Pero ¿cómo va a haber jueces corruptos?
Muchos jueces son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia
El intento in extremis de los fiscales Anticorrupción Grinda y Rosa para revertir el desastre producido en Benidorm por el “olvido” de la prórroga para la Instrucción del mayor caso contra la mafia rusa en una década se ha estrellado contra la realidad. La Audiencia de Alicante les ha contestado con una sucinta providencia que no ha tenido lugar porque el auto de sobreseimiento de la jueza de Benidorm, Elena Zabalza, no admite recurso. A ellos se lo dicen, que tampoco se acordaron de solicitar dicha prórroga y recordárselo así a la despistada magistrada. Todos los imputados -rusos, policías, guardias civiles, concejales del PP- son considerados a partir de ahora a efectos judiciales como absueltos, es decir, que no sólo no se procede contra ellos, sino que no se podrá hacer por estos mismos motivos nunca.
Ante este oscuro episodio judicial, que les explicaba la semana pasada, quedan abiertas todas las incógnitas que no sabemos aún si alguna instancia va a intentar aclarar. Creo que se ha levantado ya el muro corporativo de protección de emergencia. Llevo dándome contra él una semana. Ninguna mente jurídica puede aceptar sin más que la jueza cometió un “error” y que se olvidó de prorrogar la causa probablemente de más importancia que haya llevado en su carrera. “Puede pasar cuando tienes una excesiva carga de trabajo”, repiten muchos jueces, pero en este caso es como si a tu cena de cumple acude Scarlett Johannson y luego dices que se te había olvidado que estuvo “porque había mucha gente”. ¡Que es Scarlett, coño! Pues lo mismo con una macro causa contra la mafia rusa de este calibre. Si es una falta de profesionalidad de este tenor, el CGPJ, a través de Ricardo Conde, debe iniciar una inspección o expediente de oficio. Existiendo el artículo 449 del Código Penal: “en la misma pena incurrirá el juez, magistrado o secretario judicial culpable de retardo malicioso en la Administración de Justicia. Se entenderá por malicioso el retardo provocado para conseguir cualquier finalidad ilegítima”, también se tiene la vía para investigar si hubo dolo en esa mala memoria.
Pero es que hay más. En mi columna de la semana pasada yo me negaba a aceptar de forma acrítica el supuesto del error sin más averiguación. Mencioné que cabía la posibilidad del miedo y también la de la corrupción. Pues bien, de forma al parecer totalmente casual, a los pocos días al colega Alejandro Requeijo, de El Confidencial, le llegaba una exclusiva sobre la existencia de un informe de la Udyco, entregado también a Anticorrupción, en el que se especifican las posibles conexiones de otra jueza de Benidorm, Mariluz Jiménez Zafrilla, con integrantes de esa mafia rusa que ahora se va de rositas. Según estas informaciones, la Policía tiene grabaciones -procedentes de las intervenciones telefónicas- en las que se habla de entregar droga, dinero, viajes y hasta de relaciones íntimas con esa jueza de la que llegan a decir los investigadores que hay indicios de que alertó a varios de los miembros de la trama de las detenciones que en 2020 iba a ordenar el juzgado de su compañera Elena Zabalza.
Nada sabríamos de esto si no fuera por la fuente de Requeijo, porque este asunto no ha sido llevado ante el juez por Anticorrupción ni por la Policía, al menos de momento. La magistrada Jiménez Zafrilla, que llevaba media vida en Benidorm y que tiene mucha antigüedad en la carrera, concursó hace como un año a un plaza en la Audiencia Provincial de Madrid y la ganó. Ahí está la magistrada, juzgando en la Sección Primera, y sin que sus superiores gubernativos tuvieran la más mínima idea de ninguna de las graves acusaciones que, al parecer, obran en poder de Fiscalía y de la Udyco. Algunos de sus compañeros en la Audiencia refieren que es “una mujer rara” y que, de alguna manera, tienen la sensación de que llegó desde Benidorm “pasando página de algo personal, puede que de un divorcio complicado”. No sé de qué pasaba página, pero podemos intuirlo y sí creo que se puede exigir que, o bien las sospechas sobre ella se judicialicen para que pueda defenderse y para que se investigue lo sucedido -pudiera ser, incluso, que los miembros de la mafia hayan tratado de implicarla espuriamente sabiendo que eran grabados--, o bien se deje claro que está exenta de sospecha. Todo menos colocar el muro protector contra el que uno choca cada vez que se produce un hecho sospechoso en torno a un juez o a un fiscal. Entenderán que ahora aun es más imprescindible averiguar qué ha pasado con el “error” de su compañera del juzgado de al lado con la misma trama rusa. De pasada les digo que el policía que llevaba a tirar a comisaría al ruso Shirokov, uno de los que han quedado exonerados, salió también de Benidorm y ahora es jefe superior de Policía de Aragón. Pasando página, que es gerundio.
Luego están las necesarias aclaraciones respecto a la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, tan hermética para unas cosas y tan agujereada como un gruyère cuando le interesa filtrar otras. No sabemos por qué los fiscales Grinda y Rosa, conociendo el lodazal que hay en Benidorm y la peligrosidad y dificultad de la trama, no la judicializaron con argumentos en la Audiencia Nacional. No sabemos por qué los fiscales Grinda y Rosa no tuvieron la precaución de instar a finales de 2021 la prórroga de la instrucción a la jueza Zabalza. No sabemos por qué no han judicializado las cuestiones que atañen a la jueza Jiménez Zafrilla. Sólo sabemos que han intentado a última hora que la Audiencia de Alicante arreglara el entuerto, pero que esta se ha aferrado a la ley y la jurisprudencia para decirles que no había opción. En la Fiscalía de nuevo se alza ese muro invisible tan fácil de percibir.
Pero es que no puede quedar así.
Esto es un bucle inaceptable. El manto de la honorabilidad preestablecida no puede cubrirlo todo. Hasta los más virtuosos precisan de límites, decía Montesquieu. Ese argumento maldito: “será otra cosa, mujer, en España no hay muchos casos de jueces o fiscales corruptos”. ¿Y por qué lo sabemos? Porque, te esgrimen, hay poquísimas condenas (Estevill, Urquía…), pero a la vista de las dificultades ¿hay pocas condenas porque hay pocas investigaciones? ¿Hay pocas condenas porque ese muro invisible funciona con una precisión pasmosa? ¿De verdad hay pocas condenas porque no hay corrupción judicial?
Miren, hay un par de problemas innegables. Uno de ellos es la charca estanca de crimen organizado que se ha asentado impunemente en nuestro país. Lugares como Algeciras, la Costa del Sol, Benidorm y otros son un repositorio de mafias. Destinos que no quiere casi nadie sobrecargados de trabajo. Jueces que van forzados con sus familias y sin ninguna protección ni medios a vérselas con lo más peligroso del crimen mundial. ¿Alguien hace algo? O legislan y remiten esos casos lejos del territorio en el que se producen, o sea, a la Audiencia Nacional, que anda floja de trabajo, o protegen a esos jueces y los blindan frente a tan poderosos enemigos. El segundo problema son las tasadas causas para que un juez incurra en sanción. Son sólo las que están enumeradas, son antiguas y pacatas y no admiten la ampliación por analogía. Que un juez consuma drogas no es causa de sanción en sí mismo, por ejemplo. ¿Saben el poder que podrían tener sobre él quienes se la suministraran? Ha llegado el momento de revisar las causas disciplinarias de la carrera judicial, y las de recusación y abstención, para que permitan hacer frente a los riesgos del siglo XXI.
Por último, tengan en cuenta que existe la posibilidad de que se levanten infundios injustamente contra un juez o un fiscal o que se maniobre contra ellos para presionarles o para quitarles de en medio. Eso es cierto y puede suceder. Lo que no es de recibo es que ese riesgo sirva para construir un muro corporativo de protección de emergencia, como es tradicional ir haciendo. Esa omertá respecto al compañero por si algún día me pasa a mí emponzoña el Estado de derecho.
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