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Jaque mate al 'frente de Makos' de ETA con 16 detenidos

El Ministerio del Interior da por desmantelado el "entramado financiero" que sustentaba el frente usado por la organización terrorista para mantener la disciplina interna del colectivo de presos etarras.

Junto a los delitos de integración o colaboración en banda armada, la Guardia Civil imputa a parte de los arrestados blanqueo y delito contra la Hacienda pública por no haber declarado 1,3 millones de euros entre 2012 y 2013 de ingresos por asistencia jurídica.

Junto a los 12 abogados de la izquierda abertzale, entre ellos la portavoz de Sortu Amaia Izko y el letrado Alfonso Zenón, la Guardia Civil ha arrestado a cuatro tesoreros de la organización de apoyo a presos Herrira, organización suspendida por los jueces.

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Dieciséis detenidos en una operación contra el "frente de cárceles" de ETA

Dieciséis detenidos en una operación contra el "frente de cárceles" de ETA.

Primero fue la 'operación jaque' en la que la Guardia Civil detuvo en enero de 2014 entre otros a la letrada de presos de ETA Arantza Zulueta y su mano derecha, Jon Enparantza. Esta mañaña, efectivos del instituto armado han dado carpetazo con la 'operación Mate' al entramado que, supuestamente, daba soporte al "entramado financiero" y que mantenía la disciplina del colectivo de presos de ETA (EPKK) para evitar salidas individuales, según fuentes jurídicas. En total los detenidos en una operación simultánea realizada en Madrid, País Vasco y Navarra son 16 personas, 12 de ellos los más conocidos abogados de la izquierda abertzale -por ejemplo la portavoz de Sortu Amaia Izko y el letrado Alfonso Zenón- y cuatro personas a los que la Guardia Civil atribuye tareas de tesorero en la organización de apoyo a los presos de ETA Herrira, grupo que tiene suspendida su actividad por orden de la Audiencia Nacional.

Ya lo había dejado por escrito la propia Arantza Zulueta, considerada por el instituto armado como la máxima responsable del Koordinazio Taldea (KT): Grupo de Coordinación del denominado 'frente de makos' de la organización terrorista ETA. "No se trata de ganar los juicios, sino de trabajar desde el punto de vista de las líneas generales" del colectivo de presos etarras y de "evitar buscar vías penitenciarias personalizadas". Esa ha sido la obsesión de ETA desde que en octubre de 2011 anunciara el cese definitivo de su actividad terrorista: que los 466 presos de su organización repartidos por 47 cárceles españolas (un total de 370 reclusos) y 34 prisiones francesas (otros 96 presos).

En la operación de este lunes -que ha obligado a suspender el macrojuicio previsto para el lunes en la Audiencia Nacional contra 35 personas de la cúpula de Batasuna, PCTV y ANV- los agentes han golpeado el denominado "entramado financiero" del frente carcelario de ETA. Pero sobre todo la Guardia Civil considera que han acabado con la "estructura utilizado por ETA para mantener la voluntad de los presos bajo las directrices" de ETA dentro del 'frente de makos'. La operación de enero del pasado año reveló que pese al desmantelamiento de las organización de apoyo a los presos, ETA mantenía una estructura en la que se aprovechaba de la cobertura que otorga la actividad profesional de los abogados del colectivo de presos para "marcar" las directrices de la dirección de ETA con sus presos.

Fuentes jurídicas conocedoras de la operación señalan que los abogados arrestados controlaban a los presos de ETA a través de las visitas que giraban a las diferentes prisiones y aprovechaban esos encuentros para "alimentarlos políticamente, trasladarles instrucciones, directrices", además de todo tipo de información para mantener la ortodoxia y la disciplina internas. Herrira, según precisan las mismas fuentes, tendría cuatro frentes internos: el social, dedicado a la asistencia y apoyo a los reclusos y a los familiares de estos; el jurídico, para la asistencia letrada, el médico y el económico, que repartía una asignación mensual a los presos.

Blanqueo de capitales

La operación, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, ha incluido registros en Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra en bufetes de abogados, herriko tabernas y en la sede del sindicato abertzale LAB en la capital vizcaína. Ademas de los 12 miembros del colectivo de abogados, se ha detenido a cuatro personas que ejercían labores de tesoreros en la organización Herrira, suspendida por orden judicial. La plataforma Herrira fue la heredera de las ilegalizadas Gestora Pro Amnistía y Askatasuna.

La Guardia Civil atribuye a los arrestados tres tipos de delitos: integración y/o colaboración en banda armada, blanqueo de capitales y un delito contra la Hacienda Pública por no haber declarado al fisco ingresos superiores a los 1,3 millones de euros durante los años 2012 y 2013. Este volumen de ingresos, según la investigación, procedía de la asistencia jurídica a miembros del colectivo de presos etarras. Los gastos fueron pagados por Herrira, según Interior.

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