El Gobierno tira para adelante con la Ley de Empleo Público tarde y sin apoyo sindical
La Ley de Empleo Público vasca no llegará al Parlamento vasco antes de julio, como le había exigido la oposición al Ejecutivo a principios del pasado mes de febrero. Y además, si no se produce una variación de fondo de última hora del texto, llegará sin el apoyo de los sindicatos. Gobierno y las principales centrales mantendrán este jueves la última reunión en la Mesa General de la Función Pública en la que los sindicatos volverán a mostrar su rechazo a las líneas generales de la actual redacción de la Ley que marcará el campo de juego en el que desarrollarán su trabajo más de 100.000 empleados públicos de las diferentes administraciones vascas.
“Han eliminado la participación sindical en las relaciones laborales y en el empleo público, lo que desde luego es un retroceso evidente con la situación actual”, recrimina la responsable de este sector de Comisiones Obreras (CC OO), Mari Cruz Vicente, quien señala que “más que negociación lo que se ha producido aquí son conversaciones en las que el Gobierno ha modificado y limado algunos planteamientos iniciales, pero sin tocar lo esencial”.
Ya es oficial, el Gobierno también llegará tarde a aprobar la Ley de Empleo Público. El Parlamento vasco, a propuesta de los socialistas y con los votos a favor de EH Bildu y el PP, pidió el pasado 5 de febrero al Gobierno que aprobara y remitiera a la Cámara antes de julio la citada ley. Además, le reclamó también la elaboración de un calendario de negociación del actual proyecto de Ley de Empleo Público y le exigió que hiciera también un diagnóstico de la situación actual. La oposición le instó a remitir a la Cámara el proyecto de ley que se apruebe tras el proceso de negociación con la representación sindical ante del 30 de junio de 2015, de forma que se respetara lo aprobado en la Cámara el pasado 7 de noviembre de 2014 en el debate monográfico sobre la estrategia integral a desarrollar por el Gobierno frente al paro y la pobreza.
Negociación cerrada
Dos meses después, el Ejecutivo da por cerrada la negociación con las centrales y su portavoz, Josu Erkoreka, ha anunciado que la ley estará aprobada “en no más de cuatro meses”. Frente a la exigencia de la oposición, el portavoz aduce para el retraso que aun faltan los informes preceptivos como el de la Oficina de Control Económico, el de la Cojua y el del Consejo de Relaciones Laborales, entre otros.
¿Ha logrado en todo este tiempo de conversaciones con los sindicatos sumar a la parte social al consenso que ha buscado el Ejecutivo con esta ley? Si atendemos a las palabras del sindicato mayoritario en la Función Pública, ELA, los “cambios que se han producido en la ley son mínimos y ninguno de calado”, idea que también defiende CC OO. Erkoreka, por contra, ha señalado que el Gobierno ha incluido parte de las alegaciones presentadas por la parte social y la institucional (diputaciones y ayuntamientos) y que hay que esperar a la reunión del jueves, aunque la voluntad del Gobierno es firme: tirar para adelante con su proyecto. La representante de Comisiones esperará a conocer “esas alegaciones el jueves porque no tenemos el texto definitivo pero no tenemos expectativas de que lo fundamental vaya a cambiar”.
