Flexibilidad con el Reino Unido, sí; involución del proyecto europeo, no
La reunión del Consejo Europeo de 18 y 19 de este mes es, sin duda, una de las más transcendentales en los últimos años. Se han de tratar dos asuntos que afectarán al proyecto europeo profundamente: la posible salida del Reino Unido de la Unión y la crisis de refugiados y sus implicaciones en principios tan esenciales como la libre circulación de personas.
El Gobierno español, que será representado en Bruselas por el presidente Rajoy, está en funciones, y ya no tiene la confianza del Congreso de los Diputados después de las elecciones del 20 de diciembre. Por esa razón, no está legitimado para adoptar una decisión como la que exigirá la reunión del Consejo Europeo en esos relevantes temas, Brexit y refugiados, sin el acuerdo o consenso con los grupos parlamentarios.
España debiera representar una posición muy crítica hacia el documento que Donald Tusk presenta sobre el Reino Unido.
La presencia del Reino Unido en la Unión es positiva para ambos y hay que intentar que siga compartiendo la mayor parte de las políticas de Bruselas. Creemos que, ante la actitud no excesivamente europeísta que la sociedad y las instituciones británicas poseen y exhiben, hay que ser flexibles e intentar que el referendum que Cameron planteará probablemente este año tenga un resultado favorable a la permanencia del Reino Unido en la Unión.
Pero el documento de Donald Tusk va mucho más allá de lo aceptable: hace una reinterpretación de los Tratados (no formalmente reformados) de tal alcance, que afecta a la propia naturaleza de la Unión, es decir, a aquello que vincula a los 28 países miembros. La propuesta Tusk no solo frena la capacidad de avance de la Unión, sino que significa un retroceso en el proyecto europeo precisamente cuando necesita de un fuerte impulso ante la frágil y delicada situación que vive. Este mensaje que nace del documento Tusk no es asumible y debe ser rechazado por el gobierno español en el Consejo Europeo.
Todo el documento está impregnado de una filosofía alejada de los principios de integración económica y monetaria (sección A, 'Gobernanza económica') y cohesión social (sección B, 'Competitividad'). Pero lo más grave es lo que afecta a las bases políticas y democráticas de la Unión y a la no discriminación entre países y ciudadanos europeos.
Nos referimos en particular a dos de las propuestas que aparecen en el documento en dos apartados: C ('Soberanías') y D ('Prestaciones de la Seguridad Social y Libre Circulación').
La primera es la afirmación que contiene el apartado 1 de la Sección C: “Las referencias … al proceso de creación de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa…no equivalen al objetivo de la integración política… no sirven de base para ampliar el ámbito de aplicación de cualquier disposición de los Tratados…tampoco se pueden utilizar para apoyar una interpretación extensiva de las competencias de la Unión o de los poderes de sus instituciones …no requieren que se atribuyan competencias adicionales a la Unión Europea ni que la Unión Europea deba ejercer sus competencias vigentes, y tampoco establecen que las competencias atribuidas a la Unión no puedan reducirse y devolverse así a los Estados miembros”. Tusk se permite aquí hacer una interpretación restrictiva de un principio fundamental de la UE, la integración progresiva, y que figura en el Art. 1 del TUE, algo que debería cuando menos ser objeto de un extenso debate y reflexión de todos los EM, cuando no de una Convención, pues cambia el sentido del proceso de construcción europea y no solo para RU, del que se dice más adelante que …“no está comprometido a una ulterior integración política en el seno de la UE”, sino que se aplica a todos.
La segunda es la interpretación que se hace del derecho de libre circulación de trabajadores, sin discriminación por razón de nacionalidad, en el apartado D. Concretamente, en el punto 2 cuando dice: “…si resulta necesario por razones imperiosas de interés general, como fomentar la contratación, reducir el desempleo, proteger a trabajadores vulnerables o evitar el riesgo de socavar gravemente la sostenibilidad de los sistemas de seguridad social, la libre circulación de los trabajadores puede limitarse con medidas proporcionales al interés legítimo perseguido”. Esta formulación es tan general y extensiva que podría amparar prácticamente cualquier supuesto, y va mucho más allá de las situaciones excepcionales a las que se refiere después. Debe ser reformulada para que quede claro que solo se trata de este tipo de situaciones, que deben, además, ser debidamente acreditadas. En cuanto a la acreditación de las circunstancias excepcionales, el acuerdo debería incluir alguna cuantificación en términos de déficit de la seguridad social, o de porcentaje de trabajadores comunitarios desempleados, o los parámetros que se determinen, que prevenga la discrecionalidad en el informe de la Comisión y la decisión del Consejo Europeo para evitar tratamientos no justificados.
Finalmente, Reino Unido debe reconocer expresamente, en el documento final, el derecho de los estados miembro de la eurozona a avanzar hacia una mayor unión económica y política, sin intentar obstaculizarla.
En suma, España debe llevar al Consejo Europeo una actitud europeísta y solidaria, que defienda lo que Europa se supone significa una Unión de Estados y pueblos que quieren unirse cada vez más. Aquí está la esencia del proyecto europeo. Su renuncia a ello, incluso a través de una decisión del Consejo Europeo, la más alta instancia política de la Unión, sería un golpe quizá definitivo a las aspiraciones y ambiciones de la iniciativa a la que España se vinculó irreversiblemente hace 30 años. Esto es, por otra parte, lo que el pasado 9 de febrero reafirmaron en Roma los seis países fundadores de la Unión Europea, que está cerca de cumplir 60 años: “continuar el proceso de creación una unión cada vez más cercana entre los pueblos de Europa”. Se trata de una excelente declaración, que está en contradicción con el documento que van a discutir, y quizá aprobar, la semana próxima los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión.
*Firman este artículo: Diego López Garrido, Nicolás Sartorius, Carlos Carnero, Enrique Ayala, Vicente Palacio, Francisco Aldecoa, Juan Moscoso, José Candela y Carlos Closa, miembros del Consejo de Asuntos Europeos de la Fundación Alternativas.
