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Mentiras y responsabilidades de un Estado de guerra

Varios yemeníes inspeccionan los restos de un edificio tras un bombardeo de la coalición liderada por Arabia Saudí, en Saná (Yemen).

Juan Peris-Mencheta Barrio

Por obra y gracia de nuestros gobiernos sucesivos, los ciudadanos y ciudadanas de este país nos hallamos cada vez más insertos en un Estado de guerra. Desde que en 2003 nuestras calles (y las europeas y las árabes) se abarrotaran en una serie de movilizaciones en rechazo a la participación del país (de los países) en la guerra de Irak por decisión del trío de las Azores, significadamente integrado por el entonces presidente José María Aznar y su partido, la cantidad de armas exportadas en general desde nuestro país se ha multiplicado por 11: de algo más de 400 millones en 2003 a más de 4600 millones de euros en este año.

Según el informe Tendencias en las transferencias internacionales de armas del Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI), España ocupaba en 2017 la séptima posición en la clasificación de países que mayor número de armas venden, representando un 2,9% del total de exportaciones de armas a nivel mundial. Cada año desde aquellas movilizaciones que batieron récords de activismo popular, nuestra producción de armas ha batido en paralelo nuevos récords anuales, y este año 2018 no se espera algo distinto.

El “No a la guerra” nos sirvió para sacudirnos al gobierno más guerrero de nuestra breve historia democrática y mitigar nuestra implicación en una nueva agresión neocolonial cuyos impactos padece aún hoy todo Oriente Próximo y todo el planeta, pero no sirvió ni mucho menos para acabar con la vocación guerrera de nuestro Estado.

Quienes han dejado que la estructura productiva de nuestro país y buena parte de sus recursos invertidos en I+D+i dedicados a la producción y exportación de armas represente hoy en torno al 0,45% de nuestro producto interior y alrededor del 3% del PIB industrial, y que ocupe a unas 30.000 personas (según datos de la Asociación Española de Tecnologías de Defensa, Aeronáutica y Espacio, TEDAE) le hacen ahora un chantaje a la ciudadanía española lanzado un irresponsable “Pan o paz”.

Un mensaje (a veces explícito, otras implícito) que es en sí mismo una claudicación ante el funcionamiento del capitalismo guerrerista y el triunfo de las lógicas presupuestarias y comerciales promovidas por los complejos militar-industriales de cada país y su red de agentes mercantiles y de corifeos institucionales, lobbísticos y mediáticos.

Un mensaje que es también un reconocimiento de nuestros partidos de gobierno en turno por pensar una estructura productiva y comercial distinta, libre de industrias de muerte, volcada sobre las nuevas tecnologías para uso civil que nuestras sociedades requieren para garantizar un presente y un porvenir posibles y dignos para las generaciones futuras.

Pero es que además, actuando en contra de los preceptos del Derecho internacional humanitario, en contra del espíritu y la letra de la posición común europea en materia de exportaciones armamentísticas desde la UE y de la declaración del Parlamento de 2016, en contra de la resolución 2216 de la ONU (apoyada por España y publicada el mismo año en el que se firmó el contrato de venta de armas a Arabia Saudí) en la que se instaba a los países miembros a “adoptar de inmediato las medidas necesarias para impedir que, de forma directa o indirecta, se suministren, vendan o transfieran” armas a Yemen, y finalmente en contra de la propia ley española 54/2007 sobre control del comercio exterior de material de defensa y doble uso, que prohíbe claramente la venta de armas a países cuando “existan indicios racionales de que se empleen en situaciones de violación de derechos humanos”, el primer cliente de la industria armamentística española es Arabia Saudí.

Un país que lidera una coalición de Estados que, como ha reconocido un Parlamento Europeo (que presidió por cierto alguna vez el actual Ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell) se encuentran asediando Yemen mediante bombardeos sistemáticos y un bloqueo que llevan causadas al menos 17.602 víctimas civiles, según las estimaciones realizadas en agosto por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas. De ellas, 6.592 corresponden a fallecimientos, un tercio de los cuales de niños.

Desde el inicio de la campaña bélica de aplastamiento a la insurgencia hutí, España no sólo ha continuado sus exportaciones a los países aliados de Arabia Saudí de la coalición (Bahrein, Emiratos Árabes Unidos y Egipto) sino que sólo el año pasado, España vendió a la petrocracia dictatorial saudí material bélico por 270,2 millones de euros (lo que representa un 133% más que el en 2016).

Entre estas exportaciones, 90 millones de euros corresponden a exportaciones materializadas de municiones (de las 197 millones de las autorizadas por Defensa), incluyendo la venta de las famosas bombas inteligentes que, a juzgar por las vergonzosas declaraciones de los ministros y ministras del actual gobierno de España y de su propio presidente, discriminan infaliblemente entre blancos militares y civiles.

Estas declaraciones son, además de una ofensa a la inteligencia de los ciudadanos y ciudadanas, una indecencia política que simplemente significa para este gobierno el derretimiento de ese ilusorio y meramente declarativo cambio que prometía respecto de la dirección de las políticas exterior, productiva y comercial de su nefasto antecesor, cuyos compromisos bélicos tanto a nivel bilateral como multilateral siguen a más de 100 días incontestados.

Este aumento progresivo de la participación de las armas en nuestras exportaciones y en nuestro PIB, es tanto más sangrante cuanto que corre paralelo a, por un lado, el indecente aumento del presupuesto para Defensa comprometido por la anterior ministra Cospedal y refrendado por el actual gobierno y, al mismo tiempo, con un congelamiento de los fondos españoles de cooperación y ayuda al desarrollo, incluidos por supuesto aquellos destinados a paliar la catástrofe humanitaria que causas nuestras corbetas y bombas en contextos de guerra o conflictos como el de Yemen.

A decir de quienes nos mantienen y enfangan en su Estado de guerra, nuestras bombas, perfectamente inocuas para los yemeníes y las yemeníes de a pie, se han vendido bajo “estrictas cláusulas” que prohíben su reexportación y uso fuera de Arabia Saudí. El problema para sostener con una mínima credibilidad este argumentario es doble. 

En primer lugar, tal y como han trasladado al gobierno las ONG agrupadas en la campaña Armas bajo control, sencillamente no existen mecanismos que garanticen el fiel cumplimiento de esa cláusula. De hecho, una investigación realizada por la CNN ha revelado esta última semana el concurso de armamento de origen norteamericano en las últimas matanzas civiles por bombardeo ocurridas en Yemen. 

En segundo lugar, la supuesta “inteligencia e inocuidad” de nuestras bombas es simplemente una mentira más, muy parecida, al menos en su rotundidad expresada y en su disonancia respecto de toda evidencia, de aquella que nos enfangó en la agresión internacional contra Irak.

Un análisis pormenorizado realizado por la organización Action on Armed Violence, descargable aquí, revela que las bombas guiadas GBU-10, de diseño norteamericano pero  producidas y exportadas también por España: con un peso de 907 kgs (la mitad del cual correspondiente a explosivo Tritonal) y con un patrón de fragmentación que muestra un “radio letal” (capacidad para ocasionar víctimas en caso de caída en zona habitada) de 360 metros, las bombas inteligentes vendidas en dos fases por PP y PSOE, son las más devastadoras de su familia  (serie Mk-84).

Además, es notorio que la dimensión del impacto causado por estos artefactos está condicionada por una serie de factores de carácter táctico, técnicos y ambientales que pueden afectar tanto a la geolocalización de los blancos (target) militares como a la propia operación y trayectoria efectiva de los proyectiles.

España, en contra de lo que Pedro Sánchez ha declarado en su única rendición de cuentas realizada hasta ahora ante los medios de comunicación, no estará exenta de responsabilidades internacionales, llegado el caso de que vestigios de una de las 400 bombas vendidas o evidencias de cualesquiera otras municiones o ítem bélico de origen español sean encontrados junto a cadáveres civiles, en Yemen o en cualquier contexto de conflicto.

Más allá de las apabullantes e incontestables cifras que he apuntado anteriormente y que caracterizan a nuestro Estado como un creciente Estado de guerra y para la guerra, lo que la evolución de nuestra canasta armamentística de exportaciones implica y traslada a la sociedad y a la comunidad internacional es que nuestro país se está especializando de manera intensiva y creciente en la producción de tecnologías y materiales para que otros países inicien y sostengan actuaciones que, a defecto de contar con los respaldos establecidos por el Derecho internacional, son violaciones del mismo y en las que se han dado y en las que siguen perpetrándose, ante la impotencia de las ciudadanías y de los propios organismos de regulación de la comunidad internacional de Estados, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Nuestro país no puede seguir participando ni de manera directa ni tampoco “a título lucrativo” en la barbarie. No es presentable ni tolerable el falso dilema entre empleo digno y sostenible y el cumplimiento de los derechos humanos y la normativa internacional. A defecto de garantías de fiel cumplimiento de las cláusulas restrictivas impuestas por ley a las exportaciones armamentísticas (con la implementación de mecanismos de comprobación y monitoreo del destino y uso final del armamento exportado), debe aplicarse sobre la aprobación o no de los permisos de exportación de material bélico o de tecnologías de doble uso (civil y militar) el elemental principio de precaución.

Y nosotros como ciudadanas y ciudadanos comprometidos con la paz y los derechos humanos, debemos retomar las calles y exigir al menos cuatro cosas urgentes:

  1. La inmediata revisión pública de todos los contratos suscritos (en ejecución y por ejecutarse);
  2. la respectiva cancelación de aquellos que vulneren o sean susceptibles de contravenir la normativa española e internacional, a la luz de los mecanismos de comprobación y garantías de buen cumplimiento de la normativa;
  3. la protección económica social y laboral inmediata, efectiva y suficiente a los trabajadores y trabajadoras de las industrias armamentísticas y conexas que se vean afectadas por el cumplimiento de esa normativa;  y
  4. la implementación urgente de las reconversiones de nuestra matriz productiva para liberarla de su creciente dependencia respecto de la industria militar y el insoportable chantaje de clientes que violan sistemática e impunemente cada día los derechos humanos. Salir del Estado de guerra es responsabilidad política y penal internacional de este gobierno y este Estado, y responsabilidad moral de nosotros y nosotras, ciudadanos.
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