A modo de balance

Ortega y Gasset dijo una vez que cuando encontramos a un hombre o a una mujer, o cuando leemos un libro, solo nos interesa conocer su balance vital.  Si interpreto correctamente sus palabras, el filósofo del realismo radical apuesta por un saber continuado para poder posicionarse frente a cualquier cuestión; se necesita conocer las circunstancias de ser una persona para poder opinar con autoridad.

Parece una forma culta de decirnos que nos movemos en la mayoría de las ocasiones por decisiones banales, amplias, que no nos ayudan a tener un criterio razonado sobre el que mostrar una opinión. Actuamos así, en la oportunidad de realizar un juicio rápido, ágil  para tener una primera impresión del libro leído o de la persona conocida y desdeñamos investigar, conocer más circunstancias que nos ayuden a definirnos de forma más precisa.

No sé si será simplista por mi parte y desataré las iras del autor de 'La rebelión de las masas', pero en las siguientes líneas pretendo hacer un rápido balance del curso escolar 2017-2018, a punto de finalizar. Será más un esbozo de ideas que una valoración profunda de los logros y deméritos vividos en este periodo. La impresión, el recuerdo más vívido también cuenta en esa mirada hacia atrás, con permiso del filósofo madrileño.

De buscar un titular periodístico saldría rápido: 'Nos sobró más de la mitad', ya que de lo transcurrido en los diez últimos meses, nítidamente deben diferenciarse dos periodos: el que transcurre entre septiembre y marzo (insufrible repetición de lo conocido en los años anteriores) y el de marzo a junio (vuelco inesperado que abre expectativas esperanzadoras e incertidumbres justificadas). Ofrezco varias ideas.

Una: Inmovilismo en la política educativa estatal, con un Partido Popular luchando contra viento y marea frente una oposición más desunida de lo que pretendía aparentar; el partido de Rajoy se aferró hasta el absurdo en anular los desvaídos intentos de la mayoría parlamentaria por atender las demandas de la educación nacional: derogar la LOMCE y potenciar un auténtico Pacto de Estado por la Educación que permita construir un nuevo proyecto desde la base educativa, social y política.

Dos: Autocomplacencia en la política educativa vasca, con una Consejería de Educación, muy similar estructuralmente a la de la legislatura anterior, y que pese a los temblores sísmicos sufridos por los  últimos resultados PISA y al descontento generalizado de los sindicatos de enseñanza –insistentes en propiciar un cambio de rumbo significativo-, seguía empeñada en mantener su hoja de ruta con la finalización del tercer proyecto planteado en Heziberri 2020, la nueva ley educativa vasca.

En ambos casos, Madrid y Lakua estaban desaprovechando la oportunidad de demostrar a la comunidad educativa que entendían sus propuestas y se buscarían acercamientos en la línea de los anhelados por ésta. Al contrario: todo seguía igual, que es tanto como decir que iba empeorando. El desánimo iba vaciando el vaso de la esperanza que tan concienzudamente habían llenado al final del verano anterior profesorado, alumnado y familias. La respuesta sindical no podía, por tanto, hacerse esperar y se programó un calendario de movilizaciones desde finales del otoño, en forma de protestas por la recuperación de los derechos usurpados durante los últimos años por los dos gobiernos del PP y del PNV (mínimas subidas salariales, congelación de la aportación empresarial a Itzarri, reducción de los complementos por Incapacidad Transitoria común, invisibilidad del alumnado repetidor, cubrimiento tardío de la sustituciones del profesorado,…). El objetivo era culminar con una gran huelga a mediados de diciembre que significase el punto de inflexión que el sistema educativo público vasco venía exigiendo. Y la comunidad educativa vasca lo entendió y ofreció una respuesta masiva, con el resultado de que a diferencia de otras ocasiones, esta vez tuvo efecto.

Alguien en los despachos de Lakua –o Ajuria Enea- acabó por entender que el camino del enfrentamiento abierto resultaría muy costoso y, por primera vez, en cinco años de gestión, pusieron encima de la mesa de negociación asuntos importantes que la parte sindical venía reclamando con escaso éxito. El año 2018 contempla así una sucesión de reuniones colectivas y bilaterales hasta la firma de los acuerdos para el personal laboral y docente entre los meses de marzo y mayo. Ahora solo falta cumplir con la parte más complicada: hacer valer lo firmado; prestar atención a los intentos que gente contraria a lo pactado estaría presta a boicotear; continuar negociando para ampliar el espectro acordado.

Tres: Esperanza incierta de futuro. El tsunami producido en la política estatal con los acontecimientos que provocaron el cambio de gobierno abre una ventana esperanzadora aunque de confianza incierta. Se alían sentimientos contrapuestos de cierta satisfacción por el fin de una etapa lastimosa (iniciada en tiempos de Wert y que su sucesor Méndez del Vigo no supo –o quiso- finiquitar), a la vez que otras de inseguridad, incluso recelo- ante las complicaciones de la política española actual. No va a ser fácil y conviene cuanto antes que todos los agentes implicados seamos conscientes de lo que nos jugamos en este envite. Conviene andar sin prisas, pero sin pausas. Tan necesario  es que el gobierno –la ministra de Educación y el de Ciencia, Tecnología y Universidades- no olvide sus raíces sociales y educativas y dé pasos encaminados a cambiar –no a maquillar- la LOMCE y los reales decretos universitarios, como que la sociedad sea consciente del tiempo necesario para soldar alianzas, reducir objeciones y ampliar consensos en torno a una nueva ley educativa duradera.

Y cuatro: Necesidad de una comunidad educativa activa. Vivimos tiempos en los que la globalización ha entronizado el valor de lo individual en detrimento de lo colectivo. La relaciones laborales se han convertido en un campo de batalla en la que empresas y sindicatos dirimen sus fuerzas con una reforma laboral bendecida y aborrecida a partes iguales. El papel de la política debe servir para que, desde una posición de salvaguarda del bien común,  proteja y exija el reparto de derechos y deberes por igual; los individuales, pero también los colectivos; una comunidad democrática deberá buscar la cohesión de sus miembros de tal forma que nadie quede plenamente insatisfecho o excesivamente perjudicado.

Ortega defendió en su más famosa obra la necesaria corrección de una etapa (socialmente  en claro ascenso fascista) que estaba aupando a la categoría de agentes decisivos a una masa inculta, enfervorizada, no preparada para la toma de postura política. Afortunadamente eran otros tiempos. La educación, la difusión cultural que una sociedad democrática ha propiciado desde la recuperación democrática, han permeado todas las clases sociales actuales. No cabe, por tanto, dejar que la política sea cuestión tan solo de clanes preparados expresamente para ello. La comunidad, la sociedad, debe ser consciente del papel definitivo que juega y no ausentarse de ninguna responsabilidad compartida. Así lo expresa Mark Lilla en su reciente obra, 'El regreso liberal': Cualquier padre o educador que enseñan estas cosas está implicado en el trabajo político: el trabajo de construir ciudadanos. Solo cuando tenemos ciudadanos podemos esperar que se conviertan en liberales. Y solo cuando tengamos ciudadanos liberales podemos esperar poner el país en un camino mejor. Si quieres resistir ante Trump y todo lo que representa, ahí es donde debes empezar.

Dicho queda.