¿Merece la pena, majestad?

Resulta cuanto menos chocante que la Fiscalía se ande planteando ya el archivo de las tres investigaciones abiertas contra el rey emérito cuando Hacienda aún no ha dado por válidas, veraces e íntegras las dos regularizaciones fiscales de Juan Carlos, por un intrigante y escandaloso montante total de cinco millones de euros; por no hablar del mágico origen del dinero entregado. 

Lo chocante es que se utilicen precisamente esas regularizaciones como causa jurídica para el inminente archivo, supuestamente reforzada por la inviolabilidad constitucional que ampara al emérito y la presunta prescripción de los supuestos delitos. Dos razones que refuerzan más bien poco pues también parecen abiertamente discutibles, dado que aún se ignora el resultado final de las investigaciones que se están llevando a cabo en Suiza y, por tanto, se desconoce aún con exactitud y certeza de qué periodo de tiempo estamos hablando y cuándo y cuántos actos presuntamente delictivos se pueden haber perpetrado. 

La inviolabilidad cesa con la abdicación para todo lo hecho desde ese momento. La prescripción no se debiera calcular así, a ojo. Se trata de una herramienta compleja que requiere pausa, información y detalle. La premura de la Fiscalía se entiende mejor como parte de un esfuerzo de atención al cliente realmente muy personalizado. Un servicio a la carta que ya habría comenzado tiempo atrás, cuando se informó a su majestad de que se le estaba investigando y, casualmente, se comunicó de tal manera que no impidiese la eficacia jurídica de las regularizaciones posteriores acometidas por el emérito.

No menos llamativo se antoja que se asocie a este archivo exprés la vuelta del monarca a España como si fuera algo natural, casi debido y por supuesto obligado; como si se tratase de una consecuencia lógica, un mérito al cual ahora debiéramos corresponder haciendo una colecta y regalándole un reloj de oro, como se hace con los empleados que se lo han ganado tras décadas de buen servicio y lealtad. 

Que desde Moncloa se filtre que ya se trabaja en la posibilidad del regreso con la Casa Real tampoco sorprende. Hace tiempo que se ha renunciado a convertir el despeñamiento real, provocado exclusivamente por la codicia del anterior monarca, en una oportunidad para tratar de traer la monarquía al siglo XXI, con un rediseño de la institución que la someta a los mismos principios y controles que el resto de las instituciones de nuestra democracia. En su lugar, se ha optado por el vasallaje. Lo que diga el monarca, cuando diga el monarca; que no es infalible como el Papa, pero está muy preparado.

Las instituciones no son perfectamente elásticas. Su resistencia tiene un límite y quiebran cuando se sobrepasa; normalmente de manera abrupta. En el caso de España, caminamos en ese límite hace tiempo no ya siquiera para proteger a la institución monárquica, que podría tener un pase, sino para algo mucho más inútil y absurdo: retrasar la urgencia de afrontar los cambios que no le quedará más remedio que asumir. 

La Fiscalía puede archivar cuanto quiera. Suiza sigue investigando, la “amiga especial” va a cantar la Traviata cuando vea su cuello apretado por la Justicia inglesa y continuarán saliendo más papeles del derribo global de los paraísos fiscales. No existe cortafuegos que pueda apagar este incendio ni tierra suficiente para enterrarlo. La verdadera pregunta es si merece la pena seguir quemando la legitimidad y la credibilidad de tantas de nuestras instituciones en una causa perdida.