Políticas públicas desde el diálogo

La legislatura del Botànic 2 marca el inicio de un nuevo ciclo político en el que se deberá conjugar la asunción de nuevos retos y objetivos con la culminación de iniciativas políticas que quedaron pendientes en la etapa anterior. Una, sin duda, de las más relevantes es completar el desarrollo de la Ley 18/2018 de 13 de Julio para el Fomento de la Responsabilidad Social, una ley en la que el gobierno autonómico valenciano trabajó para poner las bases de la consolidación de la responsabilidad social como una política transversal de la Administración, y que fue recibida de manera muy positiva por los agentes sociales.

El calendario electoral propició la decisión de no sucumbir a la precipitación en el desarrollo de los reglamentos previstos, sin disponer de tiempo suficiente para aglutinar los consensos necesarios. Ahora, constituido el nuevo Govern, es el momento oportuno para acometer el desafío, de forma que se cumplan las expectativas generadas.

El fomento de la Responsabilidad Social es hoy por hoy una de los instrumentos más efectivos de los que la Administración Pública se puede servir a la hora de generar un verdadero cambio en el modelo económico. Su propia naturaleza se sustenta en la asunción de compromisos orientados a obtener beneficios sociales. El propio concepto de responsabilidad social pone de manifiesto que es compatible el crecimiento empresarial con la mejora social.

Desde el Govern somos conscientes de la responsabilidad que asumimos para hacer efectiva esta ley. Sabemos que la norma afecta directamente al tejido económico de todo nuestro territorio y que de ella depende la capacidad de situar a las empresas valencianas en un punto de excelencia que nos haga ir un paso por delante y asumir el liderazgo de un modelo basado en la sostenibilidad y el empleo de calidad.

Esta ley es el instrumento idóneo para dar cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible, compromiso asumido por el conjunto de la sociedad valenciana. Su desarrollo reglamentario debe realizarse bajo unos patrones y una filosofía que garanticen su correcta aplicación y un buen resultado.

Para que así sea, solo existe un camino: apostar por el diálogo social. Una parte fundamental de dicho desarrollo es la confección de herramientas y procedimientos para la evaluación y verificación de la actividad de las empresas, que les permitirá obtener la calificación adecuada para integrarse en el registro de Entidades Socialmente Responsables. De la inclusión en este registro dependerá el acceso tanto a la contratación pública como a diversos beneficios fiscales y ayudas públicas.

Otro de los desarrollos que se prevé es la incorporación de cláusulas de responsabilidad social en la contratación y en las subvenciones del sector público valenciano; este reglamento definirá la dimensión social y medioambiental de las obras, servicios o suministros a realizar con las administraciones públicas, y afectará a las empresas tanto en la fase de selección de los contratistas, como en la adjudicación y ejecución.

Desde el punto de vista institucional, la Red de Territorios Socialmente Responsables es una red que pone de manifiesto la voluntad de esta ley de conferir protagonismo a los municipios en la definición e integración de las estrategias en esta materia, convirtiéndolos en los principales interlocutores con otras instituciones. La ley también prevé la creación del Consejo de Responsabilidad Social como el órgano colegiado en el que estarán representados tanto los agentes sociales como las administraciones públicas y organizaciones e instituciones reconocidas en este ámbito. Este órgano se ocupará de la promoción y asesoramiento en la programación de todas las políticas que la Generalitat ponga en marcha en materia de responsabilidad social.

En el marco del Consejo se diseñará el Plan Valenciano de Responsabilidad Social, un plan plurianual y coordinado con los planes estatales donde se fijarán los objetivos y actuaciones a llevar a cabo durante su vigencia, tal y como marca la ley. El éxito de una norma de esta naturaleza está directamente relacionado con el grado de compromiso que se logre por parte de todos los agentes implicados, y el Consejo constituye el espacio en el que alcanzar los consensos necesarios.

Desde el Govern queremos aprender de las experiencias existentes y tomar buena nota de ellas. No podemos replicar experiencias en las que la falta de participación ha tenido como resultado un avance tímido en la materia y máxime cuando estamos hablando de un campo fundamental para el desarrollo económico y social de un territorio. Hemos de avanzar de manera que el resultado de nuestro desarrollo reglamentario sea satisfactorio tanto por su contenido como por la forma de acometerlo, para ello necesitamos instrumentos eficaces, fruto de la concertación social.

Es una apuesta firme por situar el diálogo en el centro de las políticas públicas, principio que rige toda la acción del Botànic que, liderado por Ximo Puig, ha hecho de este la piedra angular del funcionamiento interno del Consell y de la acción de gobierno.

Desde esta Secretaria nos hemos marcado como objetivo que en la Comunidad Valenciana seamos pioneros y referentes para toda España en esta materia, fomentando la cooperación y el diálogo social, en la búsqueda de los mayores consensos posibles para que esta legislatura sea también la legislatura de la Responsabilidad Social.

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