Hacia la sociedad digital 5G
Los cambios tecnológicos se producen a una velocidad tan vertiginosa que a veces cuesta mantenerse al día de las novedades y reflexionar sobre sus consecuencias. Se habla mucho del 5G, pero probablemente son pocos los que entienden bien las implicaciones, tanto económicas como sociales, de esta quinta generación de redes móviles.
El 5G supone un cambio radical en la conectividad, no sólo de las personas sino sobre todo de las cosas. Más allá de las mejoras en el funcionamiento de las comunicaciones 'clásicas', la mayor velocidad de conexión junto con el descenso notable del retardo que se produce entre la orden y la ejecución de una acción (la llamada latencia) y el incremento exponencial del número de dispositivos que se pueden conectar a la red permitirán la aplicación de la inteligencia artificial a grandes volúmenes de datos, impulsando nuevas capacidades y servicios, como la interacción con y entre los objetos (lo que se conoce como el Internet de las Cosas), la robótica, la digitalización de los procesos industriales (la llamada Industria 4.0), la realidad virtual o la ultra alta definición.
Todo esto permitirá convertir en realidad ideas que hasta hace poco parecían imposibles --como las ciudades conectadas, los coches autónomos o la sanidad personalizada--, con grandes oportunidades de mejora del bienestar y la calidad de vida pero que también exigen una actualización de los marcos normativos y de los códigos empresariales con el fin de asegurar que los nuevos productos y servicios garantizan el respeto de los derechos de nuestras sociedades democráticas.
Es importante que España esté a la cabeza en esta nueva era, no sólo para que nuestras empresas puedan aprovechar todo su potencial y para conseguir reducir la dependencia tecnológica internacional sino también para poder defender con fuerza una sociedad digital basada en nuestros principios y valores, que ponga a las personas en el centro.
La mejor prueba de nuestro profundo compromiso con la digitalización es el avance logrado en estos 18 meses de Gobierno, siguiendo una hoja de ruta clara para la liberación del espectro radioeléctrico necesario para las nuevas funcionalidades y la reconfiguración de los terminales, el impulso del proceso de despliegue de las redes de alta velocidad en todo el territorio nacional, el apoyo decidido de las tecnologías habilitadoras digitales, la creación de un Observatorio Nacional 5G y el apoyo a los proyectos piloto de esta nueva tecnología.
Hasta la fecha, se han lanzado ya dos proyectos piloto, en Galicia y Andalucía, con una dotación total de 36 millones de euros para desarrollar aplicaciones para mejorar la eficiencia de nuestra economía y el bienestar social en ámbitos muy diferentes, como un sistema de acceso biométrico a la estación ferroviaria de Málaga, 'avatares afectivos' para ayudar a los mayores, visitas a monumentos guiadas con realidad virtual, un sistema de escaneo de matrículas para agilizar el embarque de vehículos en el Puerto de Algeciras, supervisión ferroviaria mediante drones en Orense o la visualización virtual interactiva del interior de buques en construcción en los astilleros de Ferrol.
La segunda convocatoria de pilotos 5G impulsada por el Gobierno cerró este martes el plazo de presentación de proyectos. Se han registrado solicitudes para realizar pruebas en ocho comunidades autónomas, lo que contribuirá a la extensión territorial de esta tecnología, facilitando su acceso a zonas menos pobladas.
Además de las acciones en el ámbito nacional, el Gobierno ha impulsado la cooperación internacional, particularmente a nivel europeo. En este sentido, España colabora en iniciativas como la construcción de los llamados 'corredores 5G'. Porque si las fronteras físicas entre los países de la Unión Europea cayeron hace ya más de 20 años, no podemos permitir que se levanten nuevas fronteras invisibles que impidan la circulación por carretera de los coches autónomos por falta de compatibilidad entre los sistemas tecnológicos.
Por ello, estamos intensificando la colaboración con Francia y Portugal con la vista puesta en que en 2025 haya corredores 5G en las principales vías de transporte interfronterizas de nuestro país. De hecho, ya se ha firmado una carta de intenciones con Portugal y pretendemos un acuerdo similar con Francia en los próximos meses.
Finalmente, las redes 5G harán posible la aparición de multitud de modelos de negocio innovadores, de start-ups disruptivas y de nuevas profesiones, que impulsarán nuestro crecimiento económico. Pero su aplicación en ámbitos como los relacionados con la energía, el transporte o los datos personales hacen imprescindible que extrememos al mismo tiempo las precauciones en el ámbito de la ciberseguridad y la protección de los derechos individuales y colectivos. Ello exige una acción decidida, coordinada a nivel europeo, para proteger la seguridad de las redes y servicios, garantizando un desarrollo tecnológico que no deja a nadie atrás.
La protección de los ciudadanos en el ámbito digital es el objetivo que ha guiado iniciativas legislativas como la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Derechos Digitales y el recientemente convalidado Real Decreto-Ley por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones, así como la puesta en marcha del Digital Future Society, un foro de reflexión y propuesta para una digitalización humanista.
Nuestro punto de partida en esta revolución tecnológica es muy positivo: España cuenta con el mayor despliegue de fibra óptica de Europa, imprescindible para soportar el desarrollo de las redes 5G; los operadores de telecomunicaciones están comprometidos ya con despliegues comerciales y existe un fuerte apoyo a la I+D+i, con el mayor número de proyectos piloto en marcha en la UE. Empresas españolas, grandes y pequeñas, son referencia a nivel mundial en sectores tractores y hay un fuerte compromiso público.
Es importante seguir impulsando este proceso. Para que toda nuestra sociedad aproveche las ventajas de la digitalización. Para poner las bases de un crecimiento más sostenible y justo.
