El Gobierno rechaza las acusaciones “malintencionadas” del PP sobre la modificación de la Ley de Función Pública

El Gobierno de Cantabria (PRC-PSOE) rechaza las acusaciones “malintencionadas” del PP sobre el fin de la modificación de la Ley de Función Pública y ha asegurado que el “único objetivo” de este cambio legislativo es “dar garantías en la promoción del empleo público” y “unificar en lo posible los procesos de libre designación”.

Así se ha pronunciado, en un comunicado, el Ejecutivo regional después de que este viernes el PP acusara al bipartito de “blindar” la Administración de cargos del PRC y PSOE que han sido en esta legislatura de altos cargos y directivos de las consejerías, valiéndose, para ello, de una modificación de la Ley de Función Pública que los 'populares' quieren que se “pare” y del concurso de méritos del Gobierno.

De la modificación de la Ley de Función Pública planteada por el Ejecutivo, y que quiere introducir a través de la 'ley de acompañamiento' a los Presupuestos regionales de 2019, el PP ha criticado que, con el cambio legislativo que se pretende, aquellos que desempeñen el puesto de subdirector general pasarían a la situación de servicios especiales y se les reservaría la plaza y el puesto orgánico que tienen, algo que no sucede ahora.

Para los 'populares', el cambio en esta ley supone una “desfachatez en toda regla” y una “aberración jurídica y política” que, a su juicio, pretende “blindar la Administración, favoreciendo a quien durante estos años han ejercido funciones de dirección dentro de las consejerías de regionalistas y socialistas”.

Sin embargo, en contra de lo que sostiene el PP, el Gobierno ha asegurado que la propuesta de reforma de la Ley de Función Pública “persigue dar garantías en la promoción del empleo público” y, concretamente, en este caso, a aquellos funcionarios “que, de acuerdo con sus méritos y capacidad, sean propuestos para el desempeño del cargo de subdirector general y para que tengan la certeza de que, una vez concluyan sus servicios, puedan retomar sus funciones en el puesto que desempeñaban con anterioridad”.

El Ejecutivo ha afirmado que las “malintencionadas” acusaciones del PP son, precisamente, “más propias” de prácticas que este partido político aplicó en su etapa de gestión de la Administración pública regional.

Pese a ello, el Gobierno PRC-PSOE ha señalado que “para evitar cualquier tipo de suspicacia, somete la decisión final sobre este asunto a lo que con total libertad decidan los grupos parlamentarios” en el trámite de enmiendas a la 'ley de acompañamiento'.