El TSJ vasco acumula una docena de conflictos colectivos que afectan a más de 160.000 trabajadores
El guión se va cumpliendo como estaba previsto desde el 7 de julio en aplicación de la reforma laboral. Primero fue el decaimiento de los convenios: en septiembre 400.000 trabajadores estaban pendientes de renovar su convenio. Luego llegó la acumulación de casos en el Preco, dependiente de Consejo de Relaciones Laborales (CRL), donde patronal y sindicatos no han alcanzado ningún acuerdo en torno a los los conflictos colectivos planteados:solo en julio y agosto se presentaron 579 conflictos, frente a los 46 de ese mismo periodo en 2012. Y el siguiente paso, juntro a la creciente conflictividad en las calles, es la judicialización en los juzgados de lo Social y en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. La Sala de lo Social del alto tribunal, que preside la magistrada Garbiñe Biurrun, acumula ya una docena de casos que afectan a más de 170.000 trabajadores. El caso más numeroso lo encarna el sector del Metal de Gipuzkoa -tres centrales han presentado demanda de conflicto colectivo en ese sector-, pero también está los recursos presentados por las centrales de la educación concertada -que emplea a unas 12.000 personas- y el sector de Limpieza, que también da trabajo a miles de personas. En total son una docena de casos, según precisan fuentes del alto tribunal.
En septiembre había en el País Vasco 400.279 trabajadores pendientes de renovar su convenio colectivo, mientras que 180.326 tenían convenio. De este último grupo, 85.928 tenían sus condiciones laborales reguladas por convenios de ámbito estatal.
Solo en las empresas del metal de Euskadi han solicitado ante el CRL un total de 252 conflictos que afectan a 154.000 trabajadores. La demanda en el Tribunal Superior es para Gipuzkoa, pero el fallo acabará afectando también a las condiciones laborales de los trabajadores de los otros dos territorios. Este sector ya estaba en guerra antes de que el pasado 7 de julio decayeran los convenios y había vivido una huelga generales en las tres provincias antes de verano. Los conflictos solicitados del metal los encabeza Bizkaia, con 140 conflictos y más de 71.000 afectados, mientras que en Gipuzkoa son 89 y más de 56.000 obreros afectados. Álava tiene 23 conflictos y un total de 26.540 trabajadores afectados. La Sala de lo Social deberá resolver la demanda sobre Gipuzkoa y espera poder dar una respuesta para mediados del mes de noviembre. “Aunque analizaremos cada caso, dado que los enfoques son distintos en cada demanda y tienen sus particularidades, queremos tener una visión global y vamos a dar una respuesta jurídica a los planteamientos que están encima de la mesa: básicamente lo que tiene que ver con el fin de la ultraactividad y lo que está relacionado con las demandas planteadas por la modificación sustancial de las condiciones de trabajo”, explican fuentes de la Sala de lo Social del Tribunal Superior vasco. “Queremos establecer unos criterios sólidos sobre estos temas”, añaden las mismas fuentes, que quieren evitar demorar la respuesta y esperan tener redactadas las primeras sentencias para mediados del mes de noviembre.
De hecho, el caso más adelantado era el conflicto colectivo en el sector del metal en Gipuzkoa, que tenía la vista señalada para el próximo día 15 de octubre. Pero en las últimas semanas otros dos sindicatos del mismo sector han presentado sendas demandas, por lo que primero habrá que acumularlas, lo que retrasará el fallo del alto tribunal vasco.
El crecimiento en los juzgados de lo Social de las demandas no ha parado en estos meses. Solo un juzgado de los diez que tiene la capital vizcaína ha acumulado desde el 7 de julio un total de 178 asuntos, ligados principalmente con el fin de la ultraactividad. La mayor parte, 144 son demandas individuales relacionadas con la modificación sustancial de las condiciones laborales por parte de los empresarios, mientras que los otros 34 casos restantes se refieren a demandas colectivas impulsadas por un sindicato o por un comité de empresa.
Crecen los EREs
Por otra parte, los Expedientes de Regulación de Empleo (ERES) siguen al alza. El Departamento de Empleo y Políticas Sociales autorizó en septiembre 111 expedientes de regulación de empleo, lo que supone un 85% más que en agosto, aunque representan un 29% menos de EREs que en septiembre de 2012.
Por tipología, los EREs de suspensión han sido 59, los de reducción de jornada 49 y los de extinción tres. Del total de expedientes autorizados en septiembre, 76 han sido continuación de uno anterior y afectaron a 670 trabajadores (81%). En ese mes, 826 trabajadores se han visto afectados por un ERE, un 30% más que el mes anterior, pero casi un 72% menos que en septiembre de 2012. El número de extinciones ha sido de 47 trabajadores, un 57% que en agosto de 2013, y un 45% menos que en septiembre de 2012.
Por sectores, el porcentaje de EREs se mantiene en el sector agrario y de la construcción, baja en el sector de la industria y aumenta ligeramente en el sector de servicios.
En cuanto a las causas de los EREs, la principal sigue siendo la restricción de la demanda y la producción, “pero al estar éstas estrechamente ligadas a las causas económicas y financieras, en muchas ocasiones resulta difícil discernir el peso de una y otra”, ha precisado el Departamento de Empleo. Las comarcas más afectadas son Llanada Alavesa, Gran Bilbao, y Donostialdea y los expedientes actualmente en vigor son 1.502 y afectan a 22.460 personas, de los que 894 (59%) son expedientes que continúan de otro anterior.
