Cuando la verdad no importa

En el Congreso, el tiempo, dejó escrito Julio Camba en Diario de un escéptico, es una cosa abundante, que siempre sobra y nunca se sabe en qué emplear. Protestaba a menudo el popular cronista contra la imposición de la oratoria agresiva frente al parlamentarismo claro y reposado de aquellos diputados que se levantaban del escaño modestamente y comenzaban a hablar poco a poco “sin indignarse jamás, sin descomponerse nunca, sin abandonar la sonrisa ni perder la intención”. La única oratoria, defendía, que tiene razón de ser, ya que “ninguna verdad hay en el mundo que merezca la pena decirse a gritos”.

Si Camba levantara la cabeza comprobaría que en estos tiempos el Parlamento no es un recinto en el que todo se pueda decir a media voz. Apenas hay representaciones de alta política con protagonistas de ideas claras y pulso firme pero de sentido común, que ayude a configurar una realidad política y social mejor que la que hasta ahora, entre todos, hemos engendrado. 

Todos somos parte –unos más que otros– de esas contiendas político-parlamentarias que azuzan algunos medios sin detenerse a pensar hasta cuándo serán capaces de soportar tanta falta de rigor, tanta indignidad y tanto festival de la mentira y la manipulación. 

Prepárense para otra semana de alaridos con esta que entra y en la que se debaten siete enmiendas a la totalidad de los Presupuestos redactados por el Gobierno para el año 2022. El PP ya ha dicho que no descarta que en la negociación presupuestaria entre Pedro Sánchez y Bildu esté sobre la mesa la excarcelación de etarras. Insinúa que algo queda.

Los presos, tampoco los reclusos de ETA, no pueden salir de prisión porque lo decida un Gobierno. Son los jueces, y no los ministros, los únicos competentes para pedir la puesta en libertad de los internos. La excarcelación es un acto jurisdiccional y las decisiones de la administración penitenciaria son susceptibles de ser controladas por los tribunales, pero la derecha político mediática insiste en difundir lo contrario.

Según datos del Ministerio del Interior, el 20 de octubre de 2011, día en que ETA anunció el cese definitivo de su actividad terrorista, había 559 reclusos de la banda terrorista en España. El 3 de mayo de 2018, el día antes de que la organización hiciera público el comunicado de su disolución, la cifra había descendido a 242, por lo que a tenor de la falaz doctrina que hoy utilizan los de Casado, se podría decir –y no se dice– que el PP habría excarcelado sin más a 317 etarras puesto que en aquellos años gobernaba Mariano Rajoy.

Lejos de utilizar los datos o la literalidad de la ley penitenciaria para repreguntar a los populares cada vez que acusan al gobierno actual de pactar presos por presupuestos, hay medios y comentaristas que se recrean en el titular y lo asumen como propio. Sin recordar tampoco, claro, que en 2003 hubo una sentencia del Tribunal de Estrasburgo que derogó la llamada “doctrina Parot” que había prorrogado hasta entonces la estancia en prisión de muchos etarras y que supuso la excarcelación anticipada de 54 de ellos. Que la realidad no te estropee una estrategia de difamación.

Casado también ha dicho que Sánchez volverá este año a pactar unos presupuestos “con los socios más radicales que ha habido en España y en la UE”. Debe ser que el presidente del PP entiende por moderación las críticas de la ultraderecha europea a las políticas migratorias, el cuestionamiento de la Unión Europea, el rechazo a la globalización en favor de un mayor proteccionismo económico y la virulencia con la que atacan al feminismo y las políticas LGTBI. Y debe ser también que el húngaro Viktor Orbán, con su defensa acérrima de la identidad nacional y su postura contra la inmigración, o el polaco Andrzej Duda con su exacerbado antieuropeismo, son mucho más fiables que las opciones políticas que representan Unidas Podemos, el PNV, ERC o incluso Bildu, de quien, por cierto, Javier Maroto siendo alcalde de Vitoria dijo que no le temblaban las piernas para llegar a acuerdos con ellos y que el verbo excluir no estaba en su agenda.

“La legislatura está en vía muerta y ya no son capaces de resolver ningún problema” es otra de las frases memorables que el líder del PP ha regalado al respetable, a sabiendas de que Sánchez, con la aprobación más que segura de estas cuentas públicas, tiene los apoyos necesarios para acabar el mandato. El presidente del PP es tan capaz de sostener que el Gobierno “prepara una subida masiva de impuestos” (aunque lo novedoso de estas cuentas sea un mínimo en Sociedades del 15% para las grandes empresas) como que la Ley de Vivienda es un ataque a la propiedad privada blindada en la Constitución.

Cuando la verdad no importa, todo vale. También la sobreactuación, la mentira, los gritos, la escenificación de la derecha e incluso que haya medios de comunicación que compren los mensajes de oratoria agresiva y de titular a toda página sin cuestionar siquiera si son o no verdad. Sobra tiempo y falta sentido común. Entre todos nos está quedando un país de mierda.