial le avisó de la subida del alquiler. Ella pagaba unos 200 euros por su piso de tres habitaciones en el que vive y el resto de la renta hasta llegar a los más o menos 500 euros se la cubría el Gobierno de Navarra. Ahora, con la subida que le habían notificado hasta los 750 euros, no podría acogerse a la ayuda del Ejecutivo foral, ya que ésta sólo se aplica a aquellas viviendas con alquiler igual o inferior a los 650 euros. Ximena contaba hace unos días a este periódico, entre lágrimas, que Testa le había informado de que si el 31 de marzo no aceptaba las nuevas condiciones, que entregara las llaves y abandonase el apartamento. “Yo no puedo pagar esa cantidad que me piden, vivimos con el sueldo de mi pareja que casi no nos llegaría para pagar el alquiler, y tal y como están los precios ahora, solo nos queda quedarnos en la calle”, relataba.

Ahora, tras el pacto entre el Gobierno de Navarra y el fondo buitre Testa Residencial, Ximena y otras más de 300 familias no van a tener que acogerse a esas nuevas condiciones y renunciar a su alquiler social. Con el acuerdo de fijar un precio máximo de 650 euros de alquiler, podrán seguir acogiéndose a las ayudas del Gobierno de Navarra. En concreto, ha explicado este martes el consejero de Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos del Ejecutivo navarro, José María Aierdi, “si el inquilino tenía un 75 por ciento de subvención, el 75 por ciento del incremento lo soportaría el Gobierno y el 25 por ciento el vecino”.

El consejero ha señalado que con este acuerdo, que tendrá una repercusión para la Hacienda foral de unos 100.000 euros al año, “se resuelve de manera satisfactoria la situación, garantizando el mantenimiento de las familias en esas viviendas”.

Contratos de 7 años

Y es que cuando estos inquilinos entraron a vivir en estas viviendas, algunos de ellos hace más de 20 años, firmaron con el antiguo propietario un contrato de tres años que fueron renovando hasta la llegada de Testa Residencial que se los prorrogaba año a año con las mismas condiciones hasta este curso en el que las había cambiado. Ahora, el nuevo contrato, ha informado el consejero, “será de siete años”.

El acuerdo alcanzado hoy con el fondo buitre requiere de una modificación de la normativa desde el Gobierno foral por lo que presentarán esta misma semana en el Parlamento navarro una propuesta de modificación de la ley foral del derecho a la vivienda de Navarra en la que se plantea que “para aquellas promociones de vivienda de protección oficial destinadas a arrendamiento y que haya finalizado, la firma de nuevos contratos sea posible con personas que eran inquilinas de esas viviendas”, ha explicado Aierdi.

A los vecinos la noticia les ha supuesto “un gran alivio”. Muchos de ellos, como Noelia llevaban días “pasándolo muy mal” por la situación y la incertidumbre de qué iba a ser de ellos si se consumaba esa subida tan elevada del alquiler que no podrían pagar.