Imperium in imperio

“Yo he visto cosas que vosotros no creeríais”

Roy Batty en 'Blade Runner'

Una de las cosas que en un momento de mi carrera profesional me hizo pasar de la información a otros géneros periodísticos, como el análisis o la opinión, fue mi incapacidad sobrevenida para escuchar y transcribir aberraciones sin poder poner contra las cuerdas de la contradicción a la fuente que en ese momento me intentaba colar una mercancía averiada. Estos días he vuelto a sentir la misma indignación cuando he leído y escuchado a diferentes integrantes del Estado profundo, de aquello que los romanos llamaban el imperium in imperio, desgranando argumentos, quejas o directamente falacias que chocan profundamente con cualquier idea de un Estado democrático que uno anide en su interior. Cosas que no querría creer pero que son la muestra palmaria de que el Estado profundo está crujiendo y ha decidido emerger a la superficie. Algo se mueve, algo está cambiando. No me parece que sea el vicepresidente del Gobierno el que se embrolle a contar estas cosas, aunque yo voy a hacerlo, pero entiendo la acidez que le refluye cuando los estómagos del Estado profundo regurgitan a cielo abierto su bilis, no siempre aceptable en una sana democracia.

Desayunar leyendo testimonios de miembros de una Policía con carácter semi militar afirmar que cuando llega un director general los generales le dejan inaugurar cosas y hacer discursos “pero al mismo tiempo le dejan muy claro que aquí no manda” es un sapo antidemocrático difícil de tragar. Pensar que existe un cuerpo que aún no entiende que es el poder político, emanado del Parlamento, el que debe tener la dirección de un cuerpo como la Guardia Civil no es que estomague, es que alarma. Estos mismos testimonios consideran “indecente” que un ministro se tome la atribución de hacer los nombramientos que le competen si no respeta unas reglas propias de la cúpula de generales que denominan “cultura institucional”, pero que no están en ninguna ley ni son por tanto la ley. Los que dicen que en el Consejo Superior de la Guardia Civil dejan hablar al director general “y luego ellos deciden por detrás sus cosas, como los ascensos” y nos muestran que el escándalo real es este.

La oscuridad de la puerta de Tannhäuser no se ha cerrado en toda la semana. Hemos visto por primera vez a todas las asociaciones existentes dentro de la Benemérita sentadas con el jefe de la oposición. Lo que algunos consideran histórico obliga a plantearse si es que jamás otro jefe de partido osó sentarse con tales representantes “para analizar la grave crisis” derivada de una decisión perfectamente legítima del Gobierno. Cruje el deep state y se oye. El colmo de este despropósito es comprobar que los oficiales de la Guardia Civil, a través de su asociación, han solicitado al juzgado de Medel personarse como acusación popular contra el delegado del Gobierno de Madrid, bajo cuyo mando están muchos de ellos porque, recuerden, señores, son los civiles que emanan del pueblo los que mandan y no me voy a cansar de repetirlo.

No han sido los únicos. El caso contra Sánchez –que no el caso del 8M, porque no hay ningún caso en torno a la decisión del movimiento feminista de manifestarse– está dejando en evidencia el poso no solo conservador sino intolerante con la alternancia en el gobierno, a la que oponen resistencia aparentando una neutralidad funcionarial que están lejos de poseer. Eso le sucede también a la APM, la asociación más conservadora de la judicatura y también justamente la más numerosa, que con una chulería manifiesta ha salido a “recordarle” al ministro Marlaska, uno di noi, la ley. Es uno de los suyos al que no consideran con más méritos que ellos mismos y, por tanto, se refieren a sus decisiones en un tono inquietante. No es eso lo peor.

Lo peor es que para eso utilizan también ese alejamiento desdeñoso de la verdad que parece inaudito en la judicatura. En un comunicado le reprochan a un ministro del Gobierno, primer poder del Estado, que releve a un cargo de libre designación porque, dicen, la ley afirma que “los funcionarios de policía judicial no podrán ser removidos ni apartados de la investigación que se les hubiere encomendado hasta que finalice”. Olvidan, adrede, supongo, que a Pérez de los Cobos, ilustrísimo coronel jefe de la Comandancia de Madrid, en tal puestazo ya no se le encargan investigaciones desde Plaza de Castilla. A pesar de que la juez Rodríguez-Medel los prefirió al Cuerpo Nacional de Policía que es competente en Madrid capital –tal vez por esa querencia familiar que la puso en las quinielas para que al final Marlaska nombrara a otra–, no ha podido sin duda darse el lujo de que le hiciera las diligencias el propio coronel sino un modesto capitán que firma con su TIP el informe. Es obvio que el artículo citado se refiere a ese capitán y no al jefe de la Comandancia. Si las cosas fueran como dicen los magistrados conservadores, un coronel jefe no podría ser cesado jamás, pues siempre habrá equipos de sus subordinados ejerciendo tareas de policía judicial.

Los jueces conservadores han cerrado filas con su asociada, sin realizar ninguna crítica a la extraña prisa que la ha llevado a instruir sola durante el cese de actividad no urgente del decreto de alarma, dejando en indefensión a José Manuel Franco. Finalmente, ha cambiado la fecha insólitamente temprana que fijó para tomarle declaración, justo al día siguiente de reiniciarse la Justicia. Pareciera que tiene entre las manos la causa que más celeridad precisa de todo el panorama judicial y quizá lo sea para algunos pero no por causas objetivas y jurídicas.

En las crujías del Estado, los altos funcionarios, los “cuerpos de élite” o la “aristocracia del Derecho”, como gustan denominarse a ellos mismos, están que trinan pero no por amor a la verdad. La Abogacía del Estado ha lanzado a sus gargantas profundas a contar a la prensa que se sienten “utilizados e instrumentalizados” por el Gobierno “que les utiliza para defenderse”. Aquí también me sale la que no traga, la que les contesta descarada: “¡Oiga! ¿Y no será que es lo que son en este procedimiento?”. Así es procesalmente. La Abogacía del Estado ejerce, con todas las de la ley, la defensa del delegado del Gobierno en Madrid, es decir, este no tiene un abogado de un bufete privado sino un abogado del Estado. Si defienden a Franco y sus derechos, ¿qué pueden hacer sino alegar jurídicamente las vulneraciones que la juez hubiera podido cometer? Defender a tu cliente es lo mismo seas abogado del Estado o de Garrigues. Pero crujen y ponen a caldo a su jefa y vuelven a darle al torno con el famoso cese de Bal “por el procès”, aceptando para ello unas premisas ideológicas determinadas, pues Bal fue cesado no para obligarle a rebajar la acusación, sino cuando se descubrió que acusaba por un delito como la rebelión que ni el Gobierno Rajoy le había encargado.

Pero no importa. Nada importa. Todos giran en torno a un relato falso que pretende, por ejemplo, que un forense de Plaza de Castilla, con formación de psiquiatra, va a darles el pie científico para desmontar a los epidemiólogos. Todos aplauden la idea de que la actuación política ante la catástrofe puede analizarse desde el derecho penal y no desde la responsabilidad política. Todos confunden todo y apuntalan la idea de que el hombre de Sánchez en Madrid es responsable por autorizar una manifestación que odian por su significado político. Lo hacen sabiendo que lo que hizo Franco fue no cercenar el derecho de manifestación cuando no había siquiera víctimas y obviando que la Justicia lo consagró en pleno estado de alarma y con miles de ellas.

Esto no va de hacer justicia ni de honor ni de servicio. Esto va de contribuir a hacer caer a un Gobierno cuando ni las urnas ni los números parlamentarios ni la Constitución te lo permiten.

El imperio dentro del imperio.