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'Caso De Miguel', el mayor escándalo de corrupción a la vasca: Todos contra el fiscal Izaguirre

Liderados por Gonzalo Susaeta, los abogados de los imputados por corrupción se han centrado en la primera semana del macroproceso por el escándalo que salpica al PNV en desacreditar la investigación y la acusación de la Fiscalía

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El fiscal Josu Izaguirre

El fiscal Josu Izaguirre, a su llegada a la primera sesión del juicio NURIA GONZÁLEZ

Hace ahora cinco años, en el invierno de 2013, la Audiencia Provincial de Álava sentó en el banquillo al exdirigente del PNV de Álava Aitor Tellería acusado, fruto de una investigación derivada del 'caso De Miguel', de haber conformado una trama de espionaje junto a agentes del servicio de información de la Ertzaintza. La sentencia vio indicios de que los hechos señalados por el fiscal, Josu Izaguirre, se habían podido producir, pero concluyó que no había pruebas suficientes para una condena. Izaguirre, durante el juicio, describió gráficamente las dificultades que se había encontrado en el camino: "Es como intentar talar el Amazonas con una navajita de playa". Ahora, en 2018, ha arrancado el juicio por la causa principal, la presunta red mercantil para el cobro de comisiones ilegales articulada en torno al ex 'número dos' del PNV alavés, Alfredo de Miguel, y a otros dos dirigentes, Koldo Ochandiano y el propio Tellería. El arranque de las sesiones, marcadamente técnico y jurídico, ha vuelto a dejar la misma imagen: los abogados de los imputados, muchos de largo recorrido en los tribunales, han vuelto a cargar las tintas contra Izaguirre.

De izquierda a derecha, Jon Iñaki Echaburu, Aitor Telleria y Alfredo De Miguel,en el banquillo de los acusados. Foto: Nuria González

De izquierda a derecha, Ainhoa Bilbao, Koldo Ochandiano, Aitor Telleria y Alfredo De Miguel,en el banquillo de los acusados. Foto: Nuria González NURIA GONZÁLEZ

Las vistas, que está previsto que se prolonguen hasta el 25 de octubre -aunque el calendario ya se ha modificado dos veces en solamente tres días-, arrancaron el pasado lunes en medio de una gran expectación. De Miguel, que se enfrenta a más de 54 años de cárcel por la presunta comisión de 21 delitos de corrupción, reapareció muchos años después. Lo hizo tranquilo y sin que en él se aprecie el paso del tiempo como sí les ocurre a otros protagonistas del caso. El hombre llamado a todo en el PNV alavés hasta su arresto en marzo de 2010, de momento, no ha tomado la palabra. Y si se acepta la petición unánime de los acusados de no declarar hasta el final del juicio, pasarán muchos meses sin conocer su versión de todo de lo que se le acusa.

El "brillante" Susaeta

Quien sí ha tenido todo el protagonismo ha sido su letrado, Gonzalo Susaeta, del bufete de Cuatrecasas y con no pocos premios y distinciones en su currículum vítae. "Brillante" ha sido el adjetivo más repetido por sus colegas togados para calificar su exposición en la jornada de apertura, en la que sentó las bases de la estrategia de defensa del grueso de los imputados. Y es una estrategia que busca anular de la 'a' a la 'z' la acusación del fiscal y, específicamente, su prueba original y fundamental: las 24 grabaciones que la abogada y empresaria Ainhoa Alberdi le entregó en 2009 y que prueban la exigencia de comisiones tras la adjudicación de contratos. Esta línea argumental, sin embargo, parte con el hándicap de que muchas de las demandas ya fueron desestimadas hace dos años cuando dos de los tres jueces del actual tribunal, Elena Cabero y Jaime Tapia, desecharon los recursos de los letrados contra la investigación completada por el juez de instrucción Roberto Ramos

De Miguel y Gonzalo Susaeta, a su llegada a los juzgados

De Miguel y Gonzalo Susaeta, a su llegada a los juzgados NURIA GONZÁLEZ

La solicitud de anulación de las grabaciones de Alberdi se fundamenta en que, aparentemente, no son audibles, en que están manipuladas y en que no se respetó la cadena de custodia durante su incorporación a la causa. Los acusados siempre han defendido que nunca han cometido los delitos de los que se les acusa, pero por si acaso no quieren que en el juicio se escuche al constructor Jon Iñaki Echaburu, afiliado de base del PNV y contratista habitual del Gobierno vasco, referirse al pago de comisiones como algo  "dentro de lo normal" o a Tellería recordando que "d e un sitio u otro, pues tenemos que sacar lo que nos corresponda; es así, porque si no lo tenemos jodido"

Susaeta no lo incorporó en su primer alegato pero sí logró que un colega, Ferran Marsol, mencionara como ejemplo que seguir la anulación completa del 'caso Guateque' en Madrid al considerarse irregulares unas grabaciones. Las defensas no citaron, eso sí, que en Madrid fue la Policía quien instó de tapadillo a grabar una conversación y que luego la utilizó sin explicar su origen, mientras que aquí fue Alberdi quien actuó 'motu proprio' y luego la Ertzaintza se limitó a realizar una transcripción oficial de los audios. Izaguirre, además, ya ha anunciado que llevará al juicio a un ertzaina que certificará que no se rompió la cadena de custodia.

Ante ese escenario, algunos togados han querido 'prevenir' al tribunal de que Izaguirre manipulará a los comparecientes a su favor. Fue el conocido penalista Javier Beramendi quien concretamente alegó que el ministerio público  "atacará las líneas de defensa con testigos que no son neutrales". No fue la única acusación grave. La letrada del constructor Prudencio Hierro, María José Tapia, desea también anular un testimonio clave que probaría que este empresario afín a De Miguel costeó la reforma de la vivienda del político en Gorliz tras recibir una adjudicación. Y todo porque la Policía judicial habría obtenido información de manera "inconfesable" para probar estos hechos. 

"Se están utilizando palabras muy gruesas", reconoció a este periódico en los pasillos de los juzgados de Vitoria uno de los letrados personados, sorprendido por la dureza de sus compañeros. Entretanto, nadie en la dirección de la Ertzaintza ha salido públicamente a defender el trabajo de los agentes adscritos al caso.

A vueltas con la "asociación ilícita"

El delito de "asociación ilícita" es una de las solicitudes del fiscal, que entiende que los acusados actuaron como una trama organizada para cometer las irregularidades. Según las defensas, asemeja a estos imputados, siquiera conceptualmente, con los integrantes de una banda armada. Sostienen que no hay base para procesar a los acusados como miembros -o colaboradores- de esta supuesta organización porque durante la fase de instrucción nunca figuró este tipo penal entre los delitos investigados y porque en los interrogatorios previos tampoco se incidió en ello. Ello supondría -según su interpretación- que esa hipotética acusación estaría ya prescrita, porque el grupo cesó en 2010 con las detenciones de los primeros imputados en el 'caso De Miguel'.

En la misma línea, las partes consideran también que el caso original se ceñía al presunto pago de comisiones en el proceso de ampliación del parque tecnológico de Miñano y que ahora se convertido en una "causa general" contra todo el entorno de De Miguel. En efecto, Miñano sólo es ahora una de las doce subtramas que se ventilan en el juicio, pero la Audiencia ya avisó a los encausados de que no había nada de irregular en ello. " El hecho de que siguieran apareciendo datos e  indicios  que pudieran ser objeto de investigación no quiere decir que se estuviera haciendo una investigación prospectiva generalizada como alegan las partes, sino que se continuaba como dice el Ministerio Fiscal una línea de investigación, toda ella relacionada con los datos indiciarios que motivaron su apertura", argumentó el tribunal en los trámites previos al juicio en una resolución en la que también descartaba que las grabaciones fuesen irregulares.

Los imputados, en cambio, mantienen la esperanza de que el juicio quede suspendido por la "falta de garantías". "Esto se puede caer como un castillo de naipes. Tengo esa sensación", confesaba el abogado de un excargo público de los sentados en el banquillo. "Es en el plenario donde se tienen que resolver esas cuestiones y no en los recursos escritos. Siempre tiene la opción el tribunal de volverse para atrás", comenta otro defensor, que subraya que "se han planteado cuestiones muy serias" y, sobre todo, con base en "jurisprudencia muy reciente".

Dada la "cantidad y calidad" de las alegaciones de las partes, Izaguirre pidió suspender el juicio hasta este jueves para poder ofrecer una respuesta completa. Sólo Susaeta amagó con protestar porque vio excesivo el plazo y sugirió que el fin de semana también puede ser tiempo de trabajo para acelerar los trámites. El tribunal, en cambio, vio razonable la petición porque no retrasará los plazos fijados.

El papel de Aitor Abecia y Miren Azkarate

En la vista del jueves, bromeaba el letrado Carlos Chacón, representante de Ochandiano y de su esposa, que le era indiferente si se acordaba que los imputados declarasen al principio y al final del proceso porque él "confiaba" en que con la nulidad nunca tengan que hacerlo. Pero, si finalmente hay juicio, ¿qué pasará? ¿Qué línea seguirán los imputados sobre el fondo del asunto después de poner casi todos los huevos en la cesta de las cuestiones formales?

La acusación contará con el testimonio de la denunciante, Ainhoa Alberdi, que se ratificará en sus denuncias como ya lo ha hecho varias veces en estos años. También comparecerán personas de su entorno que avalarán su versión. Y muchos otros testigos -se esperan 150 comparecencias en conjunto-. ¿Cómo justificará De Miguel que controlara varias sociedades mercantiles sin apenas actividad y con importantes ingresos? ¿Romperá alguien el silencio generalizado para mejorar su posición a cambio de colaborar?

Gurutz Larrañaga y su letrado, Miguel Alonso,

Gurutz Larrañaga y su letrado, Miguel Alonso, NURIA GONZÁLEZ

Pocos imputados han incidido estos días en cuestiones de fondo para tratar de evitar una condena. Una de las que sí lo ha hecho es la alcaldesa de Zambrana cuando en 2005 se puso en marcha el proyecto de polígono industrial, María Justina Angulo, y que se enfrenta a cuatro años de cárcel. Fue ella quien contactó en un primer momento con De Miguel -nunca lo ha negado- y éste quien buscó un intermediario, Iosu Arruti, para captar inversiones para un proyecto estimado en 65 millones de euros. Pero el convenio con esos inversores -a los que se acusa de abonar comisiones a De Miguel y Arruti- llegó cuando Angulo abandonó la Alcaldía, en 2008, y durante el juicio insistirán en que el entonces regidor, Aitor Abecia, que sigue en el cargo, ofrezca también explicaciones.

Asimismo, han pedido que se incorpore como prueba un documento que muestra que el anónimo sobre Zambrana y los vínculos con la trama no fue tal, sino obra también del propio Abecia, como confesó él mismo en redes sociales. Desde el entorno de la imputada no ven sostenible la imputación: ¿por qué no están en el banquillo los regidores de las localidades de Zigoitia y Lapuebla que adjudicaron contratos a la trama por los que luego se abonaron comisiones del 4%?

También fue llamativo el sutil cruce que protagonizaron los defensores de Gurutz Larrañaga, Miguel Alonso, y Xabier Sánchez Robles, Javier Beramendi, en la sesión del martes. Ambos están encausados por la veintena de contratos 'a dedo' que beneficiaron a Kataia Consulting, Errexal y Ortzi Muga, empresas del entorno de De Miguel. Larrañaga era el viceconsejero y quien tenía firma en esos documentos, mientras que Sánchez Robles, como director de Juventud, era el interlocutor con De Miguel y su socio y exedil en Leioa, Iñaki San Juan, que llegó a reconocer en un correo electrónico que "Xabier" no podía "meter un duro" más para pagar al que fuera portavoz nacionalista en las Juntas Generales de Álava, Roberto González Muro. San Juan, en otro 'email', también se lamentaba de que el PNV saliera del Gobierno vasco en 2009, como así ocurrió, porque Errexal perdería "un cliente".

Correo electrónico enviado por Iñaki San Juan a la cuenta oficial de la Diputación de Alfredo de Miguel sobre la situación de la empresa

Correo electrónico enviado por Iñaki San Juan a la cuenta oficial de la Diputación de Alfredo de Miguel sobre la situación de la empresa ELDIARIONORTE.ES

Alonso llegó a decir que Larrañaga tuteleba cuatro direcciones y que sólo ha habido "problemas" con una, la de Juventud. Y remarcó que quien "proponía" esas contrataciones a las empresas investigadas era Sánchez Robles. Como respuesta, Beramendi replicó que citará a la superior de ambos, a la exconsejera de Cultura Miren Azkarate con el ánimo que explique las funciones de cada uno de los miembros de su equipo " por si otros que están en el medio no han oído nada", en velada referencia a Larrañaga. La aludida, ahora edil en San Sebastián, ya ha recogido el guante.

Con estos mimbres, este macroproceso encarará después del jueves una fase de parón hasta que, según el calendario previsto y si no se concede la nulidad a los imputados, el 19 arranquen las testificales. En paralelo, en Bizkaia se celebrará en marzo el juicio del  'caso Margüello' -6,8 millones en externalizaciones presuntamente irregulares en la Sanidad vasca- mientras en Gipuzkoa continúan los trámites - el último una orden internacional de busca y captura- para celebrar la vista del 'caso Balenciaga' -el saqueo del museo dedicado al vasco internacional y genio de la moda-. El portavoz del PNV en las Cortes Generales, preguntado por el juicio de Vitoria, remarcó que se trata de "actuaciones individuales" y no de un problema estructural del partido.

Las doce ramas del 'caso De Miguel'

  1. Miñano, el origen. Ainhoa Alberdi denuncia que Alfredo de Miguel y otro exdirigente del PNV alavés, Aitor Tellería, la extorsionaron para exigirle el pago de una comisión de 100.000 euros luego de que su empresa, Urbanorma Consulting, resultase adjudicataria del contrato de ampliación del parque tecnológico de Miñano.
  2. Stoa. Otro contrato de Miñano presuntamente amañado para favorecer al entorno de empresas de De Miguel, en este caso al estudio de arquitectura de su amigo Sergio Fernández Oleaga.
  3. Contratos 'a dedo' desde Juventud. Las empresas de De Miguel, principalmente Errexal, recibieron más de una decena de contratos 'a dedo' desde la Dirección de Juventud del Gobierno vasco, dirigida por el 'jeltzale' Xabier Sánchez Robles. No consta que se realizaran.
  4. Contratos con las cuadrillas. Errexal nace, precisamente, cuando Juventud ofrece una subvención a las cuadrillas de Álava para que elaboren sus planes juveniles. En unos pocos días, esa subvención se canaliza y todas las cuadrillas contratan a la empresa recién creada y sin experiencia, que se lleva 90.000 euros.
  5. Contratos 'a dedo' desde la Diputación. De Miguel, siendo diputado en Álava, realizó contrataciones 'a dedo' desde el Ejecutivo foral que beneficiaron a las empresas que él controlaba, aunque estaban a nombre de testaferros.
  6. La casa de Górliz pagada por un empresario. El constructor Prudencio Hierro -para el cual se habían manipulado concursos públicos- corrió a cargo de una reforma en la casa de la familia de la esposa de De Miguel en Gorliz (Bizkaia). La Fiscalía sostiene que esos 45.000 euros fueron una comisión.
  7. Comisiones del 4%. Un informe de la Ertzaintza en 2011 puso de manifiesto cómo la trama de De Miguel recaudó una cantidad equivalente al 4% de dos contratos adjudicados a un empresario afín en instituciones locales de Álava gobernadas por el PNV.
  8. Recalificación de Zambrana (I). En 2005, se planteó en Zambrana una recalificación de 120 hectáreas para instalar un polígono industrial. La entonces alcaldesa, María Justina Angulo, contactó con De Miguel y éste situó a su amigo Iosu Arruti como intermediario.
  9. Recalificación de Zambrana (II). Arruti 'fichó' como inversores a los catalanes de Construcciones Riera. Estimaban el 'pelotazo' en 65 millones y abonaron miles y miles de euros a De Miguel y Arruti por supuestos trabajos de asesoría.
  10. Recalificación en Fruniz (Bizkaia). Muchos de los imputados adquirieron en parte con fondos abonados por empresarios (presuntas comisiones) un solar rústico en Fruniz en el que De Miguel tenía expectativas de recalificación.
  11. Delitos fiscales. La Fiscalía y la Diputación de Bizkaia sostienen que Sidepur, la empresa que utilizó Arruti para operar en Zambrana, cometió varias irregularidades ante el fisco.
  12. Asociación ilícita. Según el ministerio fiscal, el hilo conductor de todas las operaciones es la existencia de una trama encabezada por De Miguel. El expolítico se enfrenta a una posible pena de 54 años de cárcel, 15 de cumplimiento efectivo.

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