Una guerra con los ciudadanos como rehenes

Por fin, la Comunidad de Madrid se encuentra en estado de alarma aprobado por el Gobierno en un Consejo de Ministros extraordinario para proteger la salud pública, argumenta. Como era exigible ante la extensión del coronavirus y la inacción efectiva de Madrid. Díaz Ayuso vuelve prácticamente al punto de partida y sigue empecinada en restringir solo los movimientos por áreas sanitarias que coinciden casi exclusivamente con los barrios de menor poder adquisitivo entre los más afectados por los contagios. El Gobierno ha dado la respuesta adecuada al actuar con firmeza y cerrar Madrid capital (además de otras 8 ciudades de la Comunidad) aunque hubiera sido mejor hacerlo antes: lo primero es la salud de los ciudadanos. Sería exigible que obrara con la misma contundencia ante las amenazas que extienden la inquietud por el estado de nuestra democracia.

No perdamos el foco: Madrid es solo la excusa. Es la única comunidad que pugna con el Gobierno rechazando las medidas para detener la pandemia, cuando es la que registra más casos... de Europa. No plantean problemas en otros territorios gobernados incluso por el Partido Popular o el acuerdo de la triple derecha. Madrid es la trinchera desde la que el PP y cuanto representa quiere derribar al Gobierno progresista. Ése es el objetivo que explicaría el demencial comportamiento al que asistimos los habitantes de esta comunidad, tomados como rehenes en esta guerra que nos deja a un lado y recrudece sus asaltos de día en día. Cada cual tiene su papel en la confrontación: desde la política a un parte sustancial de la judicatura, pasando por los medios que ejercen la desinformación. Pero lo peor, insistimos, es haber hecho a los ciudadanos, su salud y su vida, moneda de cambio de sus intereses.

Hay una parte delirante que ejerce Ayuso con ayuda de los consejeros de su gobierno cambiando de opinión de forma desorbitada. Solo en esta semana, recurrió el cierre perimetral de Madrid para pedir a los ciudadanos que no salieran de sus límites, una vez que el Tribunal de Justicia de Madrid tumbó la orden ministerial por la forma en la que fue presentada. El de Castilla-León ha autorizado los cierres de Palencia, León y San Andrés de Rabanedo, con el mismo decreto. Tras el anuncio de un estado de alarma para Madrid, Ayuso dilata la respuesta y vuelve a su postura inicial. Todo esto venía de atrás, desde que ella misma lanzó a los cayetanos con sus cacerolas contra el Gobierno. Dicen que es una gestión suicida, podría decirse que en términos puramente legales se parece más a una forma de homicidio. Los ejecutores no son los que sufren los daños, los infieren. 

La búsqueda de viajes desde Madrid para el puente del Pilar que comienza, había aumentado ya. Volvemos al principio, a aquella primera semana de marzo cuando la suspensión de las clases en Madrid lanzó a los estudiantes a sus lugares de origen y a múltiples viajeros a sus segundas residencias, a las playas que lucían atestadas en sus terrazas. Soria, por ejemplo, ha pedido que se cierre Madrid por temor a la llegada de viajeros con este origen.

Cansa ya repetir, sin que produzca reacción alguna, la decidida apuesta de Ayuso y sus colaboradores por “la economía” a costa de la salud, en la teoría de que el tráfico produce accidentes y no se prohíben los coches. Y que se plasmó de forma trágica en las residencias de ancianos. Pero, repito, Madrid es solo la excusa para sembrar un caos que propicie un cambio a su favor en La Moncloa. Mientras, el coronavirus vuelve a enfermar y a matar. A paralizar la actividad. Salvar el verano nos ha costado, además, un tremendo palo a los negocios que más querían preservar –turismo, restauración, ropa-, precisamente. Porque esto no funciona así tampoco.  

Lo importante para los ciudadanos es -debería ser aunque a la vista de algunas de sus decisiones se dude- la salud. Y su atención sigue sufriendo graves carencias que no remedia ninguna orden administrativa. Parece ser un tema secundario en esa batalla que se libra por el poder. Fuera de las urnas. Recordemos que, en apenas cuatro años que deberían corresponder a un solo mandato, se han celebrado en España cuatro elecciones generales y todas las ha perdido la derecha. Creció en ese caldo la más ultra.

Con los papeles bien repartidos, se trabaja en el objetivo concienzudamente. La justicia, atrincherada en el Consejo General del Poder Judicial caducado desde hace dos años, que el PP se niega a renovar porque le favorece ideológicamente desde que fue nombrado con la mayoría de Mariano Rajoy. Un CGPJ que, sin inmutarse, realiza nombramientos que anticipan carambolas exactas. El “caso García Castellón” contra Pablo Iglesias, con todas sus irregularidades, desembocaría en las manos de un Tribunal Supremo con titulares recién nombrados y sus ideologías bien definidas. Escribe el abogado Gonzalo Boye en ElNacional.cat: “Nos enfrentamos a un problema tanto o más grave que la sublevación de unas cuantas unidades militares. Es más grave porque es más profundo, pero, sobre todo, porque a los tanques, que hacen mucho ruido, se les ve venir de lejos”. Al parecer, aunque muchos estemos muy alarmados, el grueso de la sociedad no percibe esos movimientos.

El brazo mediático, por su parte, actúa con enorme solidez. Es Sánchez quién mantiene el pulso y presiona a ese Madrid de Ayuso ansioso de la libertad… ¿de contagiar el coronavirus? Hablan de amenazas que no son a la salud de las personas que no citan como variable a valorar en esta guerra. Por supuesto, lo unen a Pablo Iglesias que “planta cara a la justicia”. Caos en el Ejecutivo (de España) repiten. Destacando en imagen a ese prodigio de la sensatez y la eficacia que es Isabel Díaz-Ayuso, en su propaganda. Hace falta tener muy perdida la brújula para semejante elección, por otro lado, cuya realidad está a la vista de todos. Resulta agotador. TVE remata faena al llevar en este viernes de alta tensión a la ultraderechista Rocío Monasterio a la entrevista principal de su programa de la mañana.

El Gobierno tiene que ser consciente de la magnitud del ataque ultra y obrar con la misma contundencia que lo ha hecho con la salud en Madrid. Esas cúpulas de lengua venenosa no se limitan a hablar. Y todo el clan no deja de hacerlo. Martínez Almeida, alcalde de Madrid, o Ana Pastor Julián se han quitado hasta la careta de moderados con la que engañaban a muchos. Abascal, el socio indispensable, se propugna para lanzar la caballería y toda la variedad equina en la contienda. Osan quejarse del autoritarismo del Gobierno. Ése que está en el ADN de esta derecha española.

Este gobierno tiene toda la legitimidad y toda la capacidad para ejercer su función democrática como lo ha hecho con el estado de alarma. Ha de actuar en defensa de la ciudadanía, con leyes, cerrando el grifo de las subvenciones públicas a quienes no cumplen la función por la que se les otorgan, con racionalidad, con estricta justicia. Difícilmente puede recibir insultos más duros de la oposición conservadora, ni de las hordas que maneja en redes. Ni puede sufrir mayor manipulación partidista de algunos medios que interpretan la libertad de expresión, como libertad de mentir y difamar. El Gobierno anuncia leyes para acabar con la anomalía democrática de impedir la renovación del Poder Judicial. RTVE es otra disfunción en la que se han hecho nombramientos discrecionales y que admite cambios ya. Un gobierno progresista no puede eludir lanzarse con mano firme a ceses y nombramientos en los órganos fundamentales en los servicios más sensibles. Ha de atajarse el ruido de sables.

Es imperioso dar prioridad a la salvaguarda de las libertades fundamentales, porque algunas están en peligro. La primera es a la vida, y a la salud. Por encima de todas. Y no se admite ya la menor tibieza.