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38 agentes de la Ertzaintza inician la fase decisiva del juicio del 'caso De Miguel'

No hay fecha para la esperada declaración de la denunciante, Ainhoa Alberdi, que está la número 45 en una lista de más de 100 comparecientes 

Aitor Telleria, a su entrada en el Palacio de Justicia

Aitor Tellería, a su entrada en el Palacio de Justicia NURIA GONZÁLEZ

Se levanta el telón. Después del aperitivo de las cuestiones previas, la fase decisiva del juicio por el mayor caso de corrupción vasco, el 'caso De Miguel', arranca este lunes. Y si en esa fase preliminar los abogados de los 26 imputados, casi de manera unánime, buscaron anular pruebas y que no se celebrara la vista al entender que la Ertzaintza se había excedido en la investigación, serán precisamente los agentes de la Policía vasca que han participado en larga instrucción los que abran la lista de casi 150 comparecientes entre testigos, peritos e imputados, que depondrán al final. 

Desde este lunes hasta el jueves 1 de marzo un total de 38 agentes de la Ertzaintza están citados a comparecer para explicar las detenciones, los registros, pero también la cadena de custodia de las grabaciones de la denunciante del caso, que probarían el pago de comisiones ilegales. Agentes de la unidad de delitos económicos del cuerpo autonómico también fueron los autores de los sucesivos informes periciales elaborados a instancias del juez instructor, Roberto Ramos. 

A partir de ahí, con el ánimo de hacer más operativo el desarrollo de un macroproceso sin precedentes en la Audiencia Provincial de Álava -que ha gastado 100.000 euros en acondicionar la sala de vistas y ha recibido dos juezas de refuerzo- se ha subdividido la causa en doce bloques y serán los testigos propuestos tanto por la Fiscalía como por las partes para cada uno de esos asuntos concretos los que irán desfilando ante el tribunal que conforman Jaime Tapia, Elena Cabero y Raúl Aztiria.

Si se mantiene el guion, la denunciante Ainhoa Alberdi será la número 45 en comparecer, sin que se conozca aún la fecha aproximada. Alberdi, abogada urbanista, era socia del constructor Jon Iñaki Echaburu, quien creó la mercantil Urbanorma Consulting para recibir 'a dedo' el contrato de ampliación del parque tecnológico de Miñano. Cuando Alberdi asumió el 100% de esa sociedad descubrió que se había pactado el abono de una comisión. Denunció que el que fuera 'número dos' del PNV de Álava, Alfredo de Miguel, y otro dirigente del partido 'jeltzale', Aitor Tellería, la intentaron extorsionar para que les pagara 100.000 euros de mordida.

Correo desde la cuenta oficial de Alfredo de Miguel sobre el supuesto cobro de comisiones

Correo desde la cuenta oficial de Alfredo de Miguel sobre el supuesto cobro de comisiones ELDIARIONORTE.ES

Alberdi aportó grabaciones y correos electrónicos a la Fiscalía en 2009 para denunciar estos hechos y se ha ratificado en varias ocasiones en su testimonio inicial. Respaldarán su versión su padre, un veterano militante del PNV a quien también se dirigieron De Miguel y Tellería para reclamar la 'deuda' y su colega Beatriz Vicinay. A falta de conocer la mecánica del juicio, podría ocurrir que Alberdi fuese citada en varias ocasiones ya que está en la lista de testigos de varios de los doce bloques. 

Sólo cuando se agote la lista de más de un centenar de testigos y peritos declararán los encausados. De hecho, tienen autorización del tribunal para no asistir a las sesiones si no lo desean. En principio, la fecha prevista para que todo el proceso se haya completado es el 25 de octubre, casi diez meses después de la primera sesión, celebrada el 8 de enero.

Las doce ramas del 'caso De Miguel'

  1. Miñano, el origen. Ainhoa Alberdi denuncia que Alfredo de Miguel y otro exdirigente del PNV alavés, Aitor Tellería, la extorsionaron para exigirle el pago de una comisión de 100.000 euros luego de que su empresa, Urbanorma Consulting, resultase adjudicataria del contrato de ampliación del parque tecnológico de Miñano.
  2. Stoa. Otro contrato de Miñano presuntamente amañado para favorecer al entorno de empresas de De Miguel, en este caso al estudio de arquitectura de su amigo Sergio Fernández Oleaga.
  3. Contratos 'a dedo' desde Juventud. Las empresas de De Miguel, principalmente Errexal, recibieron más de una decena de contratos 'a dedo' desde la Dirección de Juventud del Gobierno vasco, dirigida por el 'jeltzale' Xabier Sánchez Robles. No consta que se realizaran.
  4. Contratos con las cuadrillas. Errexal nace, precisamente, cuando Juventud ofrece una subvención a las cuadrillas de Álava para que elaboren sus planes juveniles. En unos pocos días, esa subvención se canaliza y todas las cuadrillas contratan a la empresa recién creada y sin experiencia, que se lleva 90.000 euros.
  5. Contratos 'a dedo' desde la Diputación. De Miguel, siendo diputado en Álava, realizó contrataciones 'a dedo' desde el Ejecutivo foral que beneficiaron a las empresas que él controlaba, aunque estaban a nombre de testaferros.
  6. La casa de Gorliz pagada por un empresario. El constructor Prudencio Hierro -para el cual se habían manipulado concursos públicos- corrió a cargo de una reforma en la casa de la familia de la esposa de De Miguel en Gorliz (Bizkaia). La Fiscalía sostiene que esos 45.000 euros fueron una comisión.
  7. Comisiones del 4%. Un informe de la Ertzaintza en 2011 puso de manifiesto cómo la trama de De Miguel recaudó una cantidad equivalente al 4% de dos contratos adjudicados a un empresario afín en instituciones locales de Álava gobernadas por el PNV.
  8. Recalificación de Zambrana (I). En 2005, se planteó en Zambrana una recalificación de 120 hectáreas para instalar un polígono industrial. La entonces alcaldesa, María Justina Angulo, contactó con De Miguel y éste situó a su amigo Iosu Arruti como intermediario.
  9. Recalificación de Zambrana (II). Arruti 'fichó' como inversores a los catalanes de Construcciones Riera. Estimaban el 'pelotazo' en 65 millones y abonaron miles y miles de euros a De Miguel y Arruti por supuestos trabajos de asesoría.
  10. Recalificación en Fruniz (Bizkaia). Muchos de los imputados adquirieron en parte con fondos abonados por empresarios (presuntas comisiones) un solar rústico en Fruniz en el que De Miguel tenía expectativas de recalificación.
  11. Delitos fiscales. La Fiscalía y la Diputación de Bizkaia sostienen que Sidepur, la empresa que utilizó Arruti para operar en Zambrana, cometió varias irregularidades ante el fisco.
  12. Asociación ilícita. Según el ministerio fiscal, el hilo conductor de todas las operaciones es la existencia de una trama encabezada por De Miguel. El expolítico se enfrenta a una posible pena de 54 años de cárcel, 15 de cumplimiento efectivo.

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