eldiario.es

9

El 'informe Epsilon' no ve ilegalidades en la dilapidación de 20 millones de euros

La mayoría del PNV y PSE en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) aprueba un documento que no detecta irregularidades en cómo se usó el dinero público librado por el Ejecutivo vasco entre 2003 y 2012.

Este proyecto, impulsado por el Gobierno de Ibarretxe, recibió 50 millones de créditos y subvenciones, la mayor parte del Ejecutivo de Zapatero.

El tribunal no fiscaliza el dinero concedido por el Ejecutivo de Zapatero (el 77%) y señala que para tener una idea global "resulta ineludible proceder por quien corresponda a completar el informe con la fiscalización" de esa parte.

El presidente del TVCP, nombrado a instancias del PP, planteó un voto particular en el que se acusa a la mayoría de eliminar "conclusiones que estaban suficientemente soportadas" por el trabajo de los auditores.

Joan Villadelprat, en el box de Epsilon Euskadi./ Foto: Epsilon Euskadi.

Joan Villadelprat, en el box de Epsilon Euskadi./ Foto: Epsilon Euskadi.

La mayoría del PNV y PSE en el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) aprobó el mes pasado un informe de fiscalización de las ayudas, subvenciones y avales concedidas al proyecto Epsilon entre 2003 y 2012 en el que no se detectan irregularidades en el uso del dinero público librado por el Ejecutivo vasco. Para las arcas vascas, esta empresa ha supuesto un agujero de unos 20 millones de euros que el Gobierno vasco tuvo que pagar al comprar -vía Parque Tecnológico de Álava- a finales de 2013 el inmueble, las instalaciones y la maquinaria de la sociedad -ya en pleno proceso concursal- por un precio total de 19,6 millones.

El informe ha verificado "el cumplimiento de la legalidad en la concesión, así como en la justificación de las inversiones o gastos realizados financiados con las mismas y el resto de obligaciones derivadas de la recepción de estas ayudas". Y no ha hallado irregularidades en cómo se usó el dinero público librado por el Ejecutivo vasco. El presidente del TVCP, José Ignacio Martínez Churiaque, nombrado por el PP, discrepa de la opinión mayoritaria del tribunal, cree que sí han existido irregularidades que la sociedad vasca debe conocer y formuló un voto particular.

El órgano fiscalizador se fija en la operación de venta de la parcela a Epsilon por parte del Parque Tecnológico de Álava por 2,7 millones de euros en enero de 2008 y los dos préstamos hipotecarios suscritos con dos entidades financieras (entonces Vital y Kutxa, luego Kutxabank) por valor total de 16 millones y cediéndoles el rango hipotecario a ambas entidades. Dichos préstamos los solicitó Epsilon ante los "problemas de financiación" para seguir con las obras del edificio donde se iban a ubicar sus instalaciones. En ese contrato, el parque se comprometía "en caso de ejecución hipotecaria por parte de las entidades a acudir a la subasta y pujar por un precio establecido entre un mínimo de 14,6 millones y un máximo de 22,5 y que será establecido en base a informes de valoración de terceros expertos". Y admite: "no hemos podido verificar con documentación soporte los motivos por los que se realizó esta operación".

Esa pérdida de la garantía hipotecaria a favor de las entidades es algo inusual, pero el tribunal a fecha de hoy "no dispone de datos objetivos que le permitan pronunciarse sobre el resultado final de esas operaciones". Precisamente al aceptar el Parque Tecnológico esa cesión se producen las pérdidas de casi 20 millones a la sociedad pública.

Voto particular

Sobre este asunto, en su voto particular, Churiaque plantea que "la adquisición de los préstamos hipotecarios no se acomoda al objeto social" del Parque Tecnológico "al no tratarse de una actuación objetivamente encaminada al estímulo y promoción de la iniciativa y de la inversión industrial de terceros y no ha sido justificada de forma explícita por lo que esta operación no se sujera al principio de objetividad". Para el presidente del TVCP, al "asumir la obligación de prescindir de la prioridad para la ejecución de su garantía [cesión del rango hipotecario] en favor de los nuevos acreedores [las dos cajas] de su deudor [Epsilon], está comprometiendo su patrimonio por deuda ajena". Para Churiaque, el compromiso adoptado por el Parque Tecnológico "excede" de su "propia capacidad económica".

El Consejo de Administración del parque conoce en diciembre de 2010 "las dificultades económicas" que atravesaba Epsilon. El 28 de marzo de 2011, Epsilon incumple el pago de la segunda cuota por la venta de la parcela (32.823 metros cuadrados) y el consejo conoce en octubre de 2011 que el mes anterior un juzgado de Vitoria ha declarado concurso voluntario de la empresa. A finales de ese año, la deuda por la compra de la parcela asciende a 2,7 millones de euros. Y la deuda con Kutxabank por los préstamos, a 16,5 millones de euros.

Otro de los aspectos que aborda el informe, aprobado a finales de mayo en el pleno del tribunal, es la concesión por parte del Gobierno vasco de Ibarretxe el 26 de diciembre de 2007 de una subvención a Epsilon no reintegrable por importe de 3 millones de euros. Una subvención ligada a la creación de determinados puestos de trabajo hasta 2011. Sin embargo, Epsilon "ante la imposibilidad de cumplir con los objetivos previstos en lo referente a la creación de empleo, solicita al Gobierno vasco una prórroga de ejecución de 12 meses".

Con el Gobierno del socialista Patxi López, la situación cambia. De hecho, el viceconsejero de Industria y Energía incoa el 26 de septiembre de 2011 un "expediente de incumplimiento a la empresa Epsilon Euskadi SL" en relación a esa subvención. Y el Consejo de Gobierno del 6 de marzo de 2012 declara el incumplimiento por parte de Epsilon de los compromisos mínimos de creación de empleo y obliga a la empresa a "reintegrar el importe indebidamente recibido, que asciende a 3 millones de euros más 313.816 euros de intereses legales", según se precisa en el informe del TVCP.

La escudería vasca de Fórmula 1

Este proyecto fue impulsado por el Gobierno que lideraba entonces Juan José Ibarretxe y el PNV de Álava pretendía crear una escudería vasca de Fórmula 1 y recibió subvenciones y avales tanto por el Gobierno central (el 77% de las ayudas) como por el Ejecutivo vasco (el 23% restante, según precisa el informe del TVCP. El proyecto, constituido el 7 de febrero de 2003 y localizado desde enero de 2010 en el Parque Tecnológico de Álava, pretendía convertirse en la vanguardia internacional de la tecnología del automovilismo. Las Administraciones central y vasca lo impulsaron con la concesión de unos 50 millones en créditos y subvenciones. La mayor parte de este dinero vino de Madrid, fruto de las exigencias del PNV para apoyar a José Luis Rodríguez Zapatero cuando era el presidente español. Lo impulsaba el catalán Joan Villadelprat, condenado a finales de 2013 por un juzgado de Vitoria. El fallo consideraba al administrador único de Epsilon Euskadi "culpable de haber agravado la situación de insolvencia al asumir nuevas deudas" sin expectativa de poder atenderlas.

El Tribunal Vasco de Cuentas no fiscaliza el dinero librado por el Ejecutivo de Zapatero (el 77%) -"no tiene competencia" para ello, recuerda el informe- y señala que para tener una idea global "resulta ineludible proceder por quien corresponda a completar el informe con la fiscalización" de esa parte, en concreto el Tribunal de Cuentas español. Pese a todo, el informe recoge en un apartado algunas de esas ayudas. El Ministerio de Educación y Ciencia concedió un préstamo en diciembre de 2007 a Epsilon por 11,8 millones. En diciembre de 2008 otro préstamo or 4,8 millones de euros. El Ministerio de Ciencia e Innovación concedió en junio de 2010 una subvención nominativa de 1,5 millones. En este caso, el informe recoge que la Administración central, "ante la gravedad de las irregularidades encontradas" procedió a exigir el "reintegro total del importe de la subvención", más los intereses, en total 1,6 millones.

En la actualidad, Epsilon es un proyecto fallido, se encuentra en fase de liquidación y sus instalaciones en el Parque Tecnológico de Álava están a la espera de comprador. Según las diversas tasaciones del inmueble realizadas por empresas especializadas en febrero de 2011, tenía un valor de 24,7 millones de euros, en junio de ese mismo año otra tasación lo cifraba en 19,4 millones y la última tasación, realizada el 2 de abril de 2012, valoró en 24,4 millones. La consejera de Desarrollo Económico, Arantza Tapia, anunció en enero pasado en el Parlamento que tenía dos ofertas para comprar las instalaciones por cerca de 20 millones.

Comentar

Enviar comentario

Comentar

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha