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El Ayuntamiento pedirá opinión a la Junta Consultiva del Estado sobre el contrato de Parques y Jardines

Santander pedirá opinión a la Junta Consultiva del Estado sobre el contrato de Parques y Jardines

elDiario.es Cantabria

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El Ayuntamiento de Santander recabará la opinión a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, órgano dependiente del Ministerio de Hacienda, antes de resolver definitivamente el expediente del nuevo contrato de Parques y Jardines para que “la adjudicación goce de las máximas garantías jurídicas”.

La Mesa de Contratación ha adoptado este acuerdo a la luz de las opiniones dadas por la Intervención municipal y el Servicio Jurídico, con el fin de que las consideraciones del órgano consultivo puedan aportar mayores garantías a la hora de tomar una decisión, según ha informado en nota de prensa el Ayuntamiento de Santander.

El concejal de Medio Ambiente y Movilidad Sostenible, José Ignacio Quirós, ha explicado que el análisis hecho por la Intervención municipal sobre la oferta económica de la empresa mejor valorada en el procedimiento (la UTE IMESAPI-La Encina-Copsesa) concluye que “el coste actual de plantilla queda cubierto”.

No obstante, la Intervención aprecia “un margen estrecho para cubrir el resto de costes del contrato” y, por ello, solicitó informe al Servicio Jurídico para determinar si procede o no adjudicarlo a dicha empresa.

El Servicio Jurídico, por su parte, ha concluido que, de acuerdo con la normativa vigente, si se cubren los costes laborales y medioambientales, y no se incurre en otros motivos de baja desproporcionada conforme al pliego, no habría motivo para excluir la oferta de una empresa y, si es la mejor valorada, debería proponerse la adjudicación.

De todas maneras, entiende que en este caso “concurren circunstancias de gran singularidad que no quedan suficientemente aclaradas en el ordenamiento jurídico”, por lo que aconseja acudir a la Junta Consultiva para que aclare varios extremos.

En concreto, se pedirá a este órgano que aclare si el cálculo de los costes laborales y medioambientales debe hacerse tomando únicamente como referencia el año de partida o debería extrapolarse a toda la duración del contrato, incluidas las posibles prórrogas, ya que no existe cláusula de revisión de precios.

En caso de ser necesaria esa extrapolación, se solicitará a la Junta Consultiva que indique qué criterio o variable se debería aplicar, ya sean los costes derivados de la aplicación del convenio colectivo o estimaciones obtenidas a partir de otros índices de referencia.

En tercer lugar, también se consultará qué pasos habrá que seguir si, como resultado de esos cálculos, los costes superaran el importe de la oferta presentada, es decir, si se podría excluir automáticamente al licitador o debería dársele trámite de audiencia para justificar, en su caso, si puede cumplir el contrato.

Por último, se preguntará a la Junta Consultiva si, en el supuesto de que los costes laborales y ambientales quedaran cubiertos también en todo el periodo de vigencia del contrato, pero el margen restante fuera estrecho, la mesa de contratación tiene potestad para requerir al licitador que justifique la viabilidad de la oferta puesto que, en principio, cumpliendo con los costes laborales y ambientales, y no incurriendo en otros motivos de baja desproporcionada, el ordenamiento no obliga al licitador a realizar dicha justificación.

En definitiva, según ha señalado Quirós, “se trata de que la Junta Consultiva aporte mayores certidumbres ante las dudas que surgen tras el análisis de la oferta económica, con el fin de que la adjudicación del contrato se realice con todas las garantías para el interés público”.

El concejal de Medio Ambiente ha reiterado que “la preocupación primordial del equipo de gobierno desde el inicio del expediente ha sido el mantenimiento de la plantilla, de sus condiciones laborales y de la calidad del servicio, respetando a la vez de manera escrupulosa el procedimiento establecido y la normativa vigente”.

Por eso, y siguiendo una vez más las recomendaciones de los servicios Jurídico y de Intervención, se plantea ahora esta consulta para que la decisión que se adopte esté más motivada y fundamentada, ha concluido.

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