La escuela en llamas

La movilización educativa supera la estrategia del Consell de Pérez Llorca 

El PP esperaba que la huelga del profesorado derivara en un problema de orden público

La ruptura de la unidad sindical, al aceptar CSIF y ANPE de forma unilateral la subida de 200 euros propuesta por la Conselleria de Educación, debía ser un punto de inflexión. Las diferencias y el desgaste habrían de provocar la desmovilización del profesorado, el fracaso de la huelga indefinida y, en definitiva, la consunción de las reivindicaciones de la educación pública. Paralelamente, como fenómeno subsidiario, la protesta derivaría en un problema de orden público.

Es en ese hipotético escenario de descrédito en el que la consellera Carmen Ortí dio por finalizada la negociación sin acuerdos con el STEPV, CC OO y UGT y en el que el presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, endureció el tono contra los profesores, con las pruebas de acceso a la universidad como elemento de presión. En ese hipotético escenario se han producido los últimos episodios de un conflicto cuyos protagonistas insisten una y otra vez en que no va solo de reclamar una subida de sueldo sino de revertir recortes, conseguir recursos, reforzar las plantillas, modernizar los centros y obtener, en general, un tratamiento digno de la escuela pública.

Sin embargo, la pretensión de una ruptura en el seno del colectivo movilizado quedó frustrada inmediatamente por la votación muy mayoritaria del profesorado para rechazar la propuesta de la conselleria suscrita por sindicatos minoritarios y mantener la huelga. El decaímiento de las protestas tampoco se ha producido. Al contrario, las profesoras y profesores han protagonizado nuevas manifestaciones multitudinarias, mientras los sindicatos docentes exigían al Consell reabrir la negociación específicamente sobre los salarios y sobre el valenciano en la enseñanza para acabar con la huelga.

En lo que se refiere al orden público, el energúmeno con uniforme de policía nacional que agredió a una profesora durante las protestas ante las puertas cerradas del recinto donde se ubica la Conselleria de Educación llevó al máximo la indignación del profesorado y de la ciudadanía en general. Una indignación azuzada por el matonismo de dos sindicatos policiales que se dieron prisa en desafiar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, cuando anunció la decisión de abrir expediente al uniformado. Algunos se apresuraron a señalar también el peligro de que ciertas maniobras de protesta, escraches incluidos, sobrepasaran a los sindicatos convocantes de la huelga, mientras el exconseller de Educación, ahora titular de Hacienda, José Antonio Rovira, soliviantaba a todo el mundo con su mala sombra.

El Defensor del Pueblo preguntó a la Policía por la agresión, dado que el Tribunal Supremo ha establecido límites al uso de la violencia policial. Y la Universitat de València y la Universitat Jaume I expresaronn su apoyo a la docente agredida y pidieron avances en la negociación. Pero en las Corts Valencianes el PP y Vox estudiaban la posibilidad de llevar a la Fiscalía por un delito contra las instituciones del Estado a tres docentes que protestaron en un pleno. Y la alcaldesa de València, María José Catalá, con la excusa de que obstaculizaría la procesión del Corpus, ponía el foco sobre la acampada de maestros instalada en la plaza de la Virgen, cerca del Palau de la Generalitat Valenciana.

El asombroso desconocimiento que lucen los dirigentes del PP sobre el mundo de la educación pública valenciana, que les hace ver al profesorado en huelga como un colectivo ajeno, ha llevado a una estrategia ante la protesta que se ha estrellado repetidamente contra la realidad. La acampada educativa se ha reubicado temporalmente sin problemas para no interferir con la celebración del Corpus. Sus protagonistas explicaron, en un reportaje de Raquel Lavara, que “no para de acercarse gente” a las tiendas de campaña para llevarles agua y alimentos y expresarles su solidaridad.

Sin duda el factor humano es importante en cualquier huelga, pero adquiere un carácter ciudadano y generalizable cuando afecta a un ámbito como la enseñanza, en el que están implicados unos 800.000 estudiantes y sus respectivas familias. Precisamente las familias, no solo han estado apoyando mayoritariamente a las maestras y maestros de sus hijos, que reclaman unas condiciones dignas, sino que han dado un paso adelante, en esta fase del conflicto, al implicarse a través de sus organizaciones en una convocatoria de huelga, el viernes 5 de junio, realizada por la Plataforma en Defensa de l'Ensenyament Públic con el llamamiento a los padres y madres para que no llevaran a sus hijos e hijas a los centros educativos y que fuera el profesorado el que acudiera a los puestos de trabajo. El objetivo era paliar los efectos económicos de los paros sobre los bolsillos de los docentes después de cuatro semanas de resistencia.

La escuela pública está en llamas, aunque las protestas, contra lo que algunos hubieran deseado, no se salgan del marco previsible en una sociedad civilizada. Cuando escribo estas líneas, la consellera ha convocado una nueva reunión de negociación para buscar una salida al conflicto mientras los docentes amenazan con retomar las movilizaciones en septiembre. Un fin de curso tan caliente como las aulas a más de 30 grados.

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