La Policía Foral navarra tendrá una unidad para delitos de odio

El Gobierno de Navarra aprobará este miércoles en su sesión de gobierno el Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia 2022-2026 en el que el Departamento de Justicia y Políticas Migratorias (el único de Podemos) lleva trabajando desde hace meses a la par de una ley que se encuentra en fase de participación y que será enviada al Parlamento foral para su aprobación antes de que finalice el 2022. El objetivo de este plan es “conocer la situación del racismo en la sociedad para tomar conciencia de la realidad y poder actuar de forma consecuente y dirigida”, ha apuntado el consejero Eduardo Santos.

En el plan se recogen un total de 46 de medidas y acciones que el Gobierno foral llevará a cabo durante los próximos cuatro años con el fin de erradicar el racismo de la sociedad navarra. Entre ellas destaca la creación de una unidad específica para delitos de odio en la Policía Foral. Según ha detallado el consejero Santos, esta medida responde a un interés de homologar la recogida de datos relativos a denuncias relacionadas con delitos e incidentes de odio por racismo o xenofobia. Según ha apuntado, el informe elaborado por la Universidad de A Coruña presentado hace unos meses como paso previo a la elaboración de este plan, apuntaba que “existe una recogida de datos bastante deficiente” en relación a estos delitos.

“Tanto el Ministerio del interior como la Policía Foral no tienen muy claro cuál es el planteamiento clasificatorio de los incidentes relacionados con la xenofobia que les llegan lo que nos impide tener una visión de la realidad que podamos traducir en políticas públicas efectivas”, ha lamentado.

A este respecto, en el plan también se recoge la aprobación de una instrucción o reglamento en los próximos años “con el fin de evitar que la Policía Foral efectúe identificaciones en función del perfil racial u origen étnico/migrante de la persona” y otra para que las administraciones públicas navarras “no soliciten el estatus migratorio de la persona en su trato con la administración, especialmente con los cuerpos de seguridad, con objeto de facilitar que las personas migrantes puedan denunciar posibles delitos sin temor a la apertura de expedientes sancionadores de extranjería”.

Estas dos medidas responden a otro punto del estudio diagnóstico presentado el pasado mes de septiembre en el que se reconoce que, en muchas ocasiones “el racismo o la xenofobia viene de la mano de las instituciones o personas que trabajan en ellas”. “Funcionarios que demandan documentación innecesaria, difícil de conseguir para una persona de origen migrante, son algunos ejemplos”, apunta el escrito. Varias de las personas de origen migrante que participaron en su elaboración reconocen haberse sentido “indignadas” por el trato recibido en las instituciones públicas.

Oficina para la atención de víctimas

Otra de las medidas destacadas del plan es la creación de una oficina pública de Atención a las víctimas de racismo y xenofobia que contará con un presupuesto de 840.000 euros para ofrecer servicios de atención integral, mediación, justicia restaurativa, documentación y sensibilización. Esta oficina, que contará con una sede física en Pamplona que se creará en los próximos meses y que contará con canales de atención telefónica y telemática, estará dotada con personal especializado y facilitará la coordinación entre agentes. El objetivo es “crear un espacio neutro, un espacio de denuncia no marcado donde las víctimas puedan acudir a hablar, pedir ayuda y denunciar la situación”, ha indicado Laura Oso, catedrática de Sociología en A Coruña y coordinadora de ESOMI, entidad encargada de la elaboración tanto del diagnóstico como del plan final.

Además, desde el Departamento se va a habilitar un canal de denuncia y asistencia telefónica para víctimas o testigos de actos o conductas racistas cuya gestión será a través de la Oficina de Atención a las Víctimas de Racismo y Xenofobia.