UPN acusa al interventor general de “blanquear” al Gobierno navarro por rebatir a Anticorrupción sobre Belate
UPN ha acusado al director general de Intervención, un cargo de libre designación, de “blanquear” al Gobierno de Navarra por haber rebatido el informe en el que la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción declaraba “nula de pleno derecho” la adjudicación de la obra para el desdoblamiento del túnel de Belate por 62,8 millones de euros a la UTE de Acciona, Osés y Servinabar 2000, la empresa de Antxon Alonso y Santos Cerdán.
“¿Me está acusando de blanquear? Este director general no se merece semejante acusación de llamarle blanqueador en ningún caso. No vengo aquí a que me llamen blanqueador del Gobierno”, ha espetado Juan José Pérez Capapay a Javier Esparza cuando el portavoz de UPN le ha criticado que redactara un informe de alegaciones al escrito de Anticorrupción. El director general de Intervención ha negado que el Ejecutivo de Chivite le pidiera rebatir los informes y ha defendido que la iniciativa surgió de la propia Intervención General porque existía “un interés jurídico” en hacerlo.
Con todo, el interventor ha cuestionado partes del proceso de licitación de las obras, como el hecho de que se adjudicara a la UTE en la que estaba una empresa sobre la que existían rumores de que se la iba a llevar, como es el caso de Acciona. “Yo hubiera parado la licitación”, ha asegurado. De igual manera, ha apuntado que se deberían haber corregido los puntos del reparo no suspensivo que el interventor delegado de la mesa de contratación emitió.
Juan José Pérez Capapay también ha destacado que existiría un “conflicto de intereses” en la adjudicación de la obra si se confirma que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán es propietario del 45% de las acciones de Servinabar 2000, como sostiene la UCO. “No la ha comunicado, no es transparente”, ha solemnizado.
Reparo al sobrecoste de Belete
El director general de Intervención también se ha referido al reparo suspensivo que él mismo firmó al sobrecoste de 8,5 millones de euros anunciado por la UTE de Acciona y Osés -Servinabar 2000 ha sido excluida ya de la obra- al considerar que no estaba justificado y que acabó con la destitución del director general de Obras Públicas.
“No somos ingenieros de caminos, pero sí somos técnicos cualificados en cuestiones jurídicas, económicas, presupuestarias y contables”, ha señalado para defender el reparo suspensivo. Entre otras cuestiones que justificaron el reparo, ha señalado que el sobrecoste contemplaba una revisión de precios, algo que “no cabe” en este modificado.
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